Lucas Sánchez. Secretario de Acción Sindical de CCOO CLM.- CCOO y UGT hemos promovido una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para llevar al Parlamento la aprobación de una nueva prestación económica que venga a cubrir las lagunas que presenta nuestro actual sistema de protección social.
La hemos llamado “Prestación de Ingresos Mínimos” y está diseñada a modo de una Renta Mínima estatal, ubicada en el marco de las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social para todas aquellas personas que estando en edad laboral carecen de empleo y de recursos suficientes, y cuya duración se extenderá por tanto tiempo como dure dicha situación.
El esquema tradicional de protección social para las personas en edad laboral, articulado principalmente sobre prestaciones estatales de desempleo y autonómicas de Rentas Mínimas se ha visto claramente superado. En España son 5 millones y medio las personas que, queriendo hacerlo, no tienen trabajo, mientras que sólo en nuestra comunidad autónoma se encuentran en esta situación más de 280.000 personas. Pese a ello, en lo que llevamos de crisis la tasa de cobertura de la prestación por desempleo se ha reducido en más de 25 puntos porcentuales en el conjunto del Estado (desde el 80% en enero de 2010 hasta el actual 55%), y en Castilla-La Mancha lo ha hecho en similar porcentaje pasando desde más del 75% en enero de 2010 hasta menos del 50% en la actualidad, y ello aún teniendo en cuenta que este indicador se construye sólo entre quienes han cotizado previamente.
Precisamente hemos de tener en cuenta que en el modelo de protección actual, quienes nunca han tenido empleo no tienen derecho reconocido a este tipo de protección pública. Y también se ven afectados negativamente por la duración temporal de las prestaciones de desempleo los parados de larga duración, cuyo número ya alcanza cerca de los 3 millones y medio de personas, en torno a 150.000 de nuestra región.
A su vez, las prestaciones en el marco de la asistencia social desarrollado por las comunidades autónomas, aun cumpliendo una innegable función social de primer orden, en algunas ocasiones han estado más pensadas desde la lucha contra la exclusión social (aunque no exclusivamente). Con ellas se atiende en el conjunto del Estado a unas 260.000 personas como titulares, y se benefician de ellas otras 400.000 personas adicionales que dependen de los primeros. En CLM, según datos del Ministerio de Sanidad, la perciben en torno a 1.300, beneficiándose de ellas otras 4.400 personas.
Este esquema tradicional de protección social se está mostrando insuficiente para atender las nuevas demandas sociales agudizadas ahora por la crisis económica y los efectos de las políticas económicas de recortes. Es necesario mantener, y aún incrementar, los esfuerzos que se hacen desde el Estado y las comunidades autónomas en los respectivos ámbitos de actuación que ya hemos señalado, y, además, proponemos completarlos con una nueva prestación que venga a cubrir sus lagunas.
La Prestación de Ingresos Mínimos diseñada a modo de una Renta Mínima estatal y que CCOO y UGT promovemos a través de una Iniciativa Legislativa Popular, viene así a cubrir esta laguna de protección social que hoy sufrimos.
Los requisitos para ser beneficiarios de esta prestación podrían resumirse así:
– Tener entre 18 y 64 años.
– Residir legalmente en España en los seis meses anteriores a la fecha de solicitud, salvo en casos de personas víctimas de trata de seres humanos o de violencia de género.
– Carecer de recursos económicos (tener ingresos inferiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional); y residir en una unidad de convivencia que cumpla dicho requisito en términos per cápita.
– No reunir los requisitos para ser titular de una prestación de desempleo.
– Encontrarse inscrito como demandante de empleo, al menos, durante los doce meses inmediatamente anteriores a la solicitud. Aunque este requisito sólo se exigirá para el acceso inicial a la prestación, y después operará un mecanismo de suspensión y reinicio de la percepción mientras se mantenga la situación de necesidad.
La cuantía de la prestación se ha establecido en el 80% del IPREM (426 euros/mes) con carácter general y se mandata a la Ley de Presupuestos de cada ejercicio para que establezca el correspondiente complemento en el caso de que el beneficiario tenga hijos menores o familiares a cargo.
El número de personas que, según los datos del propio INE, cumpliría los requisitos para acceder a esta prestación como titulares directos de la misma es de 2,1 millones de personas, de las que el casi el 70% son mujeres, y sólo en Castilla-La Mancha esta cifra ascendería a un total de 153.000 personas.
El número total de beneficiarios, sumados los titulares directos y quienes residen con ellos en el mismo hogar ascenderá en el conjunto del país a un total de 6 millones de personas, más de 450.000 en nuestra región.
La financiación que requiere esta nueva prestación, a la postre la transferencia de recursos que supondrá para las personas y, por extensión, la inyección de liquidez en las familias que se transformará en consumo directo, es de 11.000 millones de euros (algo más de 1 punto del PIB), algo más de 780 millones de euros en Castilla-La Mancha. Se trata sin duda de una cifra ciertamente importante, pero perfectamente asumible teniendo en cuenta el volumen de personas a proteger, la cuantía media de las prestaciones y los importantes retornos económicos que van asociados a este tipo de prestaciones.
Se trata en todo caso de una cuestión de justicia social para la que pedimos el apoyo ciudadano que, mediante la firma de la ILP, lleve esta propuesta al Parlamento para convertirla en Ley.
