La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas seguirá negociando el próximo mes de diciembre con los sindicatos el acuerdo para la recuperación de los derechos y mejora de las condiciones de trabajo de los empleados públicos para el periodo 2015-2019.
Así lo ha manifestado el director general de Función Pública, José Narváez, tras la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos, que ha presidido hoy y a la que han acudido representantes de los sindicatos CCOO, UGT, FSES, CSIF e Intersindical-CLM.
En la reunión de la Mesa General de Negociación se ha analizado con los representantes de los empleados públicos una nueva propuesta de acuerdo con aportaciones al texto inicial que los sindicatos han presentado al Gobierno regional.
La nueva propuesta incluye un calendario de negociación para la mejora del complemento de incapacidad temporal, la garantía retributiva mínima, la jornada general de trabajo, con la implantación a partir del 1 de enero de 2016 de las 35 horas semanales en los distintos ámbitos de la Administración, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la salud laboral y prevención de riesgos laborales.
Esta propuesta, que se enmarca dentro del Acuerdo para la Recuperación Social y Económica de Castilla-La Mancha, incluye un calendario a cuatro años para la negociación de las condiciones de trabajo comunes de los empleados de la Administración de la Junta de Comunidades.
Durante el periodo de vigencia del acuerdo, respecto a las condiciones retributivas, el Gobierno regional adquiere el compromiso de devolver el 50% restante de la paga extraordinaria de diciembre de 2012; la recuperación del 3% salarial, que suprimió el anterior Gobierno regional en 2012, y el incremento general de retribuciones para el año 2016.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, se comprometió con los sindicatos en la primera Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos, que se celebró en julio y que él mismo presidió, a firmar un acuerdo en el que se fijaran las materias a negociar, los plazos de negociación y las fechas de efectividad.
Esta misma voluntad fue manifestada por el titular de Administraciones Públicas a cada uno de los sindicatos en las reuniones bilaterales que mantuvo con ellos durante el mes de septiembre.
El Gobierno regional manifiesta su voluntad de cumplir todos los puntos que se recojan en este acuerdo, tal y como ha demostrado hasta la fecha en todos los acuerdos a los que ha llegado con los representantes de los empleados públicos.
Recuperación de derechos de los empleados públicos
Desde el inicio de la legislatura, el Gobierno de Castilla-La Mancha puso en marcha el Plan de Recuperación Integral de la Función Pública, que ya ha supuesto la recuperación de algunos de los derechos que los empleados públicos perdieron durante el Gobierno de Cospedal.
Así, el presidente regional, Emiliano García-Page, anunció que a partir del próximo día 1 de enero los empleados públicos de la Junta de Comunidades recuperarán la jornada de 35 horas semanales.
Además, el Ejecutivo castellano-manchego ha abonado en la nómina del mes de octubre a los 66.942 empleados públicos de la región el 26,23% de la paga extra suprimida en diciembre de 2012, siendo una de las primeras comunidades autónomas en aplicar esta devolución.
Por otra parte, la Junta de Comunidades se ha allanado en los procedimientos judiciales pendientes para posibilitar la reincorporación lo antes posible de los interinos despedidos ilegalmente en agosto de 2012.
En cuanto al personal laboral, se ha constituido la comisión negociadora del VIII Convenio Colectivo y se ha acordado la devolución de un ‘moscoso’ más.
Otras medidas acordadas son la incorporación de los interinos cesados ilegalmente en 2012, la prolongación en el servicio activo de funcionarios y personal estatutario o dejar sin efecto el plan del anterior Gobierno de reducir a la mitad la plantilla del parque móvil de la Junta.
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha demostrado en estos primeros cuatro meses la voluntad de cumplir con los sindicatos en la recuperación de los derechos de los empleados públicos; un propósito que seguirá cumpliendo a lo largo de toda la legislatura.
