El edificio Joan Miró 14 de Puertollano sigue siendo el escenario de momentos de tensión ante la impotencia de los vecinos, pero también de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El pasado sábado se produjo el último episodio de ocupación ilegal de una de las viviendas. Los hechos acaecieron entre las 17,00 y las 18,00 horas, cuando un grupo de cuatro adultos y un menor irrumpieron en el piso de uno de los propietarios, que se encontraba ausente.
Testigos presenciales relatan que algunos vecinos se dirigieron a los ocupas para instarles a abandonar la vivienda. Ante la negativa de los invasores, se requirió la presencia de la Policía Nacional, que, según las fuentes consultadas, no pudo hacer nada, al encontrarse con la puerta cerrada y la necesidad de presentar una orden judicial para expulsar al grupo.
Posteriormente llegaron una decena de agentes antidisturbios, que controlaron la zona pero, según el relato de los testigos, se marcharon dejando a los ilegales dentro de la vivienda. Tuvo que ser finalmente el propio propietario, alertado por vecinos y familiares, quien tomara cartas en el asunto y consiguiera que, pacíficamente, se marcharan los ocupantes de su hogar.
El edificio Joan Miró 14, un bloque de viviendas de protección pública de Puertollano, sufre desde hace dos años una brutal degradación física y social. Ya el pasado mes de febrero un grupo de vecinos se enfrentó, palos y bates en ristre, con cuatro individuos que intentaban acceder a uno de los apartamentos portando palos y mazas.
Los inquilinos aseguran que están hartos de ver cómo a diario los inmuebles son invadidos por ocupantes ilegales en lo que parece ser una trama organizada sin que la gestora, la Empresa Pública Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (Gicaman), adscrita a la Consejería de Economía de la Junta de Comunidades, curse las denuncias pertinentes.
Ya no saben qué hacer, salvo abandonar sus casas. De hecho, en los últimos meses varios inquilinos legales se han tenido que mudar ante lo que se antoja una convivencia imposible.
Las 88 viviendas de Joan Miró 14 están acogidas al régimen especial de protección pública. Fueron asignadas en régimen de alquiler (130 euros mensuales y 31 euros de comunidad) con opción de compra en cinco años y en las mismas condiciones que las viviendas de protección pública de la Junta.
Hoy, el edificio es una sombra de lo que fue hace 13 años. Hay una tangible sordidez en cada detalle. El gran drama para decenas de vecinos comenzó cuando el hogar sobre el que iban a construir su futuro se convirtió en una jaula siniestra. El mapa sociológico de los inquilinos fue cambiando, sobre todo con la llegada de ocupantes ilegales, mientras los habitantes más antiguos ven cómo la finca se ha tornado en un vertedero.
Qué vergüenza lo que esta pasando a esta gente esta constructora encargada de esta comunidad no tiene derecho de dejar a los inquilinos así no hay derecho.a ver si ya hacen algo estas personas están solas pediendo ayuda al ayuntamiento a la constructora y nadie hace caso tengo amigos que viven ahí y eso cuando vas de visita es un asco y la falta de limpieza y higiene esta faltal que asco dá por favor tener un poquito de consideración con los inquilinos buenos los que pagan
A esos les daba yo con la vara.. Pero que estuviera bien verde…… Panda de mal nacidos ocupando lo que no es sullo, y vergüenza de justicia……. Conclusión reparto de brazos para todos.