La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha anunciado que unos 1.050 cónyuges de personas mayores dependientes podrán solicitar residir en plaza pública junto a ellos “en una recuperación de derecho que nos parece de justicia porque cuando uno es mayor es cuando más necesidad de apoyo precisa”.
Así lo ha anunciado hoy la consejera en su visita a varios recursos sociales en la localidad de Yuncos, acompañada por su alcaldesa, María José Gallego, en la que ha confirmado que a partir del 1 de febrero esas personas podrán solicitar el acceso preferente a plaza residencial.
“Precisamente cuando una persona es mayor es cuando más necesidad tiene de compañía” ha destacado Aurelia Sánchez, que ha recorrido las instalaciones del Centro de Servicios Sociales municipal en el que tienen su sede asociaciones como la de jubilados “San Blas” o la de amas de casa “Las 13 rosas”.
Posteriormente ha visitado la residencia “Nuestra Señora del Consuelo”, que cuenta con 48 plazas, cuatro de ellas municipales, para la que la alcaldesa ha solicitado plazas concertadas por el Gobierno regional “en la medida de las posibilidades”, para atender a una población de más de 11.000 habitantes.
El Ayuntamiento de Yuncos ha suscrito en 2015 el convenio del Servicio de Ayuda a Domicilio, en el que tiene asignadas 13.570 horas de auxiliares, para atender a 38 usuarios y 58 beneficiarios, gracias a las contratación de 13 auxiliares de ayuda a domicilio.
Gracias al Plan Concertado, el municipio dispone de una red básica de servicios sociales, atendidos por tres trabajadores sociales, dos educadores y un auxiliar administrativo, además de tener en marcha un Plan Regional de Integración Social que lleva a cabo la asociación “Llere” dirigida a la integración social y educativa de colectivos en riesgo de exclusión.
Los técnicos de la entidad socio-educativa llevan a cabo tres acciones de intervención social dirigidas a la formación y mejora de competencias para la inserción laboral, la orientación e intermediación social y a la educación social, con el objetivo de disminuir el impacto de las condiciones de exclusión propia de la zona y el colectivo, en los ámbitos sociales y educativos.
