El Gobierno de Castilla-La Mancha establecerá mecanismos de colaboración con la empresa Iberdrola en materia de atención al consumidor. El director general de Salud Pública y Consumo, Manuel Tordera, se ha reunido con el gerente de Relaciones con Consumidores de Iberdrola, Álvaro Muñoz Molina, con el objeto de abrir vías de diálogo y crear canales de comunicación permanente con compañías y operadores del mercado para la promoción de la protección de los derechos de los consumidores y usuarios de la comunidad.
Durante este encuentro se han analizado diversas propuestas sobre las que trabajar en la redacción de un convenio de colaboración que contemple, entre otras, iniciativas tales como establecer un mecanismo común para la gestión y trazabilidad de las reclamaciones que potencie la atención personalizada y multicanal, así como la eficiencia y celeridad en la resolución de conflictos, impulsando, a su vez, la participación en el sistema arbitral de consumo.
Asimismo, en la búsqueda de sinergias entre los recursos y procedimientos respectivos, también se pretende inter-operabilizar los sistemas de información al consumidor, así como la realización de campañas informativas y divulgativas, especialmente en relación con el suministro y facturación de energía o el consumo eficiente y responsable. Igualmente se prevé implementar programas de sensibilización sobre eficiencia energética en el ámbito escolar.
Por otra parte, también se considera necesaria una labor de asesoramiento y formación continua dirigida al personal técnico que presta servicios en las oficinas municipales de información al consumidor o a través de las asociaciones de consumidores, y que podrá llevarse a cabo mediante la organización de foros y jornadas que permitan, además, valorar la problemática existente en el sector, adoptar las soluciones oportunas y anticipar situaciones que generen riesgos para los intereses de los consumidores.
Finalmente, en el transcurso de la reunión se ha puesto de manifiesto la necesidad de asegurar la protección de los derechos de los consumidores vulnerables de manera eficaz, principalmente en lo que se refiere a la prevención de la pobreza energética, al acceso y garantía de suministro energético.