El Gobierno de Castilla-La Mancha califica de “deslealtad absoluta” la decisión del Gobierno central en funciones de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la recuperación de la jornada de 35 horas semanales para los empleados públicos de la región, al no haber dado ni tiempo a la Comunidad Autónoma para ratificar el acta de la reunión que ambas administraciones mantuvieron la semana pasada.
A su llegada a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, a preguntas de los medios de comunicación, ha lamentado la decisión de hoy del Consejo de Ministros de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley por la que se aprobó la recuperación de la jornada de 35 horas semanales para los empleados públicos desde el pasado 1 de enero.
En este sentido, Ruiz Molina ha señalado que, en primer lugar, el Gobierno central en funciones debería “haber dado tiempo” al Ejecutivo de Castilla-La Mancha “para contestar al borrador del acta que mandó” a la Administración regional sobre la reunión que representantes del Ministerio y de la Consejería mantuvieron el pasado día 6 de abril en Madrid.
Sin embargo, ha continuado el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, ha decidido interponer un recurso de inconstitucionalidad “que no se corresponde con los argumentos jurídicos” que el Gobierno regional ha utilizado para reducir a 35 horas la jornada de los empleados públicos.
Ante esta situación, Ruiz Molina ha resaltado que el Gobierno de Emiliano García-Page va a “defender con uñas y dientes desde el punto de vista jurídico” esta medida, ya que supone recuperar parte de los derechos que les fueron cercenados a los empleados públicos en la anterior legislatura.
Por último, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha indicado que ha habido múltiples ocasiones, como ayer, en las que el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha estado en Castilla-La Mancha, visitas que podría haber utilizado para hablar con el presidente regional e informarle de su disposición de interponer este recurso de inconstitucionalidad, actuando con una “agilidad con la que no suele trabajar la Administración del Estado”.
