Hoy se publicaba en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la ley 7/2015 por la que se modifica la ley de medidas complementarias para la aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales, en materia de jornada de trabajo, que supone que los empleados públicos recuperen la jornada laboral de 35 horas semanales.
La Ley, que entrará en vigor el día 1 de enero de 2016, implica que, tal como se comprometió el presidente Emiliano García-Page, las conocidas como ‘horas Cospedal’ desaparecerán en Castilla-La Mancha durante el primer año de legislatura.
El aumento de 35 a 37,5 horas de la jornada semanal de los empleados públicos de la Administración de la Junta de Comunidades fue una de las medidas que acometió el anterior Ejecutivo del PP y que supuso una destrucción de puestos de trabajo, lo que repercutió en la calidad de los servicios públicos básicos que presta la Administración regional.
Con la eliminación de esta medida del Gobierno anterior, a la que se opusieron todos los sindicatos con representación en la función pública, los empleados públicos recuperan parte de los derechos que les fueron cercenados de sus condiciones de trabajo y mejoran la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Además, se generarán 400 contratos más en los hospitales de Castilla-La Mancha para adecuar los horarios a las jornadas sin disminuir la prestación a los usuarios.
La Ley 7/2015, que, a excepción del artículo en materia de jornada de trabajo, entrará en vigor mañana tras ser aprobada el pasado 2 de diciembre por las Cortes regionales, también posibilita la prolongación de la permanencia en el servicio activo del personal funcionario y estatutario de la Administración de la Junta tras cumplir 65 años.
También mañana entrará en vigor la Ley de medidas para la garantía y continuidad en Castilla-La Mancha de los servicios públicos como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local.
La aprobación de esta Ley tiene como objetivo principal garantizar la continuidad en la prestación de servicios públicos, clarificando y dotando de seguridad jurídica el régimen aplicable a competencias tan esenciales como la educación, la sanidad y los servicios sociales, para que puedan seguir prestándose por los municipios.
Cumplimiento de compromisos
Este paquete de medidas ha supuesto el cumplimiento de parte de los compromisos adquiridos por el Gobierno regional, que también en estos meses ha restablecido el diálogo social con los sindicatos, ha paralizado el plan del anterior Ejecutivo de reducir a la mitad la plantilla del parque móvil, ha aprobado las modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo de todas las consejerías y ha constituido los comités de seguridad y salud laboral de la Junta.
Asimismo, abonó en la nómina del mes de octubre el 26,23% de la paga extraordinaria suprimida a los empleados públicos en 2012, ha facilitado que los funcionarios puedan compatibilizar su puesto con el de profesor asociado a la universidad y está incorporando a los interinos despedidos ilegalmente en agosto de 2012.
Respecto al personal laboral de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ha aprobado el calendario de negociación del VIII Convenio Colectivo y la devolución de un moscoso más.
Además, sigue negociando con los sindicatos el acuerdo marco para cumplir el compromiso de recuperar a lo largo de esta legislatura todos derechos de los empleados públicos suprimidos y recortados por el anterior Gobierno.
