El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha interpuesto ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo un recurso contra el Real Decreto que regula la prescripción enfermera por la grave inseguridad jurídica y profesional que sufrirán los enfermeros, así como por los efectos perniciosos que tendrá para el funcionamiento del sistema sanitario español.
Este recurso responde al acuerdo alcanzado en el seno de la Mesa de la Profesión Enfermera de que sus dos organizaciones (SATSE y CGE) lo presentarían de manera diferenciada, y es el primero que se registra ante el Tribunal Supremo, una vez que distintos gobiernos autonómicos también han anunciado su intención de recurrir la norma aprobada por el Gobierno del PP, ahora en funciones, y que entró en vigor el pasado 24 de diciembre.
En concreto, el recurso presentado hoy por la organización sindical solicita la suspensión cautelar de la vigencia del artículo 3.2 del Real Decreto. Entre sus alegaciones se señala que, aunque en la prestación farmacéutica el médico tiene un papel central, es esencial la participación de la enfermera, ya que asegura la accesibilidad del medicamento, el seguimiento fármaco terapéutico y el apoyo profesional a los pacientes, tal y como reconoció la Ley del Medicamento de 2006.
En este sentido, se recuerda que, hasta ahora, los enfermeros desarrollaban con cierta autonomía su actuación en materia de medicamentos sujetos a prescripción médica, actuación ésta buscada, aceptada y aplaudida dada la agilidad, seguridad y confianza que ha conferido al funcionamiento de la asistencia sanitaria en nuestro país.
Algo con lo que ha acabado el Real Decreto, ya que los profesionales de Enfermería ya no pueden usar ni indicar un fármaco sujeto a prescripción médica si el médico no ha determinado previamente el diagnóstico y ha realizado la correspondiente prescripción para cada paciente, indicando, además, el protocolo a seguir. Es decir, en estas circunstancias, el enfermero debe llamar al médico y esperar a que éste refleje todo ello en la historia clínica.
Entre otros efectos perniciosos para el sistema sanitario, el recurso destaca que muchos servicios y unidades perderán la agilidad en la asistencia sanitaria que dispensan, y se hará necesario implantar de forma inmediata y urgente nuevos sistema de trabajo con los equipos multidisciplinares existentes. En definitiva, el escrito concluye que su aplicación afectará muy negativamente a la práctica diaria, perjudicando la calidad asistencial que reciben los usuarios y pacientes.
En lo que respecta a los profesionales sanitarios, se denuncia la situación de inseguridad jurídica y profesional que sufrirán directamente los enfermeros, y, de manera indirecta, los médicos. En concreto, el profesional de Enfermería podrá ser denunciado por actuar fuera de su ámbito competencial, con las graves consecuencias que ello puede tener al poder incurrir en un posible intrusismo profesional. Además, no estará cubierto por el seguro de responsabilidad civil suscrito por la institución sanitaria correspondiente.
De otro lado, en el recurso se recuerda también la reacción contraria que ha suscitado el Real Decreto en la mayoría de los Gobiernos autonómicos, todos ellos competentes en materia de atención sanitaria en su respectivos territorios, diferentes organizaciones sanitarias, sindicales y de pacientes, así como en los principales partidos políticos, con la excepción del PP.
De estimarse la suspensión cautelar solicitada por SATSE, las limitaciones que el Real Decreto impone a la enfermería quedarían sin efecto durante la tramitación del recurso, por lo que la atención sanitaria a los ciudadanos no se vería afectada. Una vez se dicte sentencia, si esta es estimatoria para los intereses de los enfermeros, la suspensión cautelar se convertirá en definitiva.
En todo caso, SATSE reitera que la pretensión de la Mesa de la Profesión Enfermera es que se negocie la modificación del artículo 3.2 para ser respetuosos con la Ley y dotar de coherencia al resto de lo regulado por el Real Decreto. En este sentido, pide la urgente convocatoria de un Consejo Interterritorial del SNS, para que Ministerio y comunidades autónomas lleguen a un consenso.
