El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Valdepeñas acaba de emitir un auto mediante el cual da por finalizada la fase de instrucción del «caso arqueólogo» denunciado por Luis Benítez de Lugo desde 2006. Ahora, el tribunal de oposición del Consistorio valdepeñero se enfrenta a la fase de juicio oral por «valorar injustamente» a los opositores a plaza de arqueólogo, recuerda Benítez de Lugo en una nota.
Según el denunciante, de las diligencias practicadas en esta investigación judicial se desprende que al arqueólogo contratado por el ayuntamiento, Julián Vélez, «le fueron hipervalorados sus méritos en la fase del concurso de acceso a la plaza de arqueólogo municipal, a la vez establece que se minusvaloró el expediente profesional de Luis Benítez de Lugo».
De las investigaciones judiciales también se desprende que las láminas del examen pudieron ser sobradamente conocidas antes del examen por Julián Vélez, el arqueólogo contratado por el ayuntamiento. «De hecho, una de las láminas, por poner sólo un ejemplo de las irregularidades de esta oposición, es inédita y procede de un informe personal del propio Vélez. Era imposible que los demás opositores pudiéramos haber estudiado esa imagen. Se trata de la foto de una galería subterránea de la Bodega de Los Llanos que estaba cerrada al público, pero a la que Vélez había accedido para realizar un informe técnico para el ayuntamiento. Alguien cogió esa foto de ese informe y la puso como pregunta del examen, naturalmente para que él tuviera ventaja», explica Benítez de Lugo.
El auto judicial señala que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación, contemplados en el art. 404 del Código Penal. Este delito se castiga con la pena de inhabilitación especial para desempeñar empleo o cargo público por un tiempo de entre siete y diez años.
El tribunal calificador estuvo presidido por Felipe Rodríguez Aguilar, que en aquel momento era concejal de Cultura y diputado socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha. La persona designada por la alcaldía como técnica en la materia era Rosario García Huerta, profesora titular de Prehistoria de la Universidad de Castilla-La Mancha. «Justo tras la oposición el ayuntamiento de Valdepeñas firmó un convenio con la universidad regional que abría a ésta las puertas para poder trabajar en la ciudad ibérica del Cerro de las Cabezas», recuerda Benítez de Lugo.
El auto proporciona a las partes un plazo de diez días para, si lo desean, presentar el escrito de acusación que permitiría la apertura de un juicio oral. La fase de instrucción se ha prolongado cinco años, por unos hechos sucedidos en 2006. En este tiempo los imputados han solicitado reiteradamente el sobreseimiento de la causa, y diferentes órganos judiciales han practicado diversas diligencias complementarias. «De las ocho personas inicialmente imputadas en la querella, tras la investigación, la Justicia ha centrado su atención en cinco: el tribunal que evaluó aquel proceso selectivo», informa Benítez de Lugo.
«Una de las modalidades de agresión al ciudadano más peligrosas»
La Audiencia de Ciudad Real expresó el pasado mes de julio que «la forma en que se llevó a cabo el proceso de selección no resulta el más acorde a la objetividad y criterios que deben garantizar la actuación de las autoridades administrativas o de sus funcionarios públicos (…). Es por ello que tales cuestiones entendemos van más allá de una mera ilegalidad administrativa, y se trata de una de las modalidades de agresión más peligrosas, que suponen una transgresión o incumplimiento de la normativa administrativa por completo injustificada».
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha reveló ya en 2010 “la manifiesta intención del Ayuntamiento de favorecer a un aspirante respecto a otro, que se ha visto obligado a litigar en dos ocasiones para defender su derecho a aspirar a un puesto público en condiciones de igualdad”. En la misma sentencia expresaba, también de forma inapelable, la intención que tuvo el ayuntamiento de Valdepeñas, presidido por el alcalde Jesús Martín, de intervenir en el “irregular proceso de selección con la intención de favorecer a uno de los aspirantes: el que resultó finalmente aprobado”. Asimismo sentenció que el ayuntamiento de Valdepeñas había causado «daños morales» con ese proceso selectivo.
Luis Benítez de Lugo señala que «resulta sorprendente e injustificable en un ayuntamiento moderno que Julián Vélez siga aún hoy contratado de forma indefinida y desde hace más de nueve años. La endogamia administrativa, los abusos del poder contra la ciudadanía o su intento de burlar la Ley y a los Tribunales de Justicia tienen en este caso una de sus manifestaciones más claras y lamentables. Es una lástima para Valdepeñas que esta clase de conductas sucedan en su ayuntamiento; y también es triste que los ciudadanos constatemos que quien perpetra este tipo de abusos se sale con la suya, como ha sucedido hasta ahora. Este ayuntamiento, lejos de investigar la corrupción, la ha defendido, ha intentado esconderla y no le pone solución. En cuanto a combatirla se encuentra, como sus arqueólogos, en la Prehistoria; acabar con ella no es algo que les interese, según demuestran los hechos; más bien al contrario».
¡Qué asco!, ¿no?.
Un hoplita, Luis Benítez de Lugo. Nueve años batallando él solito. ¿Cuántos casos como éste no habrá, y no nos hemos enterado?
[…] de Lugo y el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, se enfrentan desde 2006 en los tribunales por otro contencioso relacionado con el proceso de selección de la plaza del arqueólogo municipal, denunciado en su momento por el ahora candidato de Podemos, que ya ha entrado en su fase oral. […]