Ángel León. Secretario general de CCOO Industria CLM.- A la vista de los resultados de la Cumbre de París sobre el cambio climático toman más importancia las decisiones nacionales o continentales que se han de tomar para reducir el crecimiento de la temperatura del planeta.
Este acuerdo aborda el problema de manera integral y define como objetivo global mantener el incremento de la temperatura “muy por debajo de los 2º C”, y establece proseguir los esfuerzos para dejarlo a +1,5 ºC; pero desgraciadamente renuncia a fijar una meta concreta. Esto provoca una falta de compromiso de objetivos por países.
Si tenemos en cuenta que ya hay una brecha de emisiones para antes de 2020 entre los diferentes países, el balance que se puede hacer es que se ha llegado a un acuerdo de mínimos muy insuficiente para posibilitar la firma de los países presentes.
En primer lugar, establece la obligación para todos los países de comunicar periódicamente sus emisiones y la captura de gases de efecto invernadero. El texto precisa que esta información será sometida a un examen técnico individual, realizado por expertos que incluirá propuestas de mejora para cada país. Se realizará un primer balance mundial en 2023 y a partir de entonces, cada cinco años, para valorar el avance global del cumplimiento de los objetivos del acuerdo.
Se establece un mecanismo para incrementar la ambición climática antes de que entre en vigor en 2020 y se organiza para 2018 la realización de un balance de los esfuerzos colectivos y del avance en el logro del objetivo a largo plazo para orientar la preparación de las contribuciones nacionales.
Además, todos los países tendrán que comunicar un compromiso nuevo o renovado para el año 2030, entre 9-12 meses, antes de la Conferencia de las Partes (COP) de 2020.
La revisión al alza de la ambición podría concretarse en un futuro, pero mientras tanto se pueden perder algunos años importantes para reducir emisiones y frenar el calentamiento.
A mi juicio tenemos que retomar la política de generación de energías limpias. Estas energías son el futuro y cualquier persona con esta visión y perspectiva histórica, sabe que cualquier avance tecnológico requirió de inversión pública, y este no iba a ser un caso excepcional. Podemos discutir si la política de primas era excesiva o ajustada a la realidad, pero la necesidad de generar energía limpia es incuestionable.
Un claro ejemplo que va en la línea del acuerdo de París es la apuesta de la UE por proyectos como ELCOGAS en Puertollano. Esta empresa nació en 1996 como un proyecto experimental de I+D+I en el tratamiento del carbón para hacerlo de forma más ecológica a través de un proceso de gasificación. En su construcción participaron las principales compañías eléctricas como Endesa, EDF, Iberdrola o EDP y tuvo una inversión inicial de 750 millones de euros, 50 de ellos provenientes de una subvención de la UE. Elcogas emplea una tecnología limpia que aprovecha recursos propios, que ha sido reconocido como una solución energética para nuestro país y que es referencia mundial en I+D+I.
Después de más de un año y medio de ejemplar lucha de los trabajadores y trabajadoras y de las organizaciones sindicales en defensa de este proyecto tecnológico, el pasado 22 de diciembre la dirección de la empresa presentó un plan de viabilidad ambicioso, que supone una hibridación de la central actual hacia la biomasa y los residuos urbanos que se podrían utilizar en esta planta, dado que éstos son de difícil gestión.
Ante el cierre previsto para el próximo 31 de enero de Elcogas, necesitamos que este plan de viabilidad tenga apoyo, inversión y compromiso del Gobierno central en funciones, -dado que el inicio del periodo de consultas del ERE de extinción comenzará el próximo día 14 de enero- y que con ello se deje sin efecto el cese de la actividad.
