El Gobierno de Castilla-La Mancha se compromete a restablecer todos los derechos retributivos, laborales y profesionales arrebatados a los empleados públicos de la Junta de Comunidades por el PP, una restitución que se hará a lo largo de la legislatura, en función de las disponibilidades presupuestarias y de acuerdo con los sindicatos.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, así lo ha afirmado durante su intervención en el debate general sobre la devolución de la paga extraordinaria suprimida a los funcionarios por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012, en la que ha destacado que este proceso de recuperación se definirá en un acuerdo marco que el Gobierno regional está negociando con los sindicatos.
El objetivo de ese acuerdo, al que el Gobierno llegará con los sindicatos “sin ninguna duda”, es recuperar a lo largo de esta legislatura “el nivel de calidad en la prestación de los servicios públicos que había en 2011”, ha resaltado el consejero, quien ha añadido que “no todo se puede hacer de un solo golpe”, aunque el “cargarse en cuatro años el Estado de bienestar”, eso el PP “sí lo ha hecho de golpe”.
Ruiz Molina ha aclarado que la restitución de derechos por parte del Gobierno de Emiliano García-Page se hará “de forma acompasada porque se trata de restituir los derechos de los ciudadanos al mismo tiempo que se restituyen los derechos de los funcionarios y, por tanto, será necesario gestionar la impaciencia de los empleados públicos” para que se pueda, por un lado, “reconstruir el Estado de bienestar” y, por otro, “devolver a los funcionarios los derechos que se les han quitado, pero siempre cumpliendo los objetivos de déficit y estabilidad presupuestaria”.
Por ello, el consejero ha replicado durante el debate que el Gobierno puede “destinar todos los recursos a ese 30 por ciento de la población que está en causa de exclusión social o dedicar todos los recursos disponibles a restituir de un plumazo los derechos de los funcionarios”, pero que, dado que “gobernar es priorizar”, lo que se hará a lo largo de estos cuatro años es “hacer compatible atacar el nivel de pobreza que ha dejado el PP y, al mismo tiempo, ir restituyendo paulatinamente los derechos conculcados a los funcionarios”.
El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha pedido al PP que no malmeta y permita a la Junta y a los sindicatos continuar con la negociación, porque los representantes de los empleados públicos “tienen más sensatez” que el PP al “no aspirar a tanto en tan poco tiempo”. Aunque este objetivo de malmeter en la negociación no lo van a conseguir, ha continuado, “porque no tienen credibilidad ninguna en relación con los empleados públicos”.
Cuatro años de maltrato y desprestigio a los trabajadores de la Junta
Por otra parte, Ruiz Molina ha expresado su extrañeza porque el PP pida ahora “arreglar en cuatro meses lo que ellos mismos han destrozado en cuatro años”, por lo que los “empleados públicos pensarán que están ante un claro ejemplo de oportunismo político” por parte del PP porque “son inteligentes y tienen buena memoria”.
En este sentido, ha añadido el consejero, que “han sido los trabajadores de la Junta de Comunidades los empleados públicos más castigados en el conjunto de las Comunidades Autónomas, incluso de las gobernadas por el PP, porque Cospedal quiso presentarse ante los ojos de los ciudadanos como una nueva versión de la ‘dama de hierro’ del siglo XXI”.
“Cuatro años de maltrato y desprestigio continúo a los trabajadores de la Junta y resulta que ahora abanderan la recuperación del empleo público después de haberla mancillado” durante toda la legislatura, ha señalado el consejero.
Según ha destacado Ruiz Molina, ha sido la propia Cospedal la que ha admitido que si hubieran sido “menos duros con los funcionarios seguiría siendo presidenta de Castila-La Mancha”, afirmación a la habría que añadirse para que fuera cierta el haber sido “menos duros, menos injustos y menos soberbios con la inmensa mayoría de los ciudadanos, con los parados, con las personas dependientes, con los maestros, con los profesionales sanitarios, con los pobres, con los empresarios”.
Respecto a cifras, el consejero ha explicado que “como consecuencia de la falta de diálogo y de la vulneración de los derechos de los trabajadores los ciudadanos han tenido que pagar más de 28 millones por la readmisión de los interinos que fueron injustamente despedidos” ya que el PP “se saltó a la torera toda la legislación”.
“Esos 28 millones hubieran dado tanto para pagar la extra como para contratar a más de 400 sanitarios”, ya que es “un importe superior a lo que cuesta restituir la jornada desde 37,5 a 35 horas”, como se hará a partir del 1 de enero cumpliendo con el compromiso de García-Page.
A lo largo del debate, el consejero ha repasado los derechos de los empleados públicos cercenados por el anterior Gobierno y, entre los que se encuentran, al margen de los miles de despidos, la bajada retributiva del 3%, la conocida ‘tasa Cospedal’; imposición de la jornada laboral de 37 horas y media, denominadas como las ‘horas Cospedal’; la supresión de la prestación de la incapacidad temporal; la reducción de cinco días de asuntos particulares; la suspensión del Programa de Acción Social del personal funcionario y laboral y la congelación de las ofertas de empleo público.
“Hacerlo peor que el Gobierno de Cospedal en materia de función pública es insuperable”, ha resaltado Ruiz Molina al respecto.
Medidas adoptadas
El Gobierno regional no ha dejado ni un minuto de trabajar con las organizaciones sindicales para restablecer los derechos perdidos de los empleados públicos y así se ha recuperado el diálogo social, se restablecerá a partir del 1 de enero la jornada de 35 horas semanales, se ha abonado en la nómina del mes de octubre el 26,23% de la paga extraordinaria de 2012 suprimida por el Gobierno de Rajoy y la Junta se ha allanado en el procedimiento judicial pendiente para facilitar la readmisión de los interinos cesados ilegalmente por el anterior gobierno.
La supresión de las plazas de asesores destinadas a cubrir las plazas de conductores de altos cargos, la prolongación del servicio activo a funcionarios y personal estatutario que cumple 65 años, la recuperación del sexto día de asuntos particulares suprimido para los laborales y la aprobación de un cupo de 404 docentes más en este curso son otras de las medidas que ya se han adoptado.
