La secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO CLM, Carmen López, junto al responsable de Administración Local de la FSC, Francisco Javier Pina, y el secretario regional de Acción Sindical de esta federación, José Mª Sanz, se reunieron ayer con la presidenta de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) de Castilla-La Mancha, Mayte Fernández, para explicarle las propuestas del sindicato para garantizar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores y trabajadoras de las entidades locales castellano-manchegas y para una mejor prestación de los servicios públicos municipales.
Entre los asuntos abordados en este encuentro, López destaca la “histórica reivindicación” de un espacio de negociación para toda la Administración Local de Castilla-La Mancha, que se concretaría en un Acuerdo Marco, como el que ya existe en la Comunidad Valenciana, Madrid, Aragón, Cataluña o Castilla y León, y que “permitiría avanzar en la equiparación de las condiciones laborales entre el personal laboral y el funcionario de una misma administración, así como en la homogeneización en el conjunto de las empleadas y empleados públicos locales en temas como permisos, jornada, derechos, conceptos salariales, políticas de igualdad, salud laboral o formación, entre otros”.
En Castilla-La Mancha existen 919 ayuntamientos, de los cuales sólo 14 tienen más de 20.000 habitantes. 53 tienen entre 5.000 y 20.000 habitantes, de los que la mayoría cuentan con algún acuerdo o convenio que regula las condiciones de trabajo de sus empleados y empleadas. Sin embargo, una gran parte de los 852 municipios que tienen menos de 5.000 habitantes no disponen de regulación propia y negociada de las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras.
“Esa falta de regulación negociada permite que muchos municipios apliquen al personal laboral convenios colectivos sectoriales del sector privado, que nada tienen que ver con la realidad y el funcionamiento de la Administración Local, incluso en algunos casos se aplican tres o más convenios en una misma administración”, denuncia López, quien añade que la negociación de las condiciones de trabajo en los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes es “difícil de llevar a cabo, y más cuando en muchos casos estos ayuntamientos no disponen de representantes legales de los trabajadores».
Otra de las cuestiones destacadas por la máxima responsable regional de la FSC CCOO es la propuesta para facilitar a las empleadas de las entidades locales que sean víctimas de violencia de género la movilidad geográfica en otras administraciones locales de la región mediante un acuerdo con la FEMP-CLM. Hoy mismo, la FSC de CCOO CLM ha registrado un escrito instando a la presidenta de la FEMP a que “en el ámbito de las Administraciones Locales y dentro del marco establecido por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la FEMP impulse los acuerdos necesarios para hacer efectivo el derecho de movilidad geográfica entre los municipios y entre las provincias para aquellas trabajadoras que sean víctimas de violencia de género”, concluye López.
Por último, la secretaria general de la FSC de CCOO CLM agradeció el interés mostrado por Fernández y la predisposición y voluntad de recuperar una interlocución entre la institución que ella preside y CCOO para avanzar en las propuestas trasladadas en la reunión.
