El Gobierno de Castilla-La Mancha defenderá mañana en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que el incumplimiento de los objetivos de déficit se aborde como un problema de Estado, sin buscar enfrentamientos y convocando la Conferencia de Presidentes Autonómicos; que se negocie con las autoridades europeas un nuevo plan de estabilidad y que se ponga en marcha un nuevo sistema de financiación autonómica.
Así lo ha explicado el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, un día antes de acudir al Consejo de Política Fiscal y Financiera que ha convocado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tras la petición de varias Comunidades Autónomas.
En una rueda de prensa, Ruiz Molina ha resaltado que, en primer lugar, lo que le trasladará al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones, Cristóbal Montoro, es que el Gobierno de Castilla-La Mancha “rechaza rotundamente que se responsabilice a las Comunidades Autónomas por la desviación en el objetivo de déficit, que casi todas las autonomías hemos incumplido como consecuencia, fundamentalmente, de la insuficiencia de recursos para financiar los servicios públicos”. Ha precisado que, en el caso de Castilla-La Mancha, este incumplimiento también obedece a “una mala gestión económica” del anterior Ejecutivo.
Por el contrario, la posición del Gobierno de Emiliano García-Page es que el incumplimiento se aborde como un “problema de Estado, sin buscar culpables ni enfrentamientos entre unas Comunidades Autónomas y otras”. En este sentido, ha añadido el titular de Hacienda y Administraciones Públicas, se solicitará la convocatoria de la Conferencia de Presidentes Autonómicos, al tratarse de “un tema lo suficientemente importante, que compete a todas las administraciones y no se trata de que sea una de ellas la que decida por el conjunto”.
Igualmente, Castilla-La Mancha considera que es necesario que “se negocie con las autoridades europeas un nuevo plan de estabilidad, que contemple un calendario de reducción del déficit más acorde con las necesidades económicas y sociales de nuestro país”.
Así se le trasladará al ministro, al que también se le solicitará un reparto del déficit entre los diferentes niveles de la administración más equilibrado y que ese reparto entre administraciones de los objetivos de déficit se realice de forma objetiva y transparente, teniendo en cuenta la relevancia para la ciudadanía del gasto que gestiona cada administración, ya que no es lo mismo el gasto en Sanidad, que asumen las Comunidades Autónomas, que el que implica, por ejemplo, la política exterior.
Ruiz Molina ha recordado que la situación se agrava para las Comunidades Autónomas en el ejercicio de 2016, ya que el Estado les ha impuesto un objetivo de déficit del 0,3% sobre el PIB, que supone un esfuerzo de reducción para las administraciones autonómicas del 57%, mientras que ese esfuerzo es sólo del 24% para la Administración del Estado.
Otra de las principales posturas que defenderá Ruiz Molina en el Consejo de Política Fiscal y Financiera es la puesta en funcionamiento de un nuevo sistema de financiación autonómica, que debería estar en marcha desde 2014 y que deberá “garantizar la suficiencia de recursos y que todas las personas reciban el mismo nivel de prestaciones económicas, con independencia del territorio en el que residan”.
También se pedirá que los gastos adicionales asociados al pago del tratamiento de la hepatitis C sean imputados al déficit de la Administración General del Estado y no al de las Comunidades Autónomas, tal y como se comprometió el Ministerio de Sanidad el año pasado.
El Estado chantajea a las Comunidades Autónomas con el FLA
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha destacado durante la rueda de prensa que se está produciendo “un hecho de especial transcendencia”, ya que el Estado está chantajeando a las Comunidades Autónomas con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), “de tal manera que no están llegando los recursos del FLA hasta que no se aprueben los acuerdos de no disponibilidad de crédito” que ha solicitado Montoro por carta a doce autonomías.
Ruiz Molina le pedirá al ministro en funciones que no chantajee con el FLA a las Comunidades Autónomas para que hagan los recortes que solicita en esa misiva. En este sentido, ha recordado que Castilla-La Manca en enero y febrero ha pagado de forma muy rápida a los proveedores, en 16 y 15 días, respectivamente, pero que “si no llegan a la región los recursos del FLA lo que va a provocar es un retraso en el pago a proveedores”.
Además, el Ejecutivo regional rechaza las medidas coercitivas contempladas en la carta de Montoro y, por eso, Ruiz Molina le volverá a explicar al ministro en funciones que el presupuesto de la región para 2016 “está formulado de tal manera que permita, si nos dejan, cumplir con el déficit del 0,3%”, por lo que se rechaza desde la región hacer cualquier recorte adicional.
En definitiva, ha resumido el titular de Hacienda y Administraciones Públicas, se demandará que la aplicación de las medidas contenidas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera sea “clara y transparente y no en función del color político que gobierne en cada Comunidad Autónoma”. Se ha preguntado en este sentido por qué las medidas excepcionales que se han planteado con Extremadura y Aragón no se plantearon en 2015, cuando estaban gobernadas por el PP.
