La diputada nacional del PP por Ciudad Real Rosa Romero afirmó ayer en el Congreso de los Diputados que el Proyecto de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público “da respuesta a los retos y demandas que nos están planteando los ciudadanos”.
Asimismo, añadió que la norma “quiere atender la necesidad de dotar a nuestras Administraciones Públicas de un derecho administrativo sistemático, coherente, ordenado, al servicio de los ciudadanos y acorde con la España del siglo XXI”.
En su intervención en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso para la aprobación de la norma, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular subrayó la valía del Proyecto que conseguirá que la Administración “cumpla con sus obligaciones de manera eficaz, haga la vida más fácil a los ciudadanos, dé una respuesta rápida y adecuada a sus demandas y, sobre todo, que elimine el mayor número de trabas que existen entre administración y administrado”.
Igualmente, destacó que el mismo “también viene a apoyar a los empleados públicos de primer nivel que forman el conjunto de la función pública española y que son garantes del correcto funcionamiento de la legalidad y de la imparcialidad de la administración pública”.
Así, Rosa Romero señaló que se añaden nuevos principios y nuevos criterios que guiarán también la actuación de las unidades administrativas, “como la transparencia, la participación ciudadana, la planificación o la dirección por objetivos”.
ENMIENDAS PRESENTADAS
Respecto a las enmiendas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios, la diputada popular aseguró que el Proyecto de Ley “no pretende recentralizar nada ni invadir competencias de ninguna CCAA”. “Lo que se pretende –dijo- es clarificar, es una mejor coordinación y facilitar más y mejor información de las Administraciones Públicas a los ciudadanos; hablar de agilidad, eficacia y transparencia es lo que nos demandan los ciudadanos vengan de la administración que vengan”, subrayó.
Además, consideró “fundamental” contar con unos principios generales “que rijan la forma de actuar de entidades y de organismos públicos que sean comunes y básicos para el conjunto del sector público institucional y una supervisión continua a las entidades para ver su sostenibilidad financiera”.
También destacó que “por primera vez se regula de manera completa un régimen jurídico común y de carácter básico de todos los convenios suscritos por las Administraciones Públicas, entidades, organismos o sujetos de derecho privado para garantizar mayor seguridad jurídica” y fortalecer las Conferencias Sectoriales.
REFORMAS SIN PRECEDENTES
Igualmente, Rosa Romero señaló que se trata de un Proyecto de Ley “que viene a culminar una legislatura de reformas sin precedentes que ha tenido que plantar cara a la mayor crisis económica y social de la democracia en España”.
Se refirió a la Constitución al hablar de reforma del sector público, donde se contempla “la asignación equitativa de los recursos públicos, servir con objetividad los intereses generales siempre con eficacia, con eficiencia y con la más absoluta coordinación”. “Solo unas Administraciones Públicas modernas, más eficientes, eficaces y coordinadas darán respuesta a este mandato constitucional”, afirmó la diputada del PP, quien advirtió que “hoy no sólo se requieren unas administraciones que ahorren gasto público, sino que también tendrá que adaptarse a las verdaderas necesidades de los ciudadanos”.
Por ello, hizo hincapié en que “el ciudadano es la prioridad, no se busca invadir competencias de otros, sino que se trata de dotar al Derecho Administrativo de absoluta calidad normativa, de coherencia en pro de garantizar la seguridad jurídica como norma básica en todo el territorio español y evitar en lo posible la dispersión normativa en esta materia y la descoordinación”.
Rosa Romero recordó que “hace un año ya se había producido un ahorro acumulado por parte de las Administraciones Públicas que superaba los diez mil millones de euros” y que “entre 2012 y 2015 van a ser más treinta y siete mil millones de euros los que se ahorren”.
Por último, destacó que “los ciudadanos están dejando de gastar 776 millones de euros en trámites y en burocracia, al suprimirse más de dos mil entidades”.
