Los consejeros del Gobierno regional de Fomento, Elena de la Cruz, y de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, han comparecido en rueda de prensa para informar sobre los recursos ante el Tribunal Supremo a los planes hidrológicos, cuya autorización ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha.
El Ejecutivo autonómico discute esencialmente cuatro de los planes (Tajo, Guadiana, Júcar y Segura) de los doce relativos a demarcaciones hidrográficas intercomunitarias que aprobó el Gobierno de España mediante un Real Decreto adoptado por el Consejo de Ministros el pasado mes de enero. La consejera de Fomento sintetizaba el recurso del Gobierno autonómico asegurando que los cuatro planes con mayor afectación en la región suponen un grave perjuicio para los intereses de Castilla-La Mancha, ya que no “garantizan el principio de equidad”, lo que impide “garantizar el desarrollo económico” de la región debido a las “restricciones” que imponen en Castilla-La Mancha en materia hídrica. Son planes que “secan a esta región”, ha sentenciado.
De la Cruz ha comunicado que el recurso incluirá una impugnación legal a las reglas del Trasvase Tajo-Segura, puesto que el Real Decreto del Gobierno sumó al borrador del Plan del Tajo con posterioridad a lo aprobado en el Consejo Nacional del Agua un artículo cuyas cifras entran en contradicción con las normas de explotación de manera que “resulta imposible cumplir ambas”. La consejera considera “inviable que salgan las cuentas”, por lo que ha acusado al Gobierno de España de calcular a favor de la cuenca receptora sumando un agua excedentaria que no es tal.
Elena de la Cruz ha aseverado que este patrón de perjudicar las necesidades de agua de la región se repite en las cuatro cuencas principales cuyos planes se recurren. En el Plan de Cuenca del Segura se ha detectado un “trato desigual a Murcia y Albacete”; en el Júcar, la definición de la demarcación tolera “trasvases encubiertos” en perjuicio también de la región y “perpetúa el convenio de Alarcón poniendo el riesgo el abastecimiento de Albacete”. En cuanto al Tajo, se producen “artificios legales o decisiones extravagantes” para producir “excedentes artificiales” de manera que en caso de sequía “se obliga a los que beben y riegan del Tajo a apretarse el cinturón pero no a los usuarios del trasvase”.
A su juicio, el resumen de estos planes es que son “feroces” para la región, que “ve sus derechos mermados, atacados”, por lo que ha anunciado que el Gobierno regional “no va a permanecer mudo frente a ellos” porque entrañan “un ataque brutal en materia de agua”, recordando que el contenido fue pactado entre el Gobierno de España y el ejecutivo autonómico anterior.
De espaldas
Por su parte, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo ha afirmado que “no se pueden tomar decisiones en materia de agua de espaldas a la Administración competente en materia de Territorio, en materia de medio ambiente, o en materia de agricultura”, competencias que sí son del Gobierno de Castilla-La Mancha. En este sentido ha lamentado que “esto es lo que ha hecho el Gobierno central” y, además, estos planes hidrológicos, “no tienen en cuenta los intereses de los ciudadanos de Castilla-La Mancha».
El titular de Agricultura en Castilla-La Mancha ha señalado tres efectos perniciosos para la región. En primer lugar, la asignación de la dotación de agua para los agricultores y para la industria agroalimentaria es “insuficiente para las demandas existentes en nuestra región tanto en el Júcar, Tajo, Guadiana y Segura”. Por otro lado, la normativa prevista en los planes de cuenca “impide el desarrollo de los regadíos sociales, superficies pequeñas de riego, distribuidas entre muchos regantes que contribuyen al desarrollo económico de poblaciones que tienen dificultades”. Por último, en la cuenca alta del Guadiana, “siguen sin regularizarse 1.200 pozos de explotaciones prioritarias”.
Martínez Arroyo ha incidido en el compromiso del Gobierno de Emiliano García-Page de compatibilizar el desarrollo económico, a través de la agricultura y la industria agroalimentaria, con la preservación del medio ambiente. En este sentido ha advertido que el Gobierno regional va a estar vigilante para que se cumplan las dos cosas y ha puesto de manifiesto que «en los últimos años, los agricultores de nuestra región han hecho un esfuerzo enorme por mejorar la eficiencia de sus riegos”.
El consejero ha detallado que el 96 por ciento de la superficie regada en Castilla-La Mancha es riego por goteo o riego localizado por lo que “de esta manera, no solamente generamos actividad económica, mejoramos la eficiencia de nuestros cultivos sino que además contribuimos a la mejora del medio ambiente a través del ahorro del agua».
