Desde la primera mitad del siglo XIX las Diputaciones Provinciales han venido colaborando con los ayuntamientos para garantizar la prestación de los servicios de competencia municipal a través de la cooperación jurídica, económica y técnica.
Lo primero de todo es reconocer en su justa medida la labor histórica de las Diputaciones Provinciales, de sus responsables políticos y de sus trabajadores/as. Para acto seguido, pensar por dónde debería transitar el futuro inmediato de estas instituciones. A este respecto, determinados partidos políticos abogan por suprimirlas de una manera ordenada y no traumática, llevando a cabo una reorganización administrativa de sus competencias y personal entre los municipios y las Comunidades Autónomas. Si se hace bien, respecto a la calidad y garantía en la prestación de servicios públicos, no tendría porqué suponer ningún efecto negativo. Incluso se podrían ahorrar recursos al no tener que sufragar importantes costes en materia de remuneración de Diputados/as Provinciales y sus respectivos equipos de asesores y personal de confianza. Desgraciadamente, los partidos políticos tradicionales en demasiadas ocasiones han utilizado y siguen utilizando las Diputaciones Provinciales como vía para “colocar” personas afines, a través de mecanismos clientelares, incluso corruptos.
¿Qué sentido tiene que competencias en materia de servicios sociales, juventud, deporte, obras públicas, educación, cultura, medio ambiente, consumo, sanidad,… se encuentren duplicadas en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y las cinco Diputaciones Provinciales de la región? ¿No sería mucho más eficiente y eficaz evitar dichas duplicidades competenciales en favor de la Junta de Comunidades por tenerlas recogidas en el Estatuto de Autonomía?
El programa autonómico con el que Podemos ha concurrido a las recientes elecciones autonómicas en Castilla-La Mancha dice en su punto 144. “Abrir el debate sobre la funcionalidad de las Diputaciones Provinciales y la posibilidad de su sustitución por otras fórmulas territoriales como las comarcas, agrupaciones o mancomunidades que garanticen una mayor eficiencia en el suministro de servicios y frenen la corrupción histórica y las fórmulas clientelares ligadas a las Diputaciones”.
Tras el acuerdo de investidura para la presidencia de CLM entre Podemos y el PSOE, y en la medida en que tres de las cinco diputaciones provinciales de la región están gobernadas por el PSOE, puede ser un buen momento para comenzar a abordar este asunto y superar el actual modelo que posterga a los municipios a un papel residual y dependiente respecto de Diputaciones, Comunidades Autónomas y Gobierno Central. Desde mi punto de vista, esta es una de las principales asignaturas pendientes casi 40 años después de la aprobación de la Constitución Española.
Los municipios antes dependían de señores feudales, señoritos y caciques que ejercían el poder con la coerción de la fuerza y la riqueza. Ahora dependen de gobiernos centrales, autonómicos y provinciales amparados por leyes que encorsetan y no liberan. Los municipios están supeditados para prestar servicios a una financiación cambiante, temporal e insuficiente, instrumentada a través de convocatorias de subvenciones y convenios, graciables en su concesión, condicionadas en su destino y no garantizadoras de la continuidad y regularidad de la prestación de los servicios públicos.
Las Diputaciones Provinciales y la Junta de Castilla-La Mancha no deberían ser financiadoras de municipios a través de subvenciones, sino administraciones colaboradoras que aporten a las competencias municipales solvencia técnica, intercambio de información y economías de escala. Por tanto, los recursos económicos que hasta ahora reciben las Diputaciones y Comunidades Autónomas para financiar las variadas obras y servicios que se ejecutan y prestan en los municipios, deberían llegar directamente a éstos. Hay que abordar la comarcalización política y administrativa de nuestra tierra y desplazar allí los servicios destinados al medio rural que todavía están concentrados en la capital de provincia o las cabeceras comarcales.
¿Qué sentido tiene que las Diputaciones convoquen anualmente subvenciones dirigidas a los Ayuntamientos para financiar Universidades Populares, escuelas de música, gastos sanitarios en festejos taurinos, gastos derivados de la organización de pruebas deportivas, materiales del Plan Especial de Empleo, compra de instrumentos musicales, obras en instalaciones deportivas, clubes de lectura, etc.? Todo sería más sencillo si esos fondos que reciben con una mano las Diputaciones y entregan con la otra a los municipios, llegaran directamente a los Ayuntamientos.
¿Qué sentido tiene que las Comunidades Autónomas realicen convocatorias anuales de subvenciones finalistas insuficientes para financiar servicios y obras de los Ayuntamientos tales como talleres de empleo, planes concertados de servicios sociales, educación de adultos, programas contra la drogodependencia, oficinas municipales de información al consumidor, centros de día, residencias de mayores, monitores deportivos, fomento del voluntariado, programas de integración social, teatros, albergues de transeúntes, guarderías, etc? A necesidades permanentes, financiación estable, suficiente y no condicionada.
¿Qué se está haciendo frente a esta situación? Nada, y así se falta al respeto cada día que pasa a la ciudadanía, a los/as concejales/as y a los/as alcaldes/as que siguen intentando cuadrar cuentas imposibles. Hasta ahora no ha existidointerés en cambiar el actual orden de cosas por parte de quienes se benefician del mismo. ¿Será también así en el ciclo político que se está abriendo en estos momentos?.
NOTA: Algunas de las ideas señaladas más arriba fueron expuestas originalmente en la Mesa redonda “Presupuestos participativos”, dentro del ciclo de conferencias “PENSAR LA CIUDAD” organizadas por el Ateneo Cultural de CC.OO Castilla y León, en León, el 7 de abril de 2011. La presentación que utilicé se puede descargar en el siguiente enlace
http://www.uclm.es/profesorado/glopez/pdf/cv/XVII.3.35.2.pdf
Gregorio López Sanz
Economía, con E de esperanza
http://gregoriolopezsanz.blogspot.com.es/
Bastante de acuerdo. Muchas funciones de las diputaciones están duplicadas por otras administraciones. Apostaría por una nueva delimitación de las competencias y contenido de los servicios públicos entre Estado, Autonomía y unas Diputaciones también reformuladas. Las Mancomunidades podrían considerarse, pero pueden tener problemas por el posible carácter escorado de las decisiones, ¿políticas o exclusivamente técnicas? que se tomen por el órgano de gobierno (nunca llueve a gusto de todos cuando se trata de municipios colindantes). Ya hemos visto la dificultad en la gestión tratándose incluso de la prestación de servicios tan elementales como la recogida y tratamiento de basuras.
El ámbito de colaboración técnica y asesoramiento sería el más destacable por no decir el único porque, como dices, las subvenciones suelen ser contrarias al principio de autonomía municipal al tener carácter condicionado, por no hablar, además, de que transmiten una idea de discrecionalidad/clientelismo propia de otros tiempos.
En realidad yo apostaría por un nuevo modelo de financiación de corte federalista de arriba hacia abajo que culminara en los municipios de acuerdo con los principios de suficiencia y autonomía. Un modelo muy claro y que no fuese papel mojado (como hasta ahora) El modelo territorial hay que tocarlo de todas formas, por tanto tocar las diputaciones sin abordar lo demás no sería lógico. No creo que necesitemos un parcheo, sino acometer una reforma global, en profundidad.
Un apunte muy acertado y pertinente en este momento, en el que se nos inunda con promesas y buenas palabras pero donde la estructura que están provocando tanto despilfarro, ineficiencia, corrupción… sigue sin cuestionarse.
Y lo mismo cabría decir del Senado, ejemplo clarísimo de institución manifiestamente inútil.
¿Hasta qué punto pueden cambiar las cosas externamente si no hay la menor intención de cambiar el fondo? Esto es… ¿hasta qué punto pueden cambiar las cosas sin cambiar el Sistema?
Por mi parte, además, plantearía también la posibilidad de escoger qué institución eliminar: ¿las diputaciones o la Junta? Tener ambas no tiene sentido, pero puestos a eliminar, podría ser cualquiera de las dos.
O las dos.
Quitar todos los servicios duplicados, o inutiles como el Senado, ahorraría recursos necesarios para atender mejor a los ciudadanos que lo necesitan….. Pero dudo que esto lo hagan porque muchos políticos comen de ello. Una cosa es prometer y otra muy distinta hacerlo.
Este es un debate eterno, de esos a los que nadie quiere dar solución, e imagino el por qué: las diputaciones son una importantísima fuente de financiación del partido en el poder y una auténtica «oficina de empleo» para sus miembros a liberar.
Recuerdo cuando el PSOE perdió la diputación en Ciudad Real, no tardaron ni un segundo en inventarse la figura de la Delegación de la Junta para poder seguir teniendo poder, presupuesto y contratados.
Ahora mismo tenemos Direcciones provinciales del Gobierno de España, bajo el paraguas de la Subdelegación del Gobierno; Delegaciones provinciales del Gobierno Regional, dependientes de la Delegación de la JCCM; la propia Diputación, las mancomunidades (aún no sé cuántas quedan después de la crisis) y, por fin, decenas de ayuntamientos imposibles de mantener porque existen para cuatro personas cuyos impuestos no cubren el gasto de un secretario de ayuntamiento, un administrativo, operarios, gastos del pleno etc etc.
Toda la maquinaria de funcionarios, políticos, liberados, personal de confianza etc etc que mantiene esta estructura es realmente carísima e ineficiente. Porque obliga al ciudadano a recorrerse casi todas cuando tiene que hacer un trámite, ya que el nivel de interconexión, colaboración y coordinación entre ellas es casi inexistente (cuando no son pura bronca entre ellas).
La verdad es que es un asunto a meterle mano y no es fácil. Yo en su día (con movida incluida) propuse una vuelta a las direcciones provinciales (eliminando la JCCM) y que esos directores provinciales fuesen personas elegidas en cada provincia de entre profesionales de destacada trayectoria profesional y absoluta independencia en sus decisiones. En este caso el director provincial dependería directamente del ministro y la descentralización sería absoluta, porque iría de Madrid a Ciudad Real. Y de ahí a comarcas naturales donde los municipios tengan intereses en común. Por supuesto, ayuntamientos los justos, sobran muchísimos.
Pero claro, chocamos con todos los que viven de la JCCM, las diputaciones y los ayuntamientos inoperativos, y son muchos a recolocar o a quitar de estómagos agradecidos.
Esto que voy a decir dolerá a muchos, pero es la verdad. Tras «difrutar» de la JCCM desde 1982 tengo claro que NO SIRVE PARA NADA. Yo no tengo nada en común con Cuenca, Guadalajara o, incluso Toledo o Albacete. Por lo tanto, no veo ninguna necesidad de cohesión. Prefiero una serie de delegados provinciales que defiendan mi provincia y seguir con una relación excelente con las nombradas anteriormente, pero nada más.
Porque ¿Que independencia de Madrid tiene ahora mismo un consejero? Si bailan al ritmo que les ponen en los ministerios ¿Para qué los queremos? No son más independientes que un delegado del ministerio en la provincia.
Ahí dejo el debate.
Es todo muy parecido a como lo cuentas. Yo he sido siempre un teórico, pero las teorías que he aprendido tenían un soporte experimental. Tanto los modelos organizativos de gestión que en el sector público han estado extendidos por el mundo anglosajón y, esporádicamente pero también de forma exitosa, en el sector público español desde hace dos décadas, como los modelos federalistas tan diferentes en EEUU, Canadá, Australia o Alemania, pero tan aceptados y efectivos como nos han narrado, son grandes desconocidos en España.
El modelo autonómico que nos vendieron como una simulación del modelo alemán aplicado a nuestras características territoriales ha sido un remedo de un sistema federal y ha funcionado a capricho de las necesidades puntuales de los partidos políticos y los territorios en cada momento. Se requeriría, si así se decidiera, un cambio hacia un modelo auténticamnete federal, con las explicaciones que ello requiere en un país donde, todavía hoy, muchos ciudadanos del sur piensan que el mayor bienestar de las comunidades del norte se ha producido porque han fagocitado la mayor de las inversiones públicas en este país.
Del mismo modo, lo he dicho y lo repito, el sector público no puede funcionar a capricho del político de turno. La política y la función pública no divergen pero deben recorren caminos distintos, relacionados pero distintos. Los políticos son voluntaristas, los funcionarios son prácticos. Si mezclas ambas cosas salen churros. La gestión pública es una forma de trabajo, más ordenada y más eficiente que cualquiera que se derive sólo de las normas administrativas y las estructuras organizativas poco flexibles. Si no se pone en marcha la gestión pública, en las administraciones no se suelen conseguir tantos y tan mejorados objetivos como si se pusiera en práctica. Y, aunque desearía equivocarme, lo vamos a ver. Con una nueva forma de hacer política más amable, más transparente, con menos despilfarro, con más ahorro, notaremos un cambio, estoy de acuerdo, pero creo que será insuficiente si no se aplica la planificación estratétiga propia de los modelos de gestión pública. Y no un método particular, no seamos ingenuos, todo está ya inventado. Sólo hay que fijarse como lo hacen los mejores. Y aprender.
El Poder, cuánto más cercano al que lo debe ejercer, el ciudadano, mejor. Más fácil de controlarlo, más difícil que nos lo roben.
Si el Poder está en Toledo, malo. Muy lejos. Centralismo.
Si está en Madrid, peor.
Y si está en Bruselas, muchísimo peor.
Y si lo tienen las multinacionales y los bancos… ni te cuento.
El Poder, aquí, bien cerquita: en el municipio.
Y en lo que se pueda, ni siquiera eso. En el barrio.
Y esta necesidad vital en democracia la cubre mejor que nada un modelo municipalista, cantonal-federal.
En los municipios deberían residir la mayor cantidad posible de competencias.
Teniendo estos la posibilidad de federarse (y confederarse) para cubrir necesidades que requieran una mayor participación.
La democracia va de abajo a arriba.