Isaac Martín. Profesor Titular de Derecho Administrativo. Director del Centro de Estudios Europeos “Luis Ortega Álvarez” de la UCLM.- Una conjunción planetaria ha hecho que el 10 de diciembre coincidan tres celebraciones muy significativas: la entrega de los Premios Nobel en Suecia, la Festividad de Nuestra Señora de Loreto, Patrona de la Aviación, y el aniversario de la entrada en vigor en nuestro país de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
Suecia, primer país en contar, en 1776, con una Ley reguladora del derecho de acceso; los altos vuelos, que permiten al ser humano hacer realidad el sueño de Ícaro de elevarse para tocar el sol, cuya luz, como es sabido, es el mejor de los desinfectantes, del mismo modo que la transparencia es el mejor instrumento para lucha contra la corrupción; y la Ley de Transparencia, que cumple un año de vida y hoy entra en vigor para Comunidades Autónomas y Entes Locales, son tres vectores que inspiran una excelente reflexión sobre la importancia de poder acceder a la información pública en el contexto de un Estado democrático, no sólo como medio de participación y de lucha contra la corrupción, sino también como vía generadora de valor económico.
Así sería, sino fuera por tres motivos. En primer lugar, por la falta de desarrollo reglamentario de la Ley –a pesar de que han transcurrido dos años desde su aprobación–, un desarrollo absolutamente necesario para acotar alguno de los aspectos que, por tratarse de cuestiones de detalle, ésta no regula suficientemente (forma y tiempo de las obligaciones de publicidad activa o algunos trámites del procedimiento en materia de acceso, por señalar dos ejemplos). Ello es clara muestra del escaso interés político del Gobierno en una aplicación eficaz de la norma.
En segundo lugar, por las limitaciones de medios –económicos y humanos– del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, órgano imprescindible para lograr el cumplimiento de las finalidades de la Ley y la implantación de una auténtica cultura de la transparencia en nuestra sociedad. Ha de tenerse presente, además, que en muchas Comunidades Autónomas no existe órgano de control de la legalidad de la actuación administrativa en materia de acceso y que no se ha firmado aún ningún Convenio de Colaboración con el Consejo Estatal de Transparencia.
En tercer lugar, nuestra falta de madurez como ciudadanos activos, exigentes con la gestión de la cosa pública y con nosotros mismos en relación con nuestra participación dinámica en la vida democrática y en el proceso de toma de decisiones públicas. Nos importa poco la transparencia.
Hemos de ser conscientes de que estamos en las primeras fases de aplicación de la Ley. Resulta necesario contar con más tiempo para que instituciones, sistemas de gestión, empleados públicos y ciudadanos nos adaptemos a ella. Sin embargo, no menos cierto es que se están vislumbrando carencias y omisiones –algunas de ellas claramente buscadas–que pueden derivar en que esas primeras fases sean también las últimas.
Si nuestros dirigentes públicos, las personas que están al servicio de las Administraciones y nosotros mismos no creemos de verdad en la importancia de la transparencia todo seguirá igual o, incluso, peor, porque habremos perdido una oportunidad única: la que ofrece la fuerza de una nueva Ley y de su sistema de garantías. Feliz aniversario…
