El círculo de Podemos Puertollano considera en nota de prensa que las declaraciones realizadas en el pleno por la alcaldesa Mayte Fernández sobre la sentencia del Tribunal Supremo desprenden «ironía, hipocresía e irresponsabilidad». La formación, que pide explicaciones sobre las causas que han conducido al pago de siete millones por los terrenos frente al cementerio, sostiene que «lo responsable es comunicar de forma inmediata la resolución e informar a los perjudicados, en este caso, cada uno de los ciudadanos de Puertollano que deberán asumir esa deuda».
Reproducimos en su integridad el escrito de Podemos Puertollano:
Desde Podemos Puertollano queremos manifestar nuestra postura ante las declaraciones que la Alcaldesa de Puertollano, María Teresa Fernández, hizo en el pleno del día 29 de octubre de 2015, en relación a la sentencia de la Sala Tercera, de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de Justicia, con el número de recurso 3994/2013, con fecha de resolución del día 13 de Julio de 2015. Contra la que no cabe recurso de apelación posible, al haber agotado todas las vías e instancias judiciales en las que se podía recurrir.
Después de escuchar las afirmaciones de la alcaldesa de Puertollano durante su intervención en el pleno, en relación a la citada sentencia, parece que el tema de la expropiación viniera de la época franquista y eso no es verdad. La resolución del Jurado Regional de Valoraciones está fechada el 25 de Noviembre de 2008, por tanto no es un tema de hace tres décadas.
Miente la señora Alcaldesa cuando dice que ella no formaba parte de la corporación cuando se expropió el terreno, puesto que la resolución del justiprecio está notificada año y medio después de entrar ella en el consistorio puertollanense.
Alude a su desconocimiento jurídico del caso para echar balones fuera y no asumir su parte de responsabilidad en lo que supondrá una nueva losa para toda la ciudad. Es responsabilidad de la señora alcaldesa informarse de los temas que atañen al ayuntamiento, y más si hablamos de sentencias que condenan a pagar más de 7 millones si incluimos los intereses.
No contenta con ello, dice que es de responsabilidad ocultar la resolución al conjunto de la ciudadanía, en un pleno donde se ha aprobado la adhesión a un plan de transparencia. Que ironía, que hipocresía e irresponsabilidad manifiesta se desprende de las afirmaciones y acciones de quien debe velar por los intereses de todos. ¿Cómo se puede decir que ocultar la verdad es responsable? Lo responsable es comunicar de forma inmediata la resolución e informar a los perjudicados, en este caso, cada uno de los ciudadanos de Puertollano que deberán asumir esa deuda.
Es por tanto deber de esta formación política, pedir que se aclaren algunas cuestiones de importante calado en el tema.
Nos preguntamos, ¿Por qué el ayuntamiento valoró los terrenos como no urbanizables? Sin embargo los incluía en el plan Puertollano Verde, como zona destinada a parques y jardines, deberían haber tenido la calificación de terrenos urbanizables no programados y valorar el terreno como terreno urbanizable. ¿Desconocimiento de la ley?
¿Pudo ser la causa que llevó la valoración errónea del Jurado Regional de Valoraciones en su resolución y, a su posterior recalificación por parte de instancias jurídicas de la valoración del terreno? Se pasó de 540 mil euros a 5,5 millones de euros, diferencia muy ostensible y que no se puede olvidar. Tales preguntas debería contestarlas la única persona que queda del equipo de Gobierno del anterior alcalde, Joaquín Hermoso-Murillo, que fueron quienes auspiciaron este despropósito. Esa es precisamente, María Teresa Fernández, sucesora de este en el cargo al frente del ayuntamiento.
Otra cosa que nos llamó la atención, es que dice la señora alcaldesa que el empresario quería que el terreno fuera expropiado por el ayuntamiento. Desde Podemos nos preguntamos ¿Desde cuándo el gobierno local se deja coaccionar por empresarios? ¿No sería una vulneración de la ley por parte del empresario ese tipo de actuaciones? Más importante reseñar y recalcar, es que esos terrenos se llevaron finalmente a expropiación, con lo que debemos entender que esas presiones surtieron efecto y el ayuntamiento claudicó frente al empresario, que consiguió su propósito de que ese terreno pasase a manos municipales. Esto es lo que se puede desprender de las declaraciones de la regidora municipal y nos parece gravísimo que se asuma como algo normal, aceptar presiones y ceder ante ellas.
Y por último, ante las reiterada insistencia de la alcaldesa en demostrar que sus razones para ocultar la resolución es la negociación con la parte denunciante para poder hacer una quita o buscar una fórmula para pagar a plazos, esta formación cree que solo es una argucia más del partido socialista ante la inminente llegada de los comicios electorales generales y salvaguardar así sus intereses partidistas.
