Lo que la basura esconde

Ismael Parras Ramírez. Concejal de Almagro Sí Puede.- Ante la noticia aparecida en diversos medios de comunicación a propósito de la concesión, por parte del Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y la Diputación Provincial de Ciudad Real, de la planta de compostaje de Almagro a la empresa SIFU, este concejal que escribe y el grupo municipal que representa, no pueden por menos que lamentarse.

Y es que estamos otra vez ante una oportunidad perdida para Almagro y para la integración en el mundo laboral de las personas con capacidades diferentes. Una vez más la política no ha estado a la altura de las personas.

Me explico. En el Pleno del mes de enero, el grupo municipal Almagro Sí Puede! presentó una moción (aprobada por unanimidad) que tenía por objetivo instar a la Diputación Provincial de Ciudad Real y a RSU a que reconsideraran la premura con la que sacaban a licitación la gestión de la planta de tratamiento de residuos y compostaje de Almagro. La intención de Almagro Sí Puede era que se tomara en consideración la posibilidad de crear a largo plazo en nuestra localidad un centro especial de empleo.
Como se sabe, Almagro, además de conocido por su patrimonio, recibe la basura de cerca de cuatrocientas mil personas de la provincia de Ciudad Real, es decir, sirve de vertedero para más de 90 municipios, lo que supone absorber 158.232 toneladas de basura, de las cuales 128.458 corresponden a residuos orgánicos, 5.667 toneladas a papel y cartón, 3.943 a vidrio, 3.961 a envases ligeros y 175 toneladas a pilas.

Estos datos se corresponden con lo publicado en 2013, pero suponemos que la cantidad de residuos habrá aumentado estos dos años. Por lo demás, Almagro recibe y trata toda esta basura sin recibir ninguna contraprestación a cambio, padeciendo, de manera absoluta y unilateral, tanto los riesgos para la salud como el deterioro del medioambiente aparejados a un vertedero de tales dimensiones.

La planta de RSU, que, recordamos, es un consorcio público, no cumple con las funciones para las que fue diseñada y concebida: tratar, separar y reciclar todo tipo de basura. En los últimos treinta años de funcionamiento solo se ha enviado a reciclar la basura que ya venía separada de origen (la que los ciudadanos distribuimos en los contenedores de colores); el resto de la basura que llegaba al vertedero se ha estado enterrando en una macro fosa que ya no puede albergar más cantidad. En cuanto a la planta de compostaje, la mayor parte del año está parada y solo se pone en marcha de vez en cuando para fabricar un compost con tantos vidrios que no puede ser utilizado por los agricultores. Al margen de la idoneidad de estas prácticas, no es irrelevante el derroche económico que supone tener una planta cerrada con la inversión millonaria que ha supuesto, por no hablar de las oportunidades de aprovechamiento que se han perdido a nivel medioambiental, laboral y social. Durante demasiado tiempo estas prácticas han sido consentidas por todas las administraciones y por una ciudadanía mal informada o despreocupada por averiguar qué pasa con la basura que produce.

Pero, ¿qué ha pasado en el proceso de licitación de la planta de compostaje? En principio, la idea de la Diputación de permitir licitar solo a centros especiales de empleo, podría verse como una apuesta firme por la inserción laboral y la integración de las personas con alguna discapacidad. Lamentablemente no es así. En primer lugar, porque estas licitaciones no suelen concederse a centros pequeños, apegados al territorio y que se esfuerzan por conseguir lo mejor para su plantilla. Lo normal es que los beneficiados sean grandes grupos empresariales, escasamente preocupados por las condiciones laborales de las personas.

Y así ha sucedido, como ya pronosticamos en el pleno de enero; si hubiéramos tenido una bola de cristal no habría sido tan fácil predecir que el ganador iba a ser el GRUPO SIFU, una empresa multiservicio, con un amplio bagaje en incumplimientos laborales y sentencias condenatorias.

La Diputación Provincial se vanagloria de su labor social y de su apoyo a la integración de las personas con diferentes capacidades, pero no se preocupa de lo más importante: ¿qué hay detrás de estas empresas multiservicio que consiguen ayudas y bonificaciones públicas por una labor que, en la mayoría de los casos, deja mucho que desear?

Si la precariedad, los recortes y el desempleo provocados por esta crisis económica a la que preferimos llamar estafa, han afectado a todo el mundo, las personas con discapacidades físicas, intelectuales o trastornos mentales, se han convertido en las víctimas perfectas de la explotación laboral. Las cada vez más precarias condiciones laborales a que están sometidos estos trabajadores suponen la destrucción de derechos laborales adquiridos durante años.

Pero hagamos propuestas, seamos positivos. La Diputación y RSU tienen la capacidad de revertir esta situación fácilmente: solo deben incluir en sus pliegos de contratación clausulas y consideraciones de carácter social, de manera que la adjudicación recaiga siempre en la “oferta socialmente más ventajosa”.

Es una vergüenza que las instituciones del Estado se guíen solo por el interés económico a la hora de resolver la licitación de un servicio público, tal y como ha manifestado el presidente de RSU, Pedro Antonio Palomo, cuando ha señalado que, en el caso de la planta de Almagro, «nos hemos decantado sobre todo por el precio, 139.276 euros”; de eso no cabe la menor duda, porque en ningún caso se ha mirado más allá.

Desde aquí volvemos a solicitar que la Diputación conceda a Almagro, como parte de las justas compensaciones que debe recibir por albergar el vertedero, un progresivo sistema de planes de empleo municipales orientados a formar personas trabajadoras, planes que serán el germen de un futuro centro especial de empleo en la localidad. Este centro permitiría crear puestos de trabajo estable y de calidad, a la vez que favorecería la integración real de las personas con capacidades diferentes.

Además exigimos que RSU cumpla con la normativa europea en materia ambiental (Autorización Ambiental Integrada –AAI-), vulnerada sistemáticamente hasta ahora, y que permita la realización de estudios independientes pagados por la empresa que permitan detectar los riesgos para la salud de la población que vive próxima al citado vertedero.

RSU, un consorcio público que reconoce un beneficio económico cercano al millón de euros, puede perfectamente afrontar las justas compensaciones (económicas, laborales y medioambientales) que el pueblo de Almagro no va a dejar de reclamar y que, a la vista de los resultados de esta licitación, una vez más han sido ninguneadas.