Prejubilados de Minas de Almadén y Arrayanes (MAYASA) se han concentrado este mediodía en la Plaza de la Constitución de Almadén, frente al Ayuntamiento, para reclamar el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a pagar atrasos a los prejubilados y prejubiladas que habían trabajado en las empresas de la SEPI.
En el caso de MAYASA, son un centenar los trabajadores prejubilados que abandonaron la actividad laboral en procesos de reconversión después de que los sindicatos firmasen acuerdos con la SEPI, y a los que se les garantizó que sus pensiones se actualizarían cada año en función del IPC.
David Vera, de la Federación de Industria de CCOO de Ciudad Real, recuerda que la justicia dio la razón a CCOO y UGT, admitiendo que el Gobierno se equivocó al congelar en abril de 2013, y tras una interpretación interesada de la Ley 17/2012, las pensiones de quienes habían trabajado en las empresas de la SEPI.
El Tribunal Supremo reconoció el derecho de los prejubilados y prejubiladas de Izar/Navantia a que a que se revalorizasen sus retribuciones en función del coste de la vida, tal y como la empresa lo acordó con los sindicatos en el proceso de reconversión que se abordó en 2004. Los trabajadores y las trabajadoras de Babcock, Altos Hornos de Vizcaya, IMENOSA y MAYASA también están afectados por este proceso, por medio de un proceso de conciliación, y esperan a que se les devuelva lo que es suyo.
Ante el incumplimiento de la sentencia, los prejubilados afectados de las diferentes empresas de las diferentes regiones han comenzado hoy un proceso de movilización que en el caso de los trabajadores de MAYASA se mantendrá en el tiempo con concentraciones todos los martes en la Plaza de la Constitución, frente al Consistorio, y que se irá intensificando mientras no se celebre una reunión para resolver esta situación y el Ministerio de Hacienda siga sin autorizar el pago de la deuda a estas personas, advierte Vera.
A las movilizaciones hay que sumar la interposición de demandas individuales, que dado el volumen de personas afectadas colapsarán los juzgados de lo social y supondrá un alto coste económico y de recursos a la Administración, además del descrédito de quienes han provocado esta situación.
