José Manuel Almeida. Secretario de Educación Pública no Universitaria de la Federación de Enseñanza de CCOO-CLM.- Aunque el gobierno de Cospedal se encuentre en funciones y prepare las maletas, tiene que cumplir con su responsabilidad. Convocó oposiciones a secundaria y no puede dejar que este proceso se convierta en un caos para aquellas personas que se están jugando su futuro profesional.
Desde el inicio afirmamos que estas oposiciones eran sólo una medida de cara a la galería. Una medida electoral. Repartir 330 plazas en 27 especialidades supone convocar un número ínfimo en muchas de ellas. Pero, una vez convocadas, la Consejería de Educación debe asumir la responsabilidad adquirida con las personas que optan a alguna de esas plazas.
Un gobierno serio y responsable no puede mantener en la incertidumbre a miles de personas que se juegan su futuro profesional. Sabemos que preparan las maletas, conocemos su desinterés, pero exigimos profesionalidad y responsabilidad ante un proceso transcendental para la vida de muchos y muchas castellanos manchegos.
El desbarajuste es morrocotudo. Hasta cinco días antes, lo opositores no han podido conocer de manera oficial la fecha de presentación, la fecha del primer examen o la composición de los miembros del tribunal.
Un despropósito, de igual manera, supone que el pasado sábado, los opositores tuvieran que asistir a un acto de presentación en sus respectivas sedes de examen. Esto implica, por ejemplo, que un opositor de Toledo que se presente en una de las especialidades con sede en Albacete haya tenido que desplazarse a esa ciudad, sólo y exclusivamente ese día, para acreditar su identidad. El día 27 deberá volver para el primer examen.
Todo, según la Administración, para un ahorro que nosotros no vemos por ninguna parte. Querían comprobar cuantos eran los opositores reales para eliminar tribunales. Nos preguntamos dónde está el ahorro para los opositores, la mayoría contribuyentes en Castilla-La Mancha y si no es más razonable mantener todos los tribunales constituidos para que, de esta forma, tengan menos opositores por tribunal y pueda realizarse el proceso con más garantías y finalice antes.
Dos días antes ni siquiera se habían constituido los tribunales. De hecho, hemos tenido tribunales que se han constituido sólo unas horas antes del inicio de las oposiciones.
Esta tardanza en constituir los tribunales es otra de los principales inconvenientes. Si la Consejería los reúne sólo unas pocas horas antes del inicio de las oposiciones, sus miembros no tienen tiempo para organizarse adecuadamente, planificar las fases de la oposición, concretar detalles, etc. En la Federación de Enseñanza de CCOO hemos recibido muchas quejas de opositores y miembros de tribunales sobre este tema desde el sábado.
Como no han recibido instrucciones claras de la Consejería, cada tribunal se ha visto en la obligación de atender a los opositores como mejor ha podido y, en muchos casos, ni siquiera han resuelto las dudas que les planteaban porque nadie sabía las respuestas.
De ahí que haya tantas diferencias en cómo se ha organizado el acto de presentación entre unos y otros tribunales. Algunos realizaron charlas orientativas a los aspirantes, otros no. Algunos dieron justificantes de asistencia a todos los presentes, otros pidieron la firma de cada uno y algunos simplemente marcaron con una X el nombre en el listado de opositores. Muchos opositores se han vuelto a casa sin tener claro plazos de entrega, formatos de envío, material que deben llevar a los exámenes y un largo etc.
Otro grave problema ha sido cuando los opositores han comprobado que los criterios que la comisión de selección ha publicado para la realización de la parte A, parte práctica de la primera prueba, no se corresponden con lo publicado en la convocatoria de la oposición. Es el caso de la especialidad de economía.
El anexo III de esta convocatoria recoge que la prueba constará de dos partes: una, un análisis y comentario de un texto relevante de actualidad económica y una segunda, sobre estrategias para promover la viabilidad de una empresa en el contexto actual de la economía española, señalándose el sector de la actividad de la empresa. La incredulidad surge cuando la comisión de selección les indica que esta prueba práctica tendrá un carácter cuantitativo, se valorará la precisión en el cálculo económico y la resolución de problemas tendrá dos decimales de aproximación, así como que no se permitirá calculadora programable.
Es cierto que la convocatoria afirma que el anexo III es orientativo y no limita las posibilidades de la comisión de selección pero la diferencia es tan profunda entre la convocatoria publicada en el DOCM el 14 de abril de 2015 y los criterios establecidos por la comisión de selección el 20 de junio, que podemos considerarla desproporcionada.
Si desde el inicio de esta convocatoria manteníamos el despropósito de la misma, ahora comprobamos que todavía es peor de lo esperado. Nos parece una falta de respeto a los opositores la incertidumbre en que los han mantenido y los mantiene, y una desconsideración absoluta ante las personas que se juegan su futuro profesional. Sólo nos queda exigir a este gobierno en funciones, que asuma su responsabilidad y que no juegue con las ilusiones de miles de personas que buscan una salida laboral.
