Eusebio Gª del Castillo Jerez.- Yolanda Navarro fue asesinada en su casa de Porzuna en diciembre de 2010, un crimen que presenciaron sus cuatro hijos. No recibió ningún tipo de protección, pese a que denunció haber sido objeto de amenazas de muerte por parte de su pareja 18 días antes de la agresión que acabo con su vida. Su exmarido, y padre de los dos hijos mayores de la fallecida, Mourad Ben Messni, reclama al Ministerio de Justicia que pida perdón por los errores cometidos e indemnice a los hijos de Yolanda. La familia apenas cuenta con recursos económicos y los niños precisan asistencia sicológica.
Mourad Ben Messni y su abogada, María del Pilar Martínez Ruíz, han solicitado esta mañana en una rueda de prensa el apoyo de la ciudadanía en la reclamación patrimonial que interpusieron contra el Ministerio de Justicia. Todo apunta a que acabará siendo desestimada, a falta de la resolución, «crucial», del Consejo de Estado. Solicitan la complicidad de la opinión pública para que su caso no se tramite como un expediente más, «para que lo revisen en profundidad y comprueben la gravedad del asunto».
Si finalmente se desestima la reclamación patrimonial interpuesta, los hijos de Yolanda Navarro, «que presenciaron el brutal asesinato de su madre a manos del que era, por entones, su marido, no recibirán indemnización alguna».
María del Pilar Martínez ha recordado los hechos, que acontecieron a finales del año 2010. «Mourad estuvo casado con Yolanda Navarro, con la que tuvo dos hijos, Madhi y Fátima, que actualmente tienen 10 y 12 años de edad. Se divorciaron y Yolanda contrajo matrimonio con su segundo marido. En noviembre de 2010 fue amenazada de muerte y denunció los hechos en el cuartel de la Guardia Civil de Porzuna, ratificándose en el Juzgado de Guardia nº6 de Ciudad Real».
«Las autoridades piden en los medios que se denuncie y esta mujer lo hizo, pero no se la protegió». Tal como relata la abogada, no se creyó a la víctima al considerar que «no fue coherente» en el relato de los hechos. «No la creen porque tenía un 65% de minusvalía psíquica y porque ya había denunciado con anterioridad a otra pareja que tuvo». Resultado de esto, añade, se procedió a no conceder la orden de protección y a archivar la causa. Decisiones que, a su juicio, permitieron al agresor volver al domicilio familiar y 18 días después asesinar, en presencia de sus cuatro hijos, a Yolanda Navarro. «Esta mujer falleció porque no funcionó el sistema», lamenta María del Pilar Martínez.
El asesinato estuvo salpicado de tintes macabros. María del Pilar Martínez lo describe mostrando algunas pruebas que se emplearon en el juicio. El agresor propinó dos hachazos en la cabeza a la víctima. Al partirse el mango del arma, el asesino cogió un cuchillo de cocina y asestó cuatro puñaladas a la mujer, huyendo a continuación de la escena del crimen. «Yolanda consiguió llamar a la ambulancia y, con las tripas en la mano, y en presencia de su hijo mayor, la esperó a la puerta de su casa». Finalmente falleció mientras era trasladada al hospital.
La abogada explica que el asesino fue condenado a 18 años de prisión por la Audiencia Provincial. Posteriormente, añade, se reabrió el caso y volvió a ser condenado, tres años después, a 9 meses por las amenazas de muerte que profirió contra la víctima.
En el año 2013, se interpuso la reclamación patrimonial contra el Ministerio por «funcionamiento anormal» de la administración de Justicia. «No ha funcionado el sistema», asevera Martínez. «Se desestimó la orden de protección, el fiscal no la creyó y no presentó escrito de acusación contra el agresor y, para colmo, se tardó tres años en celebrar un juicio rápido que debería haberse llevado a cabo en una semana».
En la reclamación, se exige al Ministerio de Justicia que pida perdón a estos niños y les indemnice con 52.000 euros a cada uno de ellos. No obstante, todo apunta a que el procedimiento no se resolverá de forma satisfactoria para esta familia. El Consejo General del Poder Judicial, según detalla la abogada, ha respondido que la administración de justicia «ha funcionado bien» y que, en todo caso, «habrá habido error judicial». «Que se ha confundido el juez», aclara la letrada. «Por supuesto que no ha sido acertada la decisión del juez, pero lo que no ha funcionado es el sistema en su conjunto», insiste.
Sólo queda pendiente el informe que emitirá el Consejo de Estado, lo que podría resolver definitivamente el procedimiento. «A la vista de lo actuado, creemos que será también desestimatorio», comenta. Por ello han solicitado la ayuda de los medios de comunicación y de la ciudadanía.
Si finalmente se desestima su reclamación, quedaría abierta la vía judicial contencioso-administrativa, que prolongaría la situación de desamparo de esta familia durante al menos dos años más. «Estamos en 2015 y Yolanda fue asesinada en diciembre de 2010», apunta la abogada que, además, subraya que los dos hijos mayores tienen 12 y 10 años de edad, y presenciaron los hechos con 5 y 7 años. «Necesitan tratamiento sicológico y clases de apoyo porque van dos cursos retrasados en el colegio». El padre, señala, trabaja esporádicamente y «muchas veces no tienen ni para comer», subsistiendo gracias a la ayuda familiar que les prestan.
Por último, la abogada de Mourad Ben Messni denuncia que, «a la hora de enjuiciar al asesino, se personaron, para hacerse la foto, la Abogacía del Estado y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Estuvo todo el mundo y, desde entonces, han desaparecido».
«Estamos solos», lamenta. «No pueden mirar para otro lado y decir que ha funcionado el sistema. Reclamamos que se haga justicia», concluye.
