El sindicato independiente CSI·F, mayoritario en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM), ha decidido hoy en su reunión del consejo autonómico en Toledo la realización de movilizaciones para forzar un acuerdo que permita la recuperación y mejora de las condiciones laborales y salariales de los 67.000 empleados públicos de la Junta.
CSI·F, que pide a los demás sindicatos sumarse a estas movilizaciones, considera que el gobierno de Page «está retrasando de forma evidente la negociación, con la excusa de la falta de Presupuestos para 2016 y con la vista puesta en las elecciones generales de diciembre». «Mientras tanto, la JCCM realiza una vergonzosa campaña de publicidad entre los empleados públicos, vendiendo propuestas electorales y anuncios grandilocuentes», señala.
Para CSI·F, «la realidad es que a día de hoy, el gobierno de Page solo ofrece humo e inasumibles promesas de recuperación a plazos y frente a lo firmado en otras Comunidades Autónomas, aquí solo presentan calendarios de negociación que dilatan en el tiempo las posibles mejoras».
«No hay nada concreto ni fechas sobre la desaparición de la Tasa del 3%, ni sobre la mejora al 100% en los casos de incapacidad temporal, ni sobre el 50% restante de la extra del 2012, ni sobre la aplicación de los días de antigüedad», subraya.
Jornada de 12 horas en el Sescam
«Además», prosigue, «la medida estrella que anunciaba García Page de recuperación de las 35 horas semanales, se ve empañada por los recelos hacia su viabilidad manifestados por el director general de la Función Pública y por su pretensión de aplicar en el SESCAM la jornada de 12 horas ininterrumpidas».
Ante esta situación de «parón negociador» y por la defensa de los empleados públicos de la Junta, CSI·F ha decidido pasar a la acción y realizar concentraciones en las provincias de Castilla-La Mancha, para pedir la aplicación inmediata a los empleados públicos de la JCCM de las medidas que se han aprobado en la administración estatal, para exigir la derogación de la Ley 1/2012 del gobierno de Cospedal y para acabar en los Presupuestos 2016 con la «infamia que supone el mantenimiento de la rebaja salarial del 3%, única en toda España y la normativa de incapacidad temporal que sigue vigente».
