El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha solicitado hoy al PP que reconsidere su postura y vote a favor de la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias porque gracias a la misma se mejora la situación de las personas dependientes, de los empleados públicos de la región y de aquellos ciudadanos que se encuentran en una posición más vulnerable a consecuencia de la crisis económica.
En una rueda de prensa en el Palacio de Fuensalida el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha destacado la importancia para los ciudadanos de Castilla-La Mancha de la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias que se vota el próximo jueves, 5 de mayo, en las Cortes regionales.
La importancia de esta norma, ha resaltado el consejero, radica en que gracias a la misma se eliminarán las tasas que gravaban a las personas dependientes, las denominadas ‘tasas de la vergüenza’; se recuperarán parte de los derechos de los empleados públicos de la región, como son los días de libre disposición, y se pondrá en funcionamiento el plan de rescate ciudadano, destinado a mejorar la situación de las personas que se encuentren en una situación más vulnerable como consecuencia de la crisis económica y al que se ha dotado con 629 millones de euros.
Satisfacción por el acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas también ha informado sobre el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebró la semana pasada, así como sobre las diferentes reuniones bilaterales que el Gobierno regional mantuvo con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Ruiz Molina ha indicado que Castilla-La Mancha se abstuvo en la votación del CPFF sobre el nuevo objetivo de déficit para 2016, que pasa del 0,3 al 0,7% del PIB para las Comunidades Autónomas, porque considera lógico que el mayor margen de cumplimiento para España se divida entre la Seguridad Social y las Comunidades Autónomas pero no está de acuerdo en el reparto que se hizo en julio de este objetivo entre los diferentes niveles de la administración porque no obedece a “ninguna metodología ni a ningún dato objetivo”.
Para el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ese mayor margen de déficit para las Comunidades Autónomas es “consecuencia lógica” de las reivindicaciones durante los últimos meses de las diferentes autonomías y supone el “reconocimiento” por parte del Gobierno de la nación a esas reivindicaciones.
Ruiz Molina ha indicado que ese margen en Castilla-La Mancha se destinará a gasto social, lo mismo a lo que se ha destinado el grueso del presupuesto regional. En este sentido, Ruiz Molina ha señalado que, aunque todavía no se han definido exactamente las inversiones, hay necesidades que son muy importantes, entre las que ha mencionado acabar con los barracones en educación, a través de un plan de choque en inversión educativa.
Respecto a las reuniones bilaterales mantenidas la semana pasada con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tras la carta que recibieron varias Comunidades Autónomas para aprobar un acuerdo de no disponibilidad, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha destacado que fueron aprovechadas para analizar el presupuesto de Castilla-La Mancha junto a los responsables del Ministerio y que estos constataran que el presupuesto de este ejercicio “estaba bien formulado y que, en consecuencia, no era necesario aprobar ningún acuerdo de no disponibilidad”.
Ruiz Molina ha insistido en la gran satisfacción que supone para el Gobierno regional que el Ministerio, como siempre se ha defendido desde la Comunidad Autónoma, reconozca que Castilla-La Mancha estaba en condiciones de cumplir el déficit del 0,3% y que ahora siendo del 0,7% hay una mayor relajación.
Gracias al acuerdo alcanzado con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en las reuniones bilaterales, el Gobierno de España en funciones desbloqueará el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para Castilla-La Mancha, lo que permitirá que esos recursos los destine la Junta de Comunidades al pago del Plan de Empleo a los ayuntamientos.
Acordar una única posición
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas también ha informado de que el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, iniciará en los próximos días una ronda de contacto con los diferentes grupos políticos para acordar un documento conjunto con los principios que Castilla-La Mancha defenderá de cara a la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica.
El nuevo modelo, ha resaltado Ruiz Molina, debe garantizar el nivel de prestación de los servicios públicos fundamentales, garantizar la suficiencia de recursos a las Comunidades Autónomas y evolucionar en función de cómo se incrementen los ingresos totales del Estado.
Ruiz Molina también ha señalado que el Gobierno regional defiende que el nuevo modelo de financiación tenga en cuenta criterios como la superficie, la dispersión, la baja densidad de población e, incluso, el envejecimiento de la población.
En definitiva, ha añadido el consejero, “sería bueno que fuéramos con una sola voz” a la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica.
