El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Puertollano, según ha expresado su portavoz, Miguel Peña, ha mostrado satisfacción que el Tribunal Constitucional haya estimado de forma parcial el recurso de inconstitucional presentado por la Asamblea de Extremadura contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración (conocida como Ley de reforma local) aprobada por el gobierno del PP en diciembre de 2013,
Dicha ley fue recurrida también por otras administraciones y partidos políticos de la oposición que casi en bloque rechazaban la Ley por entenderla lesiva para el municipalismo, su autonomía y el papel que juegan en el desarrollo de las comunidades.
Peña defiende que dicha ley erosiona las competencias municipales y perjudicaba determinados servicios, como bienestar social o ayuda domiciliaria. El Ayuntamiento se adhirió a un recurso junto a otros 3.000 consistorios, que representaban a 16 millones de habitantes.
El Constitucional declara inconstitucional y nulo el artículo referente a la supresión de las entidades locales menores ya constituidas cuando no presenten sus cuentas a la comunidad autónoma. Entiende que es potestad de la autonomía y que el Estado no puede “predeterminar el órgano de la Comunidad que ha de acordar la disolución y la forma que ha de revestir esta decisión”.
También declara nulo otro artículo referente a la disolución de las mancomunidades con una argumentación similar a la anterior. Otro punto importante es que estima la impugnación de la Asamblea sobre tres disposiciones transitorias y una adicional que prohíben a la Comunidades “atribuirá los entes locales (ayuntamientos) servicios de asistencia social y atención primaria de salud como competencias propias locales” y al mismo tiempo “regulan su traspaso a las Comunidades”. Esto sólo corresponde, entiende el tribunal, a las Comunidades Autónomas”. De esta forma, los servicios sociales seguirán estando en los ayuntamientos.
