El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha confirmado que el Ejecutivo autonómico recurrirá la Ley de Montes del Estado compartiendo con Aragón su oposición a una normativa “tramposa que, por la puerta de atrás, a traición, de manera cobarde, ha planteado una puerta entreabierta a los trasvases en el futuro”.
Así lo ha asegurado el presidente tras la reunión que ha mantenido este viernes en Zaragoza con su homólogo aragonés, Javier Lambán, en el edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, para departir, entre otros asuntos, sobre financiación autonómica y de servicios públicos, el modelo territorial y la gestión de los recursos hídricos.
García-Page ha asegurado entender a la perfección la postura del Gobierno aragonés sobre los trasvases ya que Castilla-La Mancha acarrea con las consecuencias de “un trasvase que se aprobó en dictadura” –en referencia al Tajo-Segura- y que ha terminado por convertir el río Tajo “en otra cosa”. No obstante, ha reiterado su intención de alcanzar acuerdos con las comunidades del Levante, una vez hayan pasado las elecciones generales, “sabiendo que el agua hay que compartirla con todos” pero sin olvidar las necesidades de la cuenca cedente.
Garantía de acceso a las telecomunicaciones
Por otro lado, el presidente García-Page ha asegurado que, a lo largo de la presente legislatura, el Gobierno regional va a garantizar el acceso a las telecomunicaciones y las nuevas tecnologías en todo el territorio regional como un derecho y un servicio esencial para los ciudadanos, como lo es la educación o la sanidad, especialmente en los entornos rurales para evitar su despoblamiento.
“Vamos a hacer por ley que nadie se tenga que ir por falta de telecomunicaciones y lo vamos a garantizar a lo largo de toda la legislatura”, ha afirmado el presidente autonómico, quien ha detallado que en las últimas semanas ya ha mantenido reuniones en este sentido con las principales operadoras para exigirles “el funcionamiento correcto de los contratos y, por supuesto, garantizarlos nosotros como poder público”.
García-Page ha afirmado que el despoblamiento de zonas rurales en algunas comunidades autónomas, una situación que comparten tanto Castilla-La Mancha como Aragón y que ha sido también objeto de la reunión entre ambos presidentes autonómicos, debe entenderse también en las dificultades de las telecomunicaciones, que pueden limitar la igualdad de oportunidades.
En este sentido, el jefe del Ejecutivo autonómico ha apostado por establecer “mecanismos legales” que garanticen este servicio y sea reconocido “como derecho ciudadano, de modo que se esté donde se esté en España se acceda al teléfono, al 4G y a todas las nuevas tecnologías”.
Fondo Cohesión Sanitaria y Modelo de Financiación Autonómica
El presidente de Castilla-La Mancha también ha anunciado que el Ejecutivo regional trabajará porque “se restablezca el Fondo de Cohesión Sanitaria”, después de que, tal y como ha denunciado, el Gobierno central “por primera vez en toda la democracia” se haya planteado acabar con él.
García-Page ha considerado “una auténtica amenaza” esta posibilidad ya que, tal y como ha explicado, “es la piedra que puede hacer que dejemos de tener un Sistema Nacional de Salud”.
Por otro lado, el presidente de Castilla-La Mancha ha defendido un nuevo modelo de financiación autonómica que tenga en cuenta el despoblamiento, la captación de fondos europeos y el desbloqueo de infraestructuras que cohesionan el territorio, caso de las autovías.
García-Page ha hecho especial hincapié en que el nuevo mecanismo financiero debe basarse en la cooperación y, en este punto, ha destacado la defensa de los derechos fundamentales dirigidos a la población –caso de la educación o la sanidad- atendiendo a criterios de tiempo, distancia y tiempos de respuesta.
Al respecto, también ha expresado su deseo de que, en los próximos diez años se inaugure un período en el que se refuercen “los mecanismos de cooperación” entre comunidades autónomas “sobre la base de una clarificación evidente en el mapa competencial”; una nueva etapa en la que ha reclamado asimismo al Estado que asuma “en serio” su papel como armonizador y de cohesión.
