Jesús Fernández Sanz, consejero de Sanidad del Gobierno de Castilla-La Mancha.- La celebración de estos 30 años debe estar revestida de una labor pedagógica que parte de hacer extensivo el reconocimiento a la ciudadanía de la Ley General de Sanidad, como uno de los momentos más importantes en la historia de la democracia en España y de la construcción del Estado de Bienestar que disfrutamos.
En primer lugar y como mayor logro, porque esta Ley permitía dar una amplia cobertura legal y política a lo estipulado en el artículo 43 de la Constitución Española en cuanto al reconocimiento del derecho a la protección de la salud. Se desterraba todo planteamiento de tipo caritativo y por el contrario, se reconocía legalmente el derecho fundamental a la salud establecido en nuestra norma jurídica suprema.
A partir de este principio irrenunciable, la Ley General de Sanidad dio forma al Sistema Nacional de Salud, definido como el conjunto de los servicios de salud de la Administración del Estado y de las comunidades autónomas “convenientemente coordinados”.
Además, la Ley General de Sanidad nace como un elemento fundamental en la búsqueda y consecución de la justicia social. Este objetivo, tan necesario en la construcción de nuestro Estado democrático durante los años de la transición, también sería una respuesta al mandato constitucional de protección de la salud como un elemento básico del bienestar individual y la propia justicia social.
Los fines previstos en la Ley se consiguieron mediante el establecimiento de un Sistema de Salud de cobertura universal, público, de calidad, acceso gratuito y coordinado, y en donde surgen como valores fundamentales la equidad y la financiación solidaria basada en impuestos.
Y es en estos aspectos de equidad y solidaridad, donde debemos detenernos para entender mejor la importancia de la Ley General de Sanidad. En su artículo 3, la Ley General de Sanidad nos explica que “la política de salud estará orientada a la superación de los desequilibrios territoriales y sociales”, y esta explicación no hace sino trasladarnos al momento presente y a los diferentes desafíos que enfrenta el Sistema Nacional de Salud en la actualidad.
Hay que recordar también que a partir de la Ley General de Sanidad, y como fruto de la culminación del traspaso de competencias en materia de sanidad del Estado a las comunidades autónomas en el año 2002, se elabora en el año 2003 la Ley de Calidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud que dotó al Fondo de Cohesión Sanitaria de unas finalidades y presupuesto que servirían para corregir desigualdades y asegurar la cohesión sanitaria.
“Un desafío a enfrentar”
No obstante, muchos de los principios expresados en el articulado de la Ley General de Seguridad han dejado de ser efectivos y de aplicación en los últimos años. Bajo la excusa de la crisis económica, el propio Fondo de Cohesión Sanitaria ha sufrido una continua pérdida de peso presupuestario hasta llegar a su reciente desaparición de los Presupuestos Generales del Estado de 2016.
Esta situación está debilitando la relación y la capacidad de cooperación y coordinación que tienen entre sí los diferentes servicios sanitarios públicos en todo el territorio español. Además, estos recortes ponen en peligro el propio objetivo por el que se estableció este Fondo, que no es otro que de garantizar la igualdad de acceso a estos servicios públicos por parte de los ciudadanos.
Al contrario, esa búsqueda de la equidad se está transformando en una fragmentación y en el establecimiento de unas “barreras sanitarias” entre comunidades autónomas, que no hacen otra cosa sino debilitar los pilares sobre los que está construido nuestro Sistema Nacional de Salud y que eran los inicialmente establecidos por la Ley General de Sanidad.
Por desgracia, hablar de una efeméride positiva como la de hace 30 años con la promulgación de la Ley General de Sanidad, también nos debe trasladar a una efeméride negativa que con estas mismas fechas se dio hace cuatro años. Y es que el 20 de abril de 2012 entró en vigor el Real Decreto-ley 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.
Esta ley supuso un auténtico golpe en la línea de flotación de nuestro Sistema Nacional de Salud. Los valores de equidad, solidaridad y universalidad quedaban en suspenso con este Real Decreto, expulsando de la atención sanitaria a más de ochocientas mil personas, además de establecer barreras económicas y copagos a la atención sanitaria y farmacéutica.
Con estas acciones se han roto, o al menos se ha intentado romper, todos los consensos existentes entre administraciones, ciudadanos y profesionales, y que datan precisamente de los años en que se promulgó la Ley General de Sanidad.
Además, se ha hecho recaer el peso de la crisis económica justo sobre aquellos que más la sufren, los colectivos más pobres y vulnerables, mujeres, niños, mayores, desempleados o inmigrantes. En un momento en que las fortalezas del Sistema Nacional de Salud se hacían más necesarias para hacer frente a las consecuencias de la crisis y ser garante de la cohesión social y la solidaridad, hemos sido testigos de un debilitamiento del mismo para ahondar en las desigualdades y en el aumento de la fragmentación en nuestra sociedad.
Algunas voces, equivocadas en mi opinión, han llamado a la importancia de la recentralización del Sistema de Salud como respuesta a los desafíos existentes. Nada más lejos de la realidad, visto lo visto.
La descentralización de los servicios sanitarios es una de las principales características del Sistema Nacional de Salud y ha servido, sin duda alguna, para acercar las prestaciones asistenciales a los ciudadanos, siendo esta característica compatible con los principios de equidad, de solidaridad, de coordinación y de cohesión del conjunto del sistema.
Del mismo modo, han sido los gobiernos de las comunidades autónomas, como el de Castilla-La Mancha, los que han adoptado medidas inmediatas para paliar el deterioro y las medidas retrógradas que venían dictadas desde instancias superiores. No nos vamos a cansar de demandar al Ministerio de Sanidad que convoque al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, (tal y como escribo a fecha de hoy una carta al Ministro de Sanidad), para dar contenido presupuestario al Fondo de Cohesión Sanitaria.
Del mismo modo, se ha puesto en marcha en Castilla-La Mancha una tarjeta que permite la asistencia sanitaria pública para aquellas personas extranjeras que residan en Castilla-La Mancha de forma «irregular», y a las que injustamente se les había privado de la asistencia sanitaria. Igualmente, en los próximos días en Castilla-La Mancha se va a poner fin al exceso de copago farmacéutico del que se venían haciendo cargo los pensionistas.
Pero han sido también los profesionales y los propios ciudadanos los que con su compromiso, han denunciado y opuesto a estas medidas regresivas. Son muchos los profesionales de nuestro sistema sanitario los que han denunciado estas situaciones y han buscado soluciones para evitar los efectos más graves que sobre las personas tiene la desprotección sanitaria.
“Celebramos para reforzar nuestro compromiso con la Sanidad Pública”
Hay mucho que celebrar, porque el camino ha sido largo y fructífero en estos 30 años. Pero también hay mucho que demandar. Este 25 de abril de 2016 debe ser un punto de inflexión en esa batalla por defender nuestro Sistema Nacional de Salud y los principios que en su momento inspiraron la Ley General de Sanidad.
Debemos insistir en el blindaje de la sanidad, considerándola ante todo como un derecho público reflejado en la Constitución, tal y como ha demandado el Presidente del Gobierno regional Emiliano García-Page. Ello implica también el establecimiento de mecanismos que garanticen su financiación y se eviten recortes como los sufridos en los últimos años.
Y eso pasa también por el establecimiento y el refuerzo de las estructuras de gobernanza y cooperación entre autonomías. Debemos dar mayor contenido al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, haciendo de este foro un garante de los valores y principios de equidad, calidad, carácter público o universalidad de nuestro Sistema.
Pero sobre todo celebrar estos 30 años debe ser un motivo para mirar al futuro con altura de miras. Reforcemos estos valores tan necesarios para poder enfrentar los desafíos que se nos presentan, como el aumento de la cronicidad y los necesarios recursos para enfrentarla, la humanización de la asistencia sanitaria, la disposición de recursos para la renovación tecnológica, o la importancia del desarrollo profesional, la investigación o la transformación de los procesos asistenciales.
Hoy se cumplen 30 años de la Ley General de Sanidad; es un éxito haber llegado hasta aquí y poder disfrutar de uno de los Sistemas de Salud más avanzados del mundo, pero no nos quedemos en la mera efeméride. Trabajemos y luchemos por mejorar y hacer extensivos a toda la ciudadanía los valores y principios sobre los que se sustenta nuestro Sistema de Salud. Todos los días. No habrá mejor celebración.
