Juan Ángel Amador Fresneda. Exalcalde de Villanueva de la Fuente. En los primeros años del siglo XIX España afronta dos situaciones críticas; librarse de la Invasión Napoleónica y de las estructuras del Antiguo Régimen de la Monarquía Absoluta de Fernando VII. Entonces las Cortes de Cádiz del año 1812 abordaron dicha problemática con la elaboración y promulgación de la Constitución “la Pepa”, que puso las bases del Estado Liberal acorde con la influencia recibida de la Revolución Francesa de 1798.
Las Diputaciones aparecen en el artículo 325 de la Constitución de Cádiz, donde se decía: «En cada Provincia habrá Diputación, llamada provincial, para promover su prosperidad….». Posteriormente, con la organización territorial del Estado que llevaría a cabo el político granadino Javier de Burgos, en el Real Decreto de 1833 quedaba establecido el esquema provincial que nos ha llegado prácticamente hasta la actualidad para que en cada unidad territorial existiera dicha Institución.
Pero sin entrar minuciosamente en el prolijo recorrido del entramado histórico y legislativo para la configuración, reorganizaron y funcionamiento de las Diputaciones, señalaremos algunos datos, primero, por el Real Decreto de 25 de septiembre de 1835, después de aprobado el Estatuto Real de 1834 de Bayona con Isabel II, comienza su regulación, continua con la Constitución progresista de 1937, que se retrotrae a la normativa legal de 1823 sobre las mismas, y posteriormente con la Ley de 8 de enero de 1845, de organización y atribuciones de las Diputaciones provinciales que no llegaría a ser discutida en el Congreso, porque esta era claramente progresista y acorde con la ideología dominante en las Cortes.
Aunque se pretendía dotar a cada provincia de una nueva administración, para acercar las Instituciones centrales a la población, las Diputaciones tuvieron un comienzo muy irregular, tanto en el ejercicio de su actividad como en el ámbito geográfico. Su puesta en marcha representó un avance y dinamización administrativa como consecuencia de la descentralización y aparición de nuevos servicios públicos necesarios. Y con la mejor coordinación, asesoramiento, ayuda y colaboración municipal se pudieron construir e implantar infraestructuras viales inexistentes para la articulación territorial provincial y nacional.
El avance político y administrativo que representaron las Diputaciones Provinciales ha dado como resultado, a través de los años, un desarrollo importante y razonable en sus territorios de actuación, dando asímismo satisfacción, representatividad y cobertura política y social a las burguesías locales, hasta el comienzo de la Transición Política.
Posteriormente, con la entrada en vigor de la Constitución de 1978, aparece el Estado Autonómico, donde no pudieron prever los Legisladores, o Padres de la Patria, el posterior desarrollo competencial de las Nacionalidades y Regiones daría como resultado la aparición de solapamientos, competencias paralelas, duplicidades de funciones y servicios con cuatro administraciones coincidentes en el mismo territorio, donde desarrollan su actividad; los Ayuntamientos, Diputaciones, Comunidades Autónomas y el Estado Central, produciéndose un aumento importante del gasto público que pudiera ser corregido y suprimido, más pronto que tarde (unos 5.000 millones de € de acuerdo con estudios donde se plasma el ahorro que representaría la supresión, sin que los funcionarios sufran ningún ápice de menoscabo en sus derechos estatutarios y laborales, al ser transferidos y asumidos por las administraciones públicas).
La sociedad española a principios del siglo XIX arrastraba un gran atraso social y económico, sin las comunicación necesarias, solo con apenas algunos kilómetros de ferrocarril, siendo imprescindibles dichas Instituciones para acortar las distancias entre la Administración Central, situada en Madrid, y los Municipios, pero en la actualidad, dicho criterio, con las modernas infraestructuras y el “desarrollo tecnológico y las comunicaciones online” se minimizan las distancias y quedaría muy endeble e injustificable cualquier argumento de la cercanía a costa de la duplicidad y el mayor gasto cuando existe una deuda pública insostenible para el Estado y la sociedad.
Desde algún tiempo ya existen multitud de sugerencias y actualmente propuestas de partidos políticos que desearían poder dedicar el ahorro de su extinción a otras necesidades públicas que se han visto afectadas como consecuencias de los recortes en los servicios básicos. Actualmente con el pacto-acuerdo firmado entre el Partido Socialista y Ciudadanos para investidura/legislatura, se pone en “negro sobre blanco” lo que es ya una obviedad; la posibilidad de iniciar el recorrido para la futura desaparición de las Diputaciones Provinciales. Otra cosa muy diferente será las Diputaciones Forales que tienen competencias y funciones recaudatorias entre otras.
Estos órganos de la Administración Local ya han cumplido razonablemente bien sus funciones durante casi dos siglos, se ha abierto el debate en los electores, existiendo un mayor criterio político en la población sobre el ahorro y el gasto público en las Administraciones Públicas.
Por todo ello, ahora será imposible confundir, distraer o sustraer a los ciudadanos de este debate irreversible que se avecina, donde el sentido común deberá imponerse frente a quienes pretendan bloquear las reformas, justificando sus razonamientos en función de criterios de partido, de intereses personales y de clientelismo político.
La diputación de una provincia como Barcelona es prescindible. La diputación de Ciudad Real, o Lugo, o de 40 y tantas de las provincias españolas, no. No confundan el mal uso de una administración, con que la administración en sí deba desaparecer. Lo que deben desaparecer son los malos usos, las competencias duplicadas o los gastos ineficientes.
Y engañan a la gente hablando del ahorro de 6.000 millones de euros, que es el presupuesto anual de las diputaciones. Por que en las diputaciones trabajan sobre todo funcionarios, y a los funcionarios hay que seguir pagándoles. O bien los prejubilas, o bien tienen que ir a otra administración, el funcionario (que no es lo mismo que el empleado público), no se le puede despedir. Solo habrás trasvasado el gasto, bien a otra Administración, bien a la hucha de la seguridad social. Pero el flujo de caja global es el mismo.
Pero en el supuesto caso de que se ahorrasen esos 6.000 millones de euros, son 6.000 millones ahorrados, para una deuda publica de las administraciones de 1.080.000 millones, un 0,6%. Con medidas tan eficaces como esta, en 166 años, habremos solucionado el problema del déficit público.
El presupuesto de las diputaciones de 6.400 millones de euros tiene un problema, y es que una parte importante se usa para contratar asesores. Es decir, hasta ahora las diputaciones se han usado para que PP y PSOE puedan poner a los suyos a discreción y, además, para usar cientos de millones en propaganda propia. Esa es la pena ¿Os acordáis de los anuncios navideños de Neme, que paresían venessolanos totales?
En cuanto a los funcionarios, pues eso lo llevan en el cargo. Se les traslada a diferentes consejerías y no tienen por qué irse de Ciudad Real, solamente cambian de oficina. Les da igual ir a la calle Toledo o a Ruíz Morote.
Lo que no tiene sentido es que haya Delegación de la Junta y Diputación a la vez. Es una duplicidad absoluta. Quien más pierde si se quitan, son los presupuestos de PP y PSOE y los amigotes de PP y PSOE puestos a dedo. Mirad la última con los asesores de Nemesio de Lara ¿Os acordáis?
Y no manipuléis, a los pueblos pequeños se les puede tratar igual desde una Consejería. Porque al final va a haber mancomunidades que se unirán para ejercer sus derechos y deberes. Pero esto es un sinsentido.
Las Diputaciones tenían sentido cuando la Provincia dependía del Gobierno Central y dejaron de tener sentido con la aparición de las CCAA. Lo que pasa es que a PP y a PSOE les vienen muy bien. Mirad Susanita en Andalucía, menudo presupuesto maneja con las dipus en sus manos…2.000 millones de presupuesto. Ahí es ná.
Y en el resto de España 1040 diputados provinciales cobrando dietas…ufff. hay algunos que se meten hasta 1.700 euros al mes en dietas…por asistir a plenos, comisiones, juntas de gobierno y otras reuniones…
En cuanto a la gestión tributaria, ya tenemos al monstruo de Hacienda que controla todos los tributos, así es que por gestionar los de las diputaciones, tampoco se van a morir. Que absorba tributos, su personal y se acaba el problema.
Yo, lo siento mucho, pero creo que las diputaciones sobran. Porque pertenecen a una estructura territorial previa a la democracia. O eso, o sobran las delegaciones de la Junta en las provincias. Bueno, en realidad sobran PP y PSOE ¿Y si los cierran?
Creo que tienes ideas políticas opuestas a las de «falangito», pero demuestras el mismo (mínimo) conocimiento de la realidad rural. En las diputaciones se han contratado asesores, COMO EN TODAS las administraciones. Hay un cupo legal. En la de Ciudad Real el Psoe contrato a varios de forma alegal y un juzgado los mando a la calle, así de simple. El 80 o más % son funcionarios. Y los políticos que van a los plenos, ahora irían a un «consejo».
Quitar las diputaciones no supone ningún ahorro. El servicio lo tienes que seguir dando (competencias municipales que los pueblos pequeños no pueden por si solos), y cuesta, los funcionarios seguirán cobrando del erario público y los políticos seguirán en los consejos o plenos da igual como los llames.
Medida demagogica, basada en planteamientos de la derecha más rancia, la del recortar por recortar.
Pues nada, a mantener el aparato. Viva la merdocracia y que sigan contratando asesores y engrasando la máquina propagandística. Sólo fíjate en las diputaciones andaluzas en manos de Susanita. O el papelón de Josele en Ciudad Real, después del Rey Sol Nemesio.
Soy defensor acérrimo de lo público, pero no de esto. NO puede haber Delegaciones de la Junta y Diputaciones a la vez. NO es normal. Y, si se cierra, los funcionarios pueden seguir trabajando en las consejerías sin problema.
Pero bueno, como me tachas de demagogo y lego en el tema rural, poco podemos discutir más. Se ve que me conoces…y, por tanto, me vas a negar la mayor.
Saludos.
El señor que ha escrito esto se ha hecho un pequeño lío con los Estatutos, las Constituciones, fechas y demás. Me llama la atención que las diputaciones vascas sean intocables para él. Viniendo de alguien que se dice progresista, no se entiende la defensa de instituciones medievales que consagran la desigualdad y el privilegio.
Insisto en que esto de las diputaciones es un trile político. El problema no son las diputaciones, pues como muy bien explicó Antonio, en una provincia tan atomizada como la nuestra su existencia está más que justificada. Por tanto, su eliminación conllevaría la necesaria creación de «algo» que la sustituyese. Un absurdo. El problema es el Estado Autonómico.
Nuestros iraníes también defienden los privilegios medievales de las tierras del norte.
Ea, nos echásteis a tiros. Jodíos fascistillas 🙂
Es curioso que tenga que ser el PP el que defienda a la institucion socialista por excelencia.
Los servicios que prestan las Diputaciones no deben suprimirse, obviamente.
Lo que sí deben suprimirse son las Diputaciones como estructura, que sirven para dar acomodo a los enchufados políticos provincianos, de forma similar a como las empresas del IBEX35 y otras grandes utilizan sus Consejos de Adminisitración para acomodar políticos de ámbito nacional que les llegan a través de las Puertas Giratorias. El último castellano-manchego: Agustín Conde a Red Eléctrica Española tras no sacar votos suficientes para ser diputado, esta misma semana. Luego nos subirán la factura de la luz.
¡Hay que acabar con esto sin tapujos ni medias tintas, pardiez!