El Gobierno de Castilla-La Mancha muestra su rotunda oposición a las palabras manifestadas ayer por el ministro Alfonso Alonso que afirmó que «cada comunidad autónoma debe encargarse de la población que tiene, y cuando es atendida en otra comunidad, también se debe hacer cargo de los gastos».
Así, el ministro reiteró que «el sistema es muy sencillo: el dinero sigue al paciente», hablando del proceso de compensación económica entre autonomías por atender a pacientes de otras comunidades.
El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, se pregunta por esa “obsesión de levantar fronteras sanitarias entre iguales y que recuerdan a los antiguos fielatos, oficinas instaladas a las entradas de las poblaciones, que supervisaban la circulación de mercancías y servicios y que servían únicamente para recaudar impuestos”.
También recuerda que con las transferencias sanitarias realizadas en el año 2002 a la totalidad de las Comunidades Autónomas, se exigía desarrollar un mecanismo que le diera cohesión al Sistema Nacional de Salud.
Por ello se aprobó la creación del Fondo de Cohesión Sanitaria (FCS) por la Ley 21/2001, que respondía a garantizar la igualdad de acceso a los servicios de asistencia sanitaria públicos en todo el territorio español y con visión de futuro, las distintas formas de gestión, para que la descentralización de los presupuestos sanitarios no supusieran el establecimiento de fronteras sanitarias en nuestro país y la discriminación en la asistencia por razón del territorio.
Posteriormente, otro paso importante en este sentido fue la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, con la creación de los Centros, Servicios y Unidades de Referencia del Sistema Nacional de Salud (CSUR), que tienen como objeto garantizar la equidad en el acceso a una atención sanitaria de calidad, segura y eficiente a las personas con patologías que, por sus características, precisan de cuidados de elevado nivel de especialización, que requieren concentrar los casos a tratar en un número reducido de centros por tratarse de patologías de muy baja prevalencia.
Así, con esta normativa jurídica, se definían las reglas del juego que básicamente consistían en establecer una serie de patologías y procedimientos diagnósticos para derivar pacientes de forma programada entre Comunidades Autónomas, siendo objeto de financiación por el Fondo de Cohesión Sanitaria, excluyendo del fondo cualquier otro tipo de compensación como expresamente se recoge en relación a las urgencias, no significando esto que los pacientes obviamente no se atendieran, sino que iban a ser asumidos por cada Comunidad que recibiera a ciudadanos de otras Comunidades Autónomas que por cualquier motivo se desplazaran.
Con ello se buscaba un equilibrio para apoyar presupuestariamente a aquellas Comunidades que recibían pacientes de otras y al mismo tiempo desarrollar mecanismos para la derivación de paciente hacía centros con mayor experiencia, especialmente en aquellas patologías de muy baja frecuentación en que la concentración de actuaciones en determinados servicios es un elemento de calidad de primer orden.
Castilla-La Mancha, recuerda, que mantiene convenios sanitarios con otras comunidades como Castilla y León, la Comunidad Valenciana y Aragón, sin contraprestación económica alguna.
Con la aprobación del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, aprobado únicamente con los votos del Partido Popular, “se comienza a comercializar la asistencia sanitaria y se establece la creación del Fondo de Garantía Asistencial (FOGA)”, indicó el consejero.
Esta norma nace con la pretensión de que toda la actividad asistencial que se preste a cualquier ciudadano residente en otra Comunidad Autónoma, sea objeto de compensación económica, con la salvedad de las urgencias hospitalarias.
El consejero aseguró que la “complejidad de los procedimientos que plantea el FOGA, hace que las compensaciones tenían que haberse iniciado por la actividad realizada a partir del 1 de enero de 2013, sin que hasta la fecha se haya conseguido compensación alguna por la actividad prestada en los centros de Atención Primaria en desplazamientos de corta duración, inferiores a un mes y que la compensación de los desplazamientos de larga duración (igual o superior a un mes), que se abonarán de acuerdo a la cápita mensual, sea a la fecha una entelequia. Como resultado, en dos años y medio el FOGA no ha dado ningún resultado”.
En este sentido, Fernández Sanz criticó que la partida presupuestaria del Fondo de Cohesión ha ido descendiendo en los presupuestos del Ministerio de Sanidad, desde los 93,3 millones de euros en 2012, a los 36,3 en 2013 o los 22,7 en 2014 hasta quedar en los 2,3 millones que le asignaban las cuentas de 2015. Para el presupuesto de 2016 la partida desaparece.
Por ello, “el seguir introduciendo mecanismos complejos de compensación entre Comunidades Autónomas, con independencia de los costes, va a suponer establecer barreras y problemas para los pacientes en sus desplazamientos, siendo curioso cómo actualmente se debate la cobertura de los inmigrantes sin recursos que llegan a nuestro país y por este camino, posiblemente, los españoles nos sintamos extranjeros en relación a nuestro sistema sanitario público cuando viajamos por España”, recordó el titular de la Sanidad castellano-manchega.
Asimismo, consideró que “es necesario un debate en profundidad, que no ha existido, que equilibre el Estado de las Autonomías en las que cada una recibe sus presupuestos correspondientes, sobre todo en estos momentos de crisis económicas y la compensación que en algunos casos pudiera existir como puede ser en zonas limítrofes o para derivación de pacientes, que por economía de escala y por la experiencia de los profesionales, interese derivar a otras Comunidades Autónomas, sin perder el papel de cohesión del Estado, no como debate presupuestario, sino como garante, con su presupuesto, de la igualdad y equidad en el acceso a los servicios sanitarios complejos de todos los españoles”.
