La empresa pública Tragsa y su filial Tragsatec han empezado a despedir a los 1.336 trabajadores incluidos en el ERE que el grupo presentó en 2013 pero que está ejecutando ahora, tras ser inicialmente anulado por la Audiencia Nacional y posteriormente autorizado por el Tribunal Supremo.
El ERE del grupo Tragsa, el mayor aplicado nunca en una empresa pública en nuestro país, ha provocado ya 63 despidos en Castilla-La Mancha; 31 en Tragsa -16 de ellos en Ciudad Real, diez en Toledo, tres en Guadalajara, dos en Albacete y otros dos en Cuenca-; y 32 en Tragsatec, de los que 17 corresponden a Toledo, siete a Albacete, seis a Ciudad Real y dos a Cuenca.
Los miembros de los comités de empresa de Tragsa de las cinco provincias se reunirán el próximo lunes en Toledo y posteriormente se concentrarán en la plaza de Zocodover para reclamar la paralización del ERE y la reincorporación de los trabajadores despedidos; y para exigir retomar la negociación del Plan de Viabilidad que la empresa empezó a abordar con los sindicatos cuando la Audiencia Nacional anuló el ERE, pero que abortó al ganar el recurso ante el Supremo.
Alejandro Jiménez, secretario de Organización de la Federación de Construcción y Servicios de CCOO-CLM recalca que “el ERE, es innecesario, es contraproducente por su alto coste económico y social, y está ahora menos justificado que nunca”
“Los datos económicos han cambiado. La situación de pérdidas que la empresa alegaba en 2013 ya no existe; cerró 2015 con beneficios e incluso ha contratado a 1.200 eventuales en el último año y ha aumentado el 60% de su producción”, explica Jiménez, que recuerda además que el grupo Tragsa cuenta con unas reservas voluntarias de 261 millones de euros, además tener pendientes de cobro 467 millones de euros que le adeudan distintas administraciones públicas.
CCOO responsabiliza a la dirección de la empresa, a la SEPI y a los Ministerios de Hacienda y Agricultura de “la aplicación irresponsable de la Reforma Laboral en una empresa que tiene beneficios. Con los despidos sólo pretenden sustituir empleo estable, cualificado y de calidad por empleo temporal y precario”
Brigi Soánez, secretaria general de la Federación de Servicios de CCOO CLM, añade por su parte que las indemnizaciones por los despidos supondrán un coste de “10 millones de euros como mínimo”, y advierte que “además, muchos de los trabajadores despedidos volverán a ser contratados, porque son necesarios, aunque en peores condiciones laborales”; y es que, recalca, “los trabajadores son imprescindibles, al contrario que los 500 directivos que cobran cada año más que el presidente del Gobierno y en los dos últimos años se han repartido ocho millones de euros en incentivos; es una situación chirriante”.
A nivel estatal, se han convocado dos jornadas de huelga para los días 26 de este mes de enero y 3 de febrero. Además, CCOO está manteniendo contactos con los distintos grupos políticos con representación en el Parlamento “para explicar con concreción a los miembros del Congreso la realidad del Grupo Tragsa y la situación a la que se han visto abocados sus trabajadores y trabajadoras”; y se ha reclamado por carta al Presidente de la Compañía a una reunión con carácter de urgencia en la que CCOO expondrá sus planteamientos de cara a llegar a la mejor solución posible ante el conflicto que se vive en la empresa.
En la región, se está gestionando también reuniones con el Gobierno regional y en su caso con los grupos parlamentarios en las Cortes autonómicas; además de impulsarse movilizaciones que se iniciarán el lunes 18 con la reunión de los comités de empresa de las cinco provincias y la posterior concentración en la plaza de Zocodover. Y el jueves 21 se celebrará una asamblea autonómica de todos los trabajadores.
