La Consejería de Sanidad sigue insistiendo en la necesidad de llevar a cabo una revisión del convenio sanitario con la Comunidad de Madrid porque, tal y como está formulado en este momento, «es altamente perjudicial para los intereses de Castilla-La Mancha y de los castellano manchegos», señala el Gobierno regional en una nota.
Para la región supone un coste inicial de 64 millones de euros y contiene, además, un plan de inversión en tecnología sanitaria y en contratación de personal sanitario para los Hospitales de Parla y de Aranjuez a cargo de los presupuestos de nuestra comunidad autónoma. Implica, pues, una descapitalización de la sanidad de nuestra región, derivando pacientes y presupuestos hacia la Comunidad de Madrid.
A esto se suma que en el convenio queda fuera la farmacia hospitalaria que, aunque puede ser prescrita por hospitales madrileños, su dispensación debe facilitarse en el hospital de referencia de Castilla-La Mancha.
El importe final a satisfacer por Castilla-La Mancha se calcula multiplicando el valor de la cápita por el número de personas que han elegido ser atendidas en los hospitales de la Comunidad de Madrid. De esta forma, lo que se está abonando es la facultad de elección de los ciudadanos, no la prestación sanitaria recibida, como si de un seguro médico privado se tratase.
Ampliación del plazo máximo de resolución de solicitudes
Desde la Consejería de Sanidad se recuerda que la semana pasada se ha publicado una resolución en la que se acuerda ampliar el plazo máximo de resolución de las solicitudes realizadas para adherirse al convenio sanitario con la Comunidad de Madrid.
Este requisito de formular una solicitud se establecía únicamente para los usuarios de los municipios de la zona norte de Toledo, ya que los usuarios de la provincia de Guadalajara no estaban obligados a realizar este trámite.
El plazo máximo para la resolución finalizaba el 31 de enero y pese a los esfuerzos realizados por los trabajadores de la Gerencia de Atención Primaria de Toledo para la tramitación de todas y cada una de las solicitudes presentadas, ha sido materialmente imposible resolver todas en tiempo y forma.
Las solicitudes presentadas son algo más de 17.000, lo que representa aproximadamente el 14% de las 126.000 personas que residen en los municipios de la zona norte de Toledo afectada por el convenio.
Desde este punto de vista se puede afirmar con rotundidad, que el número de solicitudes sobre las expectativas del anterior Ejecutivo es francamente bajo, lo que demuestra que la gente se ha informado y ha visto que este convenio tiene más perjuicios que beneficios.
Para la tramitación de estas 17.000 solicitudes se requiere de un trabajo administrativo y de revisión de la documentación presentada, que ha recaído sobre el área administrativa de la Gerencia de Atención Primaria de Toledo.
En ningún apartado del mencionado convenio se hace referencia a que se implementarán los recursos humanos necesarios en esta Gerencia de Atención Primaria para poder atender el trabajo administrativo derivado de la aplicación del convenio, por lo que los trabajadores de la misma han tenido que sumar a su trabajo habitual el correspondiente también a la tramitación de las solicitudes presentadas.
Por este motivo, y pese a los esfuerzos realizados por estos profesionales para tramitar las solicitudes, la Gerencia de Atención Primaria de Toledo no cuenta del personal suficiente para esta tarea, lo que está dificultando mucho la labor, de manera que en el momento actual el SESCAM considera que no es materialmente posible resolver en tiempo y forma.
