La Agencia Tributaria ha completado en el día de hoy una operación antifraude contra las ventas en negro de piezas de recambio de vehículos por parte de centros de desguace de siete comunidades autónomas. Las empresas inspeccionadas podrían haber ocultado a la Hacienda Pública un 50% de sus ventas de recambios, generando un fraude en el Impuesto sobre Sociedades y el IVA estimado en cerca de 70 millones de euros al año.
La operación, denominada ‘Ballesta’, implica el inicio de actuaciones inspectoras sobre 45 sociedades dedicadas al comercio al por mayor de chatarra y a la venta de recambios, actividad, esta última, donde se concentra la actividad defraudatoria. Desde el día de ayer más de 250 funcionarios de la Agencia Tributaria están procediendo al registro de estos Centros Autorizados para el Tratamiento de vehículos al final de su vida útil (CAT), situados en Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia y Madrid.
Paralelamente a las entradas y registros, se han iniciado también actuaciones inspectoras sobre diez personas físicas que son socios y administradores de las sociedades investigadas.
Ventas en negro
En el transcurso de las investigaciones previas, iniciadas en 2014, la Agencia Tributaria ha podido constatar que estos centros de desguace ocultaban parte de los ingresos procedentes de las ventas de piezas o accesorios de los vehículos que adquirían para su achatarramiento, eludiendo con ello la debida tributación tanto en la imposición directa (Impuesto sobre Sociedades) como indirecta (IVA).
Los centros CAT reciben o recogen vehículos al final de su vida útil para realizar en ellos las operaciones de descontaminación y tratamiento que regula la normativa correspondiente y, posteriormente, proceden a la venta al por mayor de esos vehículos como chatarra, o bien venden piezas y elementos de recambio tanto a particulares, como a talleres de automoción y centros de reparación.
Es en esta segunda actividad donde la Agencia Tributaria ha detectado las ventas en negro. Gran parte de los pagos de piezas de recambio suele efectuarse en efectivo, lo que facilitaba a las empresas investigadas la posibilidad de ocultación de las operaciones. Entre estas sociedades se encuentran desguaces de gran tamaño, que llegan a adquirir cada año decenas de miles de vehículos para su achatarramiento o venta de recambios.
Márgenes de actividad negativos
De las investigaciones practicadas con carácter previo a las entradas y registros de estos dos días, la Agencia Tributaria ha podido determinar la existencia de unos márgenes de beneficio sobre ventas declaradas anormalmente bajos en las empresas investigadas, márgenes incluso negativos en muchos de los casos.
A su vez, se detectó una asimetría muy importante entre el perfil de actividad declarada por estas empresas, y el real. Los desguaces inspeccionados aparentaban concentrar su actividad en la venta mayorista de chatarra, que en algunos casos llegaba a suponer prácticamente toda la actividad declarada. Sin embargo, realmente la principal actividad en estos centros de desguace es la venta de recambios, que puede suponer, de acuerdo con las estimaciones realizadas, el 60% de las ventas totales reales de este sector.
Las actuaciones desarrolladas, coordinadas desde el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Tributaria, han contado con la intervención de las dependencias de Inspección de siete delegaciones de la Agencia, así como de la Unidad Central de Auditoría Informática de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), con el apoyo de personal de Vigilancia Aduanera y Mossos d’Esquadra en la preparación del dispositivo de entrada y registro, al que se ha sumado también la Guardia Civil en su realización efectiva.
La operación ‘Ballesta’ se enmarca en las directrices del Plan de Control Tributario diseñado por la Agencia Tributaria para este año 2015, que considera prioritarias, en su lucha contra la economía sumergida, la potenciación de las intervenciones realizadas mediante personación de la Inspección Tributaria en las sedes y domicilios donde se realiza la actividad económica de los obligados tributarios, al objeto de detectar y regularizar estas operativas defraudatorias.
