El movimiento social de la discapacidad de Castilla-La Mancha, representado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI Castilla-La Mancha), insta a todas las Administraciones públicas para que dentro del ámbito de sus competencias actúen con contundencia contra los entramados de juego ilegal que usan como coartada social la imagen de personas con discapacidad, pero que en realidad suponen un fraude a los consumidores y dañan de modo irreparable las actividades de juego genuinamente social como el de la ONCE.
El CERMI denuncia la tolerancia que hasta ahora han mantenido los poderes públicos -estatal y territorial- con la lacra del juego ilegal que viene actuando durante décadas al margen del ordenamiento jurídico sin que sus promotores sean perseguidos y sus actividades clausuradas y desmanteladas de raíz.
Ante esta generalizada inactividad de las Administraciones, el CERMI recuerda el deber inexcusable de todas las autoridades públicas de hacer cumplir la legalidad, lo que significa actuar penal, gubernativa y administrativamente contra las redes de juego ilegal que usan a las personas con discapacidad como pantalla pretendidamente social pero que solo sirven a intereses particulares inconfesables.
En especial, el movimiento organizado de la discapacidad emplaza a las Administraciones a clausurar y desmantelar a la denominada Organización Impulsora del Discapacitado (OID), el principal entramado de juego ilegal en España, sobre el que pesan multitud de sentencias, resoluciones administrativas y expedientes sancionadoras declarando su absoluta ilegalidad y que no obstante sigue operando a sus anchas, ante la pasividad de los poderes públicos competentes.
Para acabar con esta inacción, el CERMI se adhiere y respalda las movilizaciones del sindicato mayoritario de la ONCE, UTO-UGT, que ha puesto en marcha la campaña “El juego ilegal NO es un juego”, que se desarrollará en todas las comunidades autónomas con marchas, concentraciones y actos de denuncia exigiendo la actuación urgente y contundente de las Administraciones.
Tolerar el mantenimiento y expansión como hasta ahora del juego ilegal no es solo una burla hiriente del Estado de Derecho y un quebranto de los intereses de los consumidores, sino que supone un daño irreparable al sector de la discapacidad al socavar el espacio social y económico de la ONCE, el primer sostenedor privado de este movimiento social.
