Ecologistas en Acción Ciudad Real.- La destrucción de una dehesa de encinas centenarias o la ocupación del dominio público hidráulico del río Gigüela por sendos proyectos de centrales solares termoeléctricas son ejemplos manifiestos del desprecio a la legislación ambiental de renombrados inversores y promotores. Con el beneplácito, en la mayoría de los casos, de la Junta de Castilla-La Mancha.
En 2010 se daba luz verde a la construcción de dos plantas termosolares (Helios 1 y Helios 2) en los términos municipales de Arenas de San Juán, Villarta de San Juán y Puerto Lápice. El propio estudio de impacto ambiental del promotor (la multinacional Abengoa) reconocía la no idoneidad del emplazamiento elegido al presentar multitud de afecciones, entre las cuales destacaba la alteración de cientos de encinas maduras integradas en una dehesa de importancia capital para especies protegidas. La Ley 9/1999, de 28 de mayo, de conservación de la naturaleza de Castilla-La Mancha prohíbe el deterioro y destrucción de estos ecosistemas, ejemplo de sostenibilidad, al compaginar aprovechamientos tradicionales y conservación de la biodiversidad.
Ya en la primera declaración de impacto ambiental se advierte a Abengoa de la necesidad de incluir en su estudio ubicaciones alternativas que eviten daños irreversibles al encinar, o en su defecto, del establecimiento de medidas correctoras al fin de minimizar los posibles impactos. Finalmente, el promotor no cambia la ubicación de la instalación, procediendo seguidamente al trasplante de casi 200 encinas que poco después morirían casi en su totalidad (130 de las cuales fueron en su día enormes ejemplares centenarios de hasta 1 metro de diámetro en el tronco y unos 12 ó 13 metros de altura, más otros 70 pies de porte algo menor)
Transcurridos 5 años, Abengoa presenta un magro balance en su obligación de emprender tareas de restauración paisajística contempladas en las dos declaraciones de impacto ambiental emitidas por la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Sumida en una profunda crisis, es de esperar que lejos de respetar los requisitos fijados termine abandonándolos, dejando un páramo desolado.
Ecologistas en Acción muestra su preocupación porque se convierta en una práctica habitual el hecho de que poderosas empresas hagan uso de argucias y artimañas para sortear no sólo la tramitación ambiental, sino también las declaraciones de impacto ambiental, como nos recuerdan los casos del Aeropuerto de Ciudad Real y del ilegal campo de golf de la finca La Caminera, en Torrenueva. Y que la administración regional tolere estos actos de impunidad ambiental.
Ecologistas en Acción va a solicitar de inmediato a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente información relativa al seguimiento y control de las termosolares Helios 1 y Helios 2 en estos últimos cinco años, conjuntamente a la exigencia de depuración de responsabilidad a la empresa por su probado incumplimiento de dos declaraciones de impacto ambiental.
