El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha informado de que «hoy el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la ayuda para la contratación de seguros agrarios, una herramienta imprescindible para hacer frente a las inclemencias meteorológicas, entre ellas la sequía». Un anuncio que ha realizado de forma previa a la clausura de la asamblea anual de ASAJA, ante más de 300 agricultores y ganaderos de la provincia de Cuenca.
Martínez Arroyo ha destacado el “importante esfuerzo del Gobierno regional de aportar 4,2 millones de euros, un 11% más que la campaña pasada, para apoyar y financiar los seguros de los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha”. Una forma de fomentar la contratación de pólizas a través de ayudas directas a los productores para la financiación de su seguro, para no estar a merced del tiempo en el sector primario en pleno siglo XXI.
Por su parte, el presidente de ASAJA Castilla-La Mancha, José María Fresneda ha reconocido que es “un honor” contar con el consejero de Agricultura en su asamblea anual y ha defendido las políticas llevadas a cabo desde la Consejería en cuanto a los pagos de la PAC, aunque también ha avisado que “la agricultura de la provincia de Cuenca no puede entenderse sin el acceso al agua” y desde su organización van a defender el derecho de riego de los agricultores.
Acceso al agua en el Alto Guadiana
En este sentido, respecto a la prórroga especial del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) solicitada por el Gobierno regional al Ministerio de Agricultura, Martínez Arroyo ha recordado que “se ha conseguido” pero ha insistido en la necesidad de crear un «instrumento de coordinación entre las dos administraciones implicadas»; la central, «que es la que tiene competencia en materia de agua» y la autonómica, «que tiene competencia en materia de agricultura y territorio».
El consejero considera necesario “reeditar ejemplos de colaboración entre administraciones, como el Consorcio del Alto Guadiana” para poder instar a que la Administración General del Estado “cumpla con el compromiso que tiene desde el año 2011 con las 2.000 explotaciones prioritarias, es decir, 2.000 agricultores profesionales y 2.000 familias que dependen de la agricultura en el Alto Guadiana” y ese compromiso a su juicio es “ineludible” y desde Castilla-La Mancha “vamos a pedir reiteradamente que ese compromiso se cumpla», ha concluido.
