El ejemplo de Terrassa

La ciudad que conocemos en castellano como Tarrasa tuvo el nombre latino de Terracia, que en catalán se escribía Terraça y Terrassa. Parece que en el siglo XVI se impuso la denominación de Tarrassa, hasta finales del XIX cuando se recuperó el nombre de Terrassa. Durante la dictadura franquista fue Tarrasa, por supuesto, pero en 1977, tras una amplia campaña popular, se volvió a Terrassa y hoy es el nombre oficial.
Pues bien, su Ayuntamiento fue en 2013 el primero de una ciudad en multar a los bancos por tener viviendas vacías, casi 5.000 en ese año. Desde entonces hasta octubre de 2015 se han abierto 803 expedientes, de los que 446 han sido archivados al dejar de estar las casas vacías. La medida había sido exigida durante casi tres años desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Terrassa, pues los pisos estaban vacíos, como en toda España, por la explosión de la burbuja inmobiliaria o tras las expulsión de inquilinos.

¿Fue la decisión de Terrassa fruto de la labor política de bolivarianos, revolucionarios o antisistema? Desde luego que no. Se empezó a desarrollar en 2013, junto a una serie de medias de carácter social (Huerto Comunitario, Mesa de la Pobreza Energética, Mesa de la Vivienda, Monedero de Impacto Social…), gracias al pacto de legislatura que firmaron en 2011 el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) e Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EuiA) y mantenida tras el pacto de gobierno de julio de 2015, suscrito por el PSC y Convergència i Unió (CiU). Pero la medida fue contagiosa y se puso en funcionamiento en otros municipios catalanes.

Por supuesto, los bancos no se quedaron quietos y sus aparatos jurídicos atacaron con la apertura de un buen número de contenciosos que, hasta el momento, han encontrado sentencias desfavorables. La actuación del Ayuntamiento se ajusta a derecho pues se alega el principio constitucional de la función social de la propiedad y el derecho a la vivienda digna. En realidad el Consistorio no persigue la multa sino llamar la atención a las entidades bancarias por su acaparamiento y ofrece dos soluciones: traspasar los pisos vacíos a la bolsa de vivienda pública u ocuparlos por su cuenta con inquilinos en un breve plazo.

El Censo de Población y Viviendas 2011 proporciona la cifra de 3.443.365 viviendas vacías en España, casi un catorce por ciento del total existente. En Castilla-La Mancha el número de viviendas era de 1.244.941, de las cuales 202.657 estaban vacías, muy cerca del seis por ciento del total nacional de viviendas vacías y un 16,3 respecto al total de viviendas de la Comunidad. Entre las quince provincias españolas con más viviendas vacías estaban Toledo (puesto 5), Albacete (12) y Ciudad Real (15).

Por su parte, la provincia de Ciudad Real tenía 285.971 viviendas, de las que 46.432 estaban vacías, es decir un 16,2 por ciento. La situación en los municipios de la provincia con más de 20.000 habitantes aparece reflejada en el cuadro.

El criterio que utiliza el INE para identificar la vivienda vacía es el siguiente: “Cuando permanece sin ser ocupada, está disponible para venta o alquiler o incluso abandonada”. Evidentemente, con las necesidades que hay no es ético, es inmoral, aunque sea legal, el parque de viviendas sin ocupar. Y muchas de ellas están en poder de los bancos, esas instituciones financieras que han recibido de todos nosotros una verdadera lluvia de millones de euros.

De los curritos de nómina la Administración lo sabe todo pero de los bancos casi nada. Es necesario, por tanto, realizar el censo de viviendas vacías en poder de la banca. Y después emprender acciones como las del Ayuntamiento de Terrassa, que podrían ayudar a paliar el problema. En este sentido es pertinente recordar que en junio de 2015 el Parlamento Vasco aprobó la Ley vasca de vivienda, que contempla la expropiación temporal de pisos a bancos, y en julio pasado el Parlament de Cataluña aprobó, con el objetivo de reducir la cifra de viviendas vacías y potenciar el alquiler social, la ley que implanta el impuesto sobre viviendas vacías de bancos y empresas inmobiliarias con excedentes de pisos que lleven más de dos años sin estar habitados.

Mientras tanto, las campañas de la PAH en esa dirección, invitando a parlamentos y ayuntamientos a entrar en el tema, se extienden por toda España. La última es “La Sareb es nuestra”, que cuenta con una web en la que se han situado en el mapa unas 30.000 viviendas vacías gestionadas por la el llamado Banco Malo.

Isidro Sánchez
Apuntes de historia