El sindicato CSI·F denuncia la propuesta de creación de numerosos puestos de libre designación en la Junta de Comunidades y la negativa de sus representantes en la mesa sectorial para ser sustituida su propuesta por una forma de provisión más acorde con el criterio de los diferentes tribunales de justicia–en sus respectivas sentencias- y expertos en materia de función pública, que reclaman una administración “despolitizada y libre del peregrino y arbitrario argumento de la confianza”.
CSI-F solicitó en esa negociación que los informes y memorias justificativas de la creación de esos puestos estén avalados por unos criterios objetivos para acceder a ellos, «puesto que en todos los casos se argumenta la necesaria preparación profesional y la cualificación especialmente técnica que se precisa, en lugar de presentar una relación de funciones del puesto cuyo requisito fundamental es la confianza”.
“Para eso ya tienen a los asesores a los que sin tanta exigencia remuneran generosamente, en una clara apuesta por reducir la precariedad en el empleo que predica este Gobierno…..al menos con algunos”, señala.
A CSI·F le «sorprende desagradablemente» que se proponga aumentar el número de asesores e incrementar sus retribuciones, «lo que ha supuesto un aumento del 40% con respecto a los presupuestos anteriores, aproximadamente de 200.000 euros, solo para los 24 nuevos puestos de asesores, que hay que añadir a los 88 existentes ya», denuncia CSI·F.
«Al parecer, para este Gobierno, entre sus prioridades de primer orden están el incremento en número y retribuciones de sus asesores», advierte.
Personal de Bono
Por otra parte, y ante el “sainete” sobre si Bono ha renunciado o no a sus privilegios, y sin querer entrar en estériles polémicas, CSI·F denuncia que en la propuesta de modificación «se siguen manteniendo los dos puestos de secretarias y conductor del expresidente, que solo sufren un cambio de adscripción de centro de trabajo, pasando de estar en el gabinete de Presidencia a la Secretaría General de Presidencia, pero manteniendo unas elevadas retribuciones que no concuerdan con el puesto, sin entender porqué la administración mantiene estos privilegios».
