El pleno del Ayuntamiento de Manzanares acordó instruir un expediente para declarar la responsabilidad civil del anterior alcalde, Antonio López de la Manzanara, y de la ex concejala de Sanidad y actual edil del Grupo Popular, María José Aranda, por autorizar el pago de facturas por importe superior a 6.000 euros para sufragar trabajos que, según el convenio suscrito por ellos mismos para el control de palomas, se hacían sin coste para el consistorio. La apertura del expediente salió adelante con los votos a favor del Grupo Socialista y del concejal de IU. La Asamblea Ciudadana y UPyD se abstuvieron mientras que el Grupo Popular votó en contra.
En el debate suscitado en este asunto que llegó con carácter de urgencia a la sesión plenaria del martes, los representantes de la oposición coincidieron en pedir que sea un proceso con garantías absolutas para todas las partes. Así lo confirmó el Equipo de Gobierno, que dijo que no se trata de “una caza de brujas” y que se abrirá un plazo de diez días para dar audiencia a los firmantes de esas facturas, tanto el anterior alcalde como la ex concejala de Sanidad, para que puedan defenderse y justificar cada extremo. “Se hace en aras de la legalidad y la transparencia porque debemos ser impecables en la gestión del dinero de los ciudadanos”, declaró su portavoz, Beatriz Labián.
Según el acuerdo aprobado en el pleno, este expediente se abre para declarar la responsabilidad civil del anterior alcalde y de la ex concejala de Sanidad “por el perjuicio causado al Ayuntamiento a consecuencia de la actuación gravemente negligente que consistió en los pagos realizados (…) por las facturas correspondientes al transporte e instalación de jaulas para captura de palomas, a pesar de la existencia de un convenio previo que disponía la ausencia de contraprestación del servicio”.
El edil de IU, Miguel Ramírez, dijo que la auditoría que el pidió hubiera evitado esta situación “desagradable” y que si el pago de esas facturas no se ajusta a la ley, hay que determinar responsabilidades, por lo que se mostró a favor. UPyD lamentó no haber recibido esta propuesta con más tiempo, por lo que se abstuvo. La Asamblea Ciudadana de Manzanares (ACM) también se abstuvo por creer que el asunto se podría haber tratado con más tiempo y en otra comisión. “No sabemos si corresponde instruir el expediente al pleno o al equipo de gobierno”, dijo su edil, Juan Luis Parejo.
En sus dos turnos, el portavoz del Grupo Popular dijo que “no hay nada que ocultar” ni en contra de que se instruya el expediente, “pero no como asunto urgente”. Según Manuel Martín-Gaitero este extremo llegó sin los informes preceptivos y mezclando facturas de otros conceptos. Por ello pidió que se dejara sobre la mesa hasta el próximo pleno ya que este asunto no prescribe, por lo que su grupo votó en contra pues el procedimiento “podría ir viciado de inicio”.
Por el Equipo de Gobierno, tanto la portavoz como el alcalde defendieron la legalidad del asunto pues de lo contrario no hubiera llegado al pleno. Beatriz Labián leyó los puntos del convenio en cuestión que especifican que el palomero con el que se firmó no recibiría contraprestación económica alguna, ni por transporte ni por instalación de jaulas. Aclaró además que las facturas por 6.171 euros se pagaron al palomero, no a empresas de transporte o de maquinaria especializada, como defendió en su día la ex concejala de Sanidad, María José Aranda.
La portavoz socialista dijo que el convenio para el control de palomas y sus dos prórrogas no pasó por Junta de Gobierno y “se ocultó a la Intervención Municipal”, que no tuvo conocimiento del mismo hasta hace pocas fechas. “Si lo hubiera conocido, no habría autorizado el pago de esas facturas que Antonio López de la Manzanara y María José Aranda autorizaron con sus firmas”, añadió antes de acusar a la concejala popular de no haber actuado “de buena fe” en todo este tiempo, pues tras perder las elecciones ordenó la retirada de las jaulas pese a estar en vigor el convenio y al día de la fecha aún no ha devuelto llaves de solares y fincas particulares a sus propietarios, según demostró con escritos de los interesados. “Debería haber respondido ya políticamente de este asunto, por ello queremos que se determinen y asuman responsabilidades”, explicó Labián.
María José Aranda no pudo intervenir en la sesión por haber consumido su grupo los turnos establecidos. El alcalde, Julián Nieva, le dijo que tendrá oportunidad de defenderse con todas las garantías legales y que para eso se aprobaba la instrucción del expediente, “ya que se podría haber ido a otras instancias”.
