El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz y el presidente del Comité Español de Representantes de Personas Con Discapacidad de Castilla La Mancha (CERMI CLM), Luis Perales, han suscrito un convenio de colaboración que tiene por objeto establecer el entorno de referencia que permita garantizar la protección efectiva de los derechos de los consumidores con algún tipo de discapacidad y prevenir las situaciones que puedan impedir un acceso normalizado en la adquisición, uso y disfrute de productos, bienes y servicios.
En dicho convenio se contempla llevar a cabo un programa de actuaciones en el que destaca el impulso de medidas de protección de los consumidores con discapacidad contra la explotación, la violencia, el abuso y la utilización ilegítima de su imagen, tanto en aquellos servicios y programas diseñados para atender sus necesidades de apoyo, como para la realización de actividades de juego que no cuentan con la debida autorización administrativa.
También se incluyen iniciativas referidas a la implementación de medidas que garanticen que la atención e información en materia de consumo, dirigida a las personas con discapacidad, se desarrolla con arreglo a criterios de accesibilidad universal; diseñando mecanismos y procedimientos específicos para la gestión las consultas y reclamaciones que interpongan, y especialmente en relación con la mediación y el arbitraje.
Asimismo se prevé adaptar los soportes empleados en las campañas informativas y divulgativas sobre consumo a las necesidades específicas de las personas con discapacidad, reforzando a su vez la realización de acciones informativas, formativas y educativas específicas en materia de consumo dirigidas a personas con discapacidad, utilizando para ello mediadores cualificados si fuera preciso.
Cabe destacar, igualmente, la iniciativa destinada a formar a los responsables de oficinas de atención al consumidor de las Direcciones Provinciales de la Consejería de Sanidad, de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor y de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la región en la adquisición de competencias específicas para la atención de personas con discapacidad.
El convenio de colaboración se extiende también a los ámbitos de la vigilancia para reducir y remover, en su caso, los obstáculos y barreras de toda naturaleza que supongan limitaciones de acceso a los productos, bienes y servicios básicos y, en particular, a lo concerniente a su comercialización mediante transacciones electrónicas y en entornos digitales.
Además se llevarán a cabo actuaciones de control de mercado y de seguridad de los productos específicamente ofertados a personas discapacitadas fomentando, a su vez, la adopción de buenas prácticas empresariales relacionadas con las personas con discapacidad desde la óptica del consumo responsable y la responsabilidad social de las empresas.
Finalmente, entre otras actividades que serán objeto de colaboración se encuentran las relativas a la participación de las personas con discapacidad en el ámbito de la protección del consumidor a través de sus organizaciones más representativas o la realización de estudios e investigaciones en el campo de la discapacidad y el consumo.
