Denuncian que la Junta de Comunidades y la dirección de la Asociación de Propietarios de Tierras de Fontanarejo y el Alcornocal (AFA), ya disuelta, han obrado de forma arbitraria en el proceso de concentración parcelaria que se está llevando a cabo en Fontanarejo. Además de errores en la adjudicación de parcelas y la inclusión de terrenos de personas ajenas al proceso, cuatro vecinos desean abandonarlo y, aseguran, no se lo permiten: «nos obligan a estar en la concentración parcelaria contra nuestra voluntad».
Aurora Fernández Arcos, vecina de Fontanarejo afectada por la concentración parcelaria que se está tramitando en la localidad, afirma que son «víctimas» de las actuaciones que ha llevado a cabo la Consejería, a través los Servicios Periféricos de Agricultura.
Aunque la concentración parcelaria, que abarca una superficie de alrededor de 5.000 hectáreas, fue promovida inicialmente con carácter privado a través de la Asociación de Propietarios de Tierras de Fontanarejo y el Alcornocal (AFA), Fernández Arcos resalta que ha sido subvencionada por la Junta de Comunidades. La asociación, explica, se constituyó para tramitar todo el proceso, que siempre «fue respaldado por personal de Agricultura».
El proyecto, recuerda, dio sus primeros pasos en torno a 2004. «Los vecinos entendimos que podía ser bueno que se hiciera, porque los terrenos son muy pequeños y están muy dispersos. Nos asociamos para agruparlos y tenerlos bajo una misma linde». Cinco años después, relata, se empezaron a dar cuenta de que «los trabajos desinteresados ocultaban posibles favoritismo y presuntas prevaricaciones». En 2010, continúa, «ante ciertas conductas de la directiva de la asociación y posteriores resultados, reclamamos determinada documentación al presidente», poniendo como condición que fuera entregada para que se incluyeran sus tierras en la concentración parcelaria. «Nunca se nos dio -asevera-, por tanto, nos consideramos fuera de las parcelas». Sin embargo, la directiva «insistía en retenernos» dentro de la asociación. «Entonces decidimos negarnos a pagar las cuotas y los boletines, documentos exigidos para participar en la concentración, ya que en los estatutos se recoge que no abonar las cuotas y no presentar la documentación supone la pérdida de condición de socio». En lugar de cursar la baja de estos vecinos, la persona al frente de la dirección de la asociación «cogió el dinero de la cuenta de comisión de pastos del pueblo. Por ello está denunciado e imputado a fecha de hoy», remarca.
«Hace dos años nos enteramos de que las tierras se habían incluido en el concentración sin nuestra autorización», añade. Entonces, los afectados presentaron un recurso ante la coordinadora de los Servicios Periféricos de la Consejería de Agricultura, que se desestimó, según la Junta de Comunidades, por haber sido presentado fuera de plazo. Seguidamente, estos vecinos de Fontanarejo presentaron un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que fue admitido a trámite y del que se espera sentencia.
La «sorpresa», señala, ha llegado al recibir comunicación del Catastro en la que les indican que sus tierras se han incluido en concentración parcelaria y que han sido modificadas por resolución de la Junta de Comunidades.
«En ningún momento hemos pretendido que se deshaga la concentración parcelaria, sólo que nuestras tierras sean excluidas, y así lo hemos manifestado en alguna asamblea de la asociación», recalca Fernández Arcos.
Los afectados, cuatro de un total de trescientos participantes en la concentración, califican de «arbitrario» el proceder de la Consejería de Agricultura. «La Junta ha debido esperar a que llegara la sentencia del TSJCLM y después dar órdenes al Catastro cuando las cosas estuvieran resueltas».
Además de los vecinos que quieren quedarse al margen del proceso, existen otros casos, como el de Eloy Pavón, que denuncia un error en la adjudicación de las parcelas, pese a que, según asegura, lo ha reclamado en varias ocasiones; el caso de Juli Alcaide, cuyo tío falleció en 1994 y sus tierras fueron incluidas en la concentración sin consentimiento alguno; o el de María José Martínez, que comenta que unas tierras de su marido, provenientes de una herencia, no se aportaron a la concentración. «Han metido tierras que no eran de la asociación y no participaban en la concentración», concluyen.
