El director provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, Francisco Pérez, ha mostrado el apoyo del Gobierno regional a todas las mujeres víctimas de violencia de género en este Día Internacional de la eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Pérez ha aseverado que “el Gobierno de Castilla-La Mancha ha estado y estará con las mujeres víctimas de violencia de género con aquellas medidas que sean necesarias para poner fin a esta barbarie que es la violencia de género”.
El director provincial de Hacienda y Administraciones Públicas ha recordado que Castilla-la Mancha fue pionera en la lucha contra la violencia de género con una ley integral aprobada en 2001 que, junto con otras medidas preventivas, inspiró años más tarde la ley que aprobó el Gobierno de España en 2004.
En un nuevo avance, Francisco Pérez ha valorado la aprobación de una nueva ley contra la violencia de género anunciada esta misma semana por el presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page y con la que “se pretenden implementar medidas efectivas que traten de cortar esta barbarie”.
Entre esa serie de medidas concretas, el responsable provincial de la Junta ha citado el esfuerzo por duplicar las ayudas a las mujeres víctimas de violencia de género cuando abandonan un centro de acogida para emprender una nueva vida, los incentivos a las empresa que aprueben y pongan en marcha planes de igualdad o una serie de medidas socio-educativas en los centros de enseñanza, al advertir sobre este último punto que a través de las redes sociales “se están lanzando mensajes con tintes racistas, xenófobos y sobre todo machista a lo que hay que poner coto”.
Recordar por último que Francisco Pérez ha asistido al acto institucional del Día Internacional de la eliminación de la Violencia contra la Mujer celebrado en la Subdelegación del Gobierno, un acto en el que se ha leído un manifiesto al que el director provincial de Hacienda y Administraciones Públicas ha lamentado no poder adherirse en su integridad porque “ha sido redactado de forma unilateral y sin el previo consenso deseado”.
