El presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, se ha reunido esta mañana con la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Castilla-La Mancha, Aurelia Sánchez Navarro, con el objetivo de analizar y repasar las políticas sociales que se desarrollan desde la institución provincial en el territorio ciudadrealeño y la necesidad de coordinar las actuaciones entre ambas administraciones en materia de bienestar social.
Ambos representantes han intercambiado sus preocupaciones sobre la situación, generada sobre todo por el abandono en estas iniciativas del anterior gobierno regional, y han perfilado las líneas de actuación en las que existe un compromiso por parte del gobierno actual de Castilla-La Mancha de dedicar más recursos.
Caballero ha agradecido a la consejera el anuncio de esta alianza que va a redundar en disponer más recursos para atender las necesidades de los hombres y mujeres de la provincia de Ciudad Real, víctimas de esta crisis que se prolonga desde hace casi ocho años. «Me consta que es una prioridad del Gobierno de Castilla-La Mancha y he querido poner a disposición del gobierno regional los recursos económicos y humanos, y todo el apoyo institucional y político de la Diputación de Ciudad Real al servicio de la causa que sé que nos une y que compartimos, que no es otra que la de los oprimidos, de los que peor lo están pasando, la causa de los más necesitados».
La Diputación, en este sentido, seguirá manteniendo el plan de emergencia social, dotado con tres millones de euros, destinado a paliar las necesidades básicas y urgentes de los que peor lo están pasando. También, según ha anunciado el presidente Caballero se mantendrán las ayudas a ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y organizaciones y asociaciones que trabajan con personas relacionadas con la discapacidad, para lo que se destinarán cuatro millones de euros el próximo año.
La situación de los refugiados sirios en España ha sido otro de los capítulos analizados en este encuentro, recordando que la Diputación puso a disposición de esta medida 200.000 euros para ayudar a aquellos ayuntamientos que acogieran refugiados y que se está a la espera de lo que disponga el Gobierno de España, agradeciendo que desde la Consejería de Bienestar Social se coordinen en su momento las acciones para atenderlos en las mejores condiciones.
La consejera de la Junta ha resaltado que la coordinación entre instituciones es imprescindible para sacar adelante todas las necesidades que en materia de servicios sociales se tiene en la región. Ha reconocido el apoyo que particularmente se tiene de la Diputación de Ciudad Real y ha hecho un repaso a las políticas realizadas hasta el momento, donde ha predominado ante todo el diálogo, la cercanía y la política de puertas abiertas.
Ha enumerado las líneas de actuación prioritarias llevadas a cabo con las personas en situación de dependencia y personas con discapacidad; las ayudas a infancia y familia; a personas con necesidades económicas y a refugiados. En este aspecto ha precisado que se habían encontrado con 22.000 expedientes de personas dependientes de grado uno sin tramitar, que junto a otras de menor grado ascendían hasta 26.000 expedientes, por lo que lo primero que había que hacer era darles seguridad jurídica.
Se está trabajando también para agilizar trámites de ayudas de emergencia social y a colectivos en situación de pobreza, poniéndose además en marcha una estrategia para compensar la pobreza energética que disponga vías de colaboración con las empresas suministradoras y las personas que puedan necesitarlo.
Finalmente se ha referido a las personas con discapacidad, señalando que se está estudiando un sistema de coordinación para universalizar la atención temprana en todo el territorio regional, de manera que quede garantizada la protección y tutela permanente de las personas con discapacidad.
