Asociación Sindical Justicia y Progreso.- Por la presente, la Asociación Sindical “Justicia y Progreso” transmite la preocupación de los funcionarios de esta atípica Administración de Justicia, ante el deficiente servicio que se pudiere prestar en los Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción cuando compatibilizan sus funciones ordinarias con las de “Violencia Sobre la Mujer”, y quieren trasladar la responsabilidad al Ministerio de Justicia, quien hace caso omiso a sus reivindicaciones de medios para ofrecer un mejor servicio público.
En nuestra provincia se crearon Juzgados de Violencia Sobre la Mujer compatibles, o lo que es lo mismo, juzgados a los que “sin echar, les tocó la lotería”. Parece ser que, atendiendo a la carga de asuntos no era preciso su creación o transformación en exclusivos de esta materia. Efectivamente para nuestros dirigentes siempre se mide la carga de trabajo con datos “objetivos”, es decir números, nunca se paran a preguntar a sus “hormiguitas”. Puede que esa opinión no les guste y por ello no se molestan (no quieren enterarse de que somos personas, no números).
Las consecuencias de compatibilizar funciones implican que durante la jornada ordinaria se funcione como un servicio de guardia permanente, cubierto de forma gratuita, quedando paralizados el resto de asuntos, pero siempre se podrá justificar. ¿Es culpa de los funcionarios esta deficiencia?
El sostenimiento en paralelo de dos clases de guardias, sin dotar esa peculiaridad de medios, está redundando en el servicio que nos gustaría presentar al ciudadano. Es la primera vez que se ha implantado en la organización judicial de esta provincia una especialización de este calibre. No se ha dotado de medios materiales ni personales, no se nos ha formado a los funcionarios, estamos preparados para la tramitación de asuntos judiciales, pero no para hacer “encaje de bolillos” ante la carencia absoluta de medios y atender las necesidades que requiere cualquier víctima de violencia
sobre la mujer.
Las jornadas son maratonianas, sabemos cuándo se empieza a trabajar pero no se sabe cuándo se va a terminar, los que tenemos hijos, gracias al “Plan Concilia” de los abuelos solventamos esta situación.
En la era de las tecnologías es bueno que se sepa que los programas de gestión informática no están interoperados, ello obedece a que gracias a los traspasos de funciones entre las Comunidades Autónomas, el Ministerio de Justicia no tiene potestad sobre dichos programas, por ello se van haciendo “remiendos” costosos y poco eficaces. Todo esto crea un estado de alarma y de tensión ante
un posible error personal.
No existen instalaciones adecuadas, la víctima y el presunto autor, tienen que convivir a escasos metros durante toda la jornada. Hay numerosas anécdotas que se podrían comentar, “no se me olvida aquella señora dando el pecho a su bebe, teniendo al padre y presunto agresor, al lado, o en una habitación a escasos diez pasos destinada al despacho de los abogados”, en situaciones como estas los funcionarios hacemos de acomodadores, cuando no de protectores de las víctimas, para evitarlo.
Consideramos que, de forma urgente, se deberían crear juzgados especializados y exclusivos de esta materia en la provincia, revisar las plantillas, establecer un plan de formación continua, crear puestos de trabajo singularizados, con concursos de traslado específicos y con complementos retributivos que incentiven la penosidad del puesto, con el fin de evitar el movimiento continuo de personal que se vive en las mencionadas oficinas judiciales.
