La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha comparecido en la Comisión de Bienestar Social de las Cortes de Castilla-La Mancha, para informar de la política general a desarrollar por la Consejería que tendrá como objetivo principal “recuperar los servicios sociales en Castilla-La Mancha”.
La consejera ha comenzado su intervención reclamando el apoyo de los grupos políticos para la inmensa tarea que tiene ante sí, manteniendo “un diálogo abierto y permanente” entre los grupos parlamentarios y la Consejería. De igual modo, ha manifestado su firme voluntad de acometer en este periodo el diálogo con los colectivos sociales, tarea que ya ha comenzado, para recuperar la senda de la participación social en los distintos asuntos competencia de la Consejería.
Sánchez ha concretado los bloques de intervención en siete grandes áreas, todas ellas integradas y coordinadas entre sí: Modelo de Servicios Sociales; políticas sobre Personas Mayores; protección de las Familias y los Menores; promoción de las Personas con Discapacidad; Cooperación al Desarrollo y Voluntariado; Inclusión Social y lucha contra la Pobreza; y el Sistema de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. Áreas que se desarrollarán bajo los principios de “universalidad, igualdad y equidad”.
Servicios Sociales como derecho de ciudadanía
En cuanto al Modelo de Servicios Sociales, ha planteado la recuperación de la Ley 14/2010, de 16 de septiembre, de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, que fue aprobada por unanimidad y que supuso un importante avance al concebir los servicios sociales como auténticos derechos de ciudadanía y no como derechos graciables y discrecionales de los poderes públicos, que vendrían a integrar el cuarto pilar del Estado del Bienestar, junto con la Sanidad, la Educación y las pensiones.
En este sentido, la defensa de los servicios sociales públicos, la formulación de un Catálogo de Prestaciones, la elaboración del Mapa de Servicios Sociales, la apuesta por las Atención Personalizada y la Historia Social y la edición de la Tarjeta Social, serán las herramientas que permitirán lograr ese nuevo modelo de calidad.
Políticas a favor de los más vulnerables
Las políticas en relación con las personas mayores van a estar enfocadas a lograr las mayores cotas posibles de bienestar. En este sentido dos son las líneas de trabajo: la primera, el envejecimiento activo, potenciando las actividades que se desarrollan, en primer lugar en la Red de Centros Propios, sin olvidar los centros con convenio; y la segunda, atender a los mayores en situación de Dependencia, para lo que se van a aumentar las plazas destinadas a estancias temporales en residencias y se promoverá el acceso de los cónyuges no dependientes, entre otras cuestiones.
En temas relacionados con las Familias y los Menores, se desarrollará un Plan de Familias y un Plan de Infancia y Adolescencia, que contemplaran programas de preparación para la vida independiente, el afianzamiento del acogimiento familiar, el seguimiento post-adoptivo y los programas orientados a la prevención secundaria, como mediación familiar, puntos de encuentro, entre otros.
En materia de Discapacidad, se va a universalizar la atención temprana a fin de favorecer el mejor desarrollo posible de los niños y niñas que lo necesiten; se va a garantizar una plaza de atención residencial especializada cuando sea preciso; y, en coordinación con otras consejerías, se promoverán actuaciones a favor de la accesibilidad universal, con acciones específicas en transporte y accesibilidad de la información.
En lo que se refiere a la Cooperación al Desarrollo, se elaborará un plan estratégico de cooperación de la mano del Consejo Regional de Cooperación que, como paso previo, se recuperará y actualizará. La Educación para el Desarrollo constituirá la primera medida tendente a recuperar la actividad en esta materia.
Se apoyará asimismo el voluntariado, facilitando la participación de los ciudadanos y otorgando a voluntarios y entidades sin ánimo de lucro programas de formación relacionados con la acción voluntaria.
Estrategia contra la pobreza y la exclusión social
La Consejería de Bienestar Social tiene el firme propósito de luchar contra la pobreza y la exclusión social, para lo que va a articular una Estrategia contra la Pobreza y la Exclusión Social que formulará junto con las entidades comprometidas. Ya se ha iniciado la reforma del Ingreso Mínimo de Solidaridad y las Ayudas de Emergencia Social, como primera medida de la lucha contra la pobreza y la exclusión social en nuestra región.
La recién creada Oficina Regional de Atención a las Personas Refugiadas es un compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha para canalizar y ordenar la cooperación de entidades sociales, públicas y privadas, y de ciudadanos particulares, con el fin de crear un catálogo de recursos ante la crisis humanitaria de los solicitantes de protección internacional.
Dependencia
Por último, se resolverán las dificultades del sistema de autonomía personal y atención a la dependencia (SAAD), en una doble línea de trabajo: solventando la inseguridad jurídica generada por el marco normativo del anterior gobierno; al tiempo que se va resolver el bloqueo en la tramitación de los expedientes de Dependencia, tanto en las valoraciones como en los Planes Individuales de Atención (PIA), para que Castilla-La Mancha vuelva a recuperar el lugar de privilegio que ostentaba en 2011.
La consejera de Bienestar Social ha recordado su disconformidad con la Ley de Régimen Local y las limitaciones que conlleva para los Ayuntamientos, un pilar esencial en la prestación de los Servicios Sociales, recordando su compromiso de cooperación con las entidades locales en este sentido, como por ejemplo en el Servicio de Ayuda a Domicilio.
Participación social
Junto con todo lo anterior, Aurelia Sánchez ha destacado por último la necesidad de recomponer todos los mecanismos de participación con la sociedad en las distintas áreas de la consejería, obviados en estos últimos cuatro años, como el Consejo Regional de Mayores, no convocado en toda la legislatura pasada.
