La consejera de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, Elena de la Cruz, se ha desplazado hoy a Bruselas para sostener sendas reuniones de carácter técnico con distintos responsables europeos en materias de competencia de la Consejería a fin de ahondar en las posibilidades de financiación a través de las diferentes líneas de ayuda continentales y para establecer líneas de contacto con la Comisión.
La consejera ha aprovechado la visita para entrevistarse con responsables técnicos de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, haciendo entrega de un documento que sintetiza los principales problemas que la nueva planificación hidrológica del Gobierno de Mariano Rajoy introduce en las cuencas de los cuatro principales ríos que atraviesan Castilla-La Mancha: Tajo, Júcar, Segura y Guadiana.
El informe revela la fuerte hipoteca que la presión demográfica y socioeconómica desde las regiones levantinas está suponiendo en las tres primeras cuencas y ha explicado ante los responsables de aguas de la Comisión las razones que han llevado al Gobierno regional a interponer recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Supremo. La consejera ha anunciado tras la reunión que el Gobierno regional llevará a cabo acciones en el seno del Parlamento Europeo tendentes a averiguar definitivamente si se cumple o no la Directiva Marco del Agua (DMA) en el Tajo ante la sospecha de que los datos remitidos desde el Gobierno de España en la aprobación del Segundo Ciclo de Planificación Hidrológica podrían no ser rigurosos, ya que no existen medidores de aforo en puntos tan significativos del río como en Talavera de la Reina.
La consejera considera que el hecho de que se esté vulnerando con los nuevos planes hidrológicos el derecho comunitario, y en particular la Directiva Marco del Agua, es un motivo de peso para trasladar a la Comisión la necesidad de reducir drásticamente la presión que el Trasvase Tajo-Segura está introduciendo en la cabecera del Tajo y en la degradación que sufre en su tramo medio. El futuro del Júcar, un río deficitario pero con excedentes declarados para trasvasar debido a la nueva distribución de recursos dentro de la demarcación, la situación del convenio de Alarcón o los problemas de acceso al agua a los que se enfrentan los regantes del Sureste de Albacete son otras de las cuestiones que la consejera ha expuesto en Bruselas.
También ha hecho partícipes a sus interlocutores europeos de la lentitud en el ritmo del despliegue de la desalación en España, una tecnología que está llamada a reducir considerablemente la explotación del Tajo desde la cuenca receptora. Según los datos elaborados desde la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha que figuran en el informe entregado hoy en Bruselas, España contaba en 2015 con un potencial de 332 hectómetros cúbicos mediante las 13 plantas desalinizadoras situadas en las costas de Alicante y Murcia pero únicamente produjo 158 hectómetros cúbicos, un 47 por ciento de la capacidad aprovechable real. Las previsiones a medio plazo no son mucho más halagüeñas. En el horizonte 2021, la producción instalada aumentaría únicamente en 7 hectómetros cúbicos, hasta los 339 y el agua desalada subiría hasta los 193 hectómetros anuales, un 57 por ciento del potencial.
En materia de transportes, la consejera se ha reunido con el equipo de colaboradores más estrechos de la comisaria europea, Violeta Bulc, para interesarse por el estado actual concreto de las redes transeuropeas y las propuestas hechas desde el Gobierno de España en relación a las rutas que atraviesan la región. La gran preocupación de la Consejería estriba en el protagonismo que las plataformas de Talavera de la Reina y Alcázar de San Juan, u otras instalaciones similares en ciernes en las provincias de Albacete y Guadalajara, puedan tener en esas redes, algo que determinará su viabilidad económica y financiera.
Elena de la Cruz se ha interesado por la flexibilidad para redefinir dichas redes y la posibilidad de introducir cambios en función de cómo vayan evolucionando los proyectos que se están llevando a cabo en el territorio regional. La consejera ya ha anunciado en ocasiones anteriores la voluntad del Ejecutivo que preside Emiliano García-Page de presionar al nuevo Gobierno de España que se forme tras las elecciones del 26 de junio para acelerar las inversiones en infraestructuras ferroviarias y autovías buscando que las instalaciones logísticas de Alcázar de San Juan y Talavera de la Reina puedan competir en igualdad de oportunidades con otras de similar naturaleza que se están planificando en otras regiones limítrofes.
La consejera de Fomento del Gobierno castellano-manchego ha estado acompañada en las reuniones por el director general de Carreteras y Transportes de la Junta de Comunidades, David Merino, y por el director gerente de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Antonio Luengo, ya que ambas áreas presentan una creciente dependencia de las decisiones que se adoptan para el conjunto de países que forman la Unión Europea.
La visita se produce además tan solo tres días antes de que se reúna el Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía (TTE) en Bruselas, una cumbre en la que está previsto que los ministros nacionales con competencias en la materia tomen decisiones de calado en materia de otra de las competencias de la Consejería: las nuevas tecnologías. En concreto está previsto tratar el uso coordinado de la banda de frecuencia ultra alta y la introducción de la tecnología 5G para desplegar servicios innovadores como la conexión de datos en los automóviles particulares o la atención sanitaria a distancia en toda Europa procurando evitar que se produzcan interferencias en las emisiones convencionales de televisión. A primeros de junio volverá a reunirse el Consejo TTE en Luxemburgo con un orden del día aún por definir.
