Ecologistas en Acción–Ciudad Real.- El primer Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG), se aprueba por el Consejo del Agua en reunión celebrada el 22 de diciembre de 2003 en el marco del Plan Hidrológico de la Administración de José María Aznar.
Tras la victoria de José Luís Rodríguez Zapatero y el nombramiento de Cristina Narbona como ministra de Medio Ambiente, los planteamientos del mismo dan un giro espectacular y abren realmente la posibilidad de que el PEAG se convierta en un laboratorio para el cumplimiento efectivo de la Directiva Marco del Agua.
Sin embargo, las presiones de los agricultores – liderados injustamente por ASAJA – y la subordinación del gobierno de José María Barreda a las mismas, abortan las expectativas del PEAG, conduciéndolo a ser sólo una prolongación de lo que antes habíamos conocido como Plan de Compensación de Rentas (llamado también eufemísticamente Plan de Humedales); o sea, repartir dinero entre los agricultores (¿solamente?) y mantener de hecho niveles de explotación claramente insoportables e incompatibles con la Directiva Marco del Agua (DMA)
La previsión de lo que iba a pasar con el Plan es lo que condicionó nuestro voto negativo en la mencionada reunión del 22 de diciembre. Los acontecimientos posteriores cumplieron lamentablemente nuestras peores sospechas. En fechas recientes, la Asociación Ojos del Guadiana Vivos ha demandado, en aras de la transparencia administrativa, una memoria en la que se presenten a la luz pública los datos fundamentales, pero suficientemente detallados, de todas y cada una de las actuaciones que se llevaron a cabo con los millones de euros que se gastaron antes de que el último gobierno del PP paralizara la gestión del Consorcio Alto Guadiana.
En medio de los sucesivos procesos electorales que se han venido desarrollando a lo largo de 2015, renace el interés por el Plan Especial, atendiendo únicamente a dilucidar “aquello que no quedó resuelto”: la aportación de 40 Hm3 para “legalizar” los miles de pozos que permanecen al margen de la regulación. El pasado 28 de noviembre, Lola Merino, representante del PP, calificaba en un periódico provincial de “auténtica estafa” al PEAG “porque ni trajo agua ni dinero”. Pero es que el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, a propósito de una resolución PSOE-Podemos en el seno de las Cortes regionales con fecha de 26 de noviembre, reconoce que el objetivo del Plan es cumplir los compromisos con los regantes y tramitar los expedientes sobre los pozos pendientes de resolución.
Pues bien, ese no es un Plan Especial. Ese es el mismo plan de siempre y nosotros debemos seguir denunciándolo. Por otra parte, la coyuntura histórica de los primeros años de este siglo ha quedado definitivamente superada tras las causas y las consecuencias de la crisis y las proyecciones realistas inducidas por el cambio climático en nuestra zona; de manera que resucitar soluciones obsoletas carece de todo interés. Por decirlo de otra manera, perdimos la oportunidad del Plan Especial y ahora nos queda – que no es poco – el Plan de Demarcación Hidrológica y las prórrogas – inmerecidas – de la Directiva Marco. Tenemos otra oportunidad, pero es probable que la perdamos también ¡Lástima!
