El alcalde de Valdepeñas y candidato socialista a la reelección, Jesús Martín, se ha reunido con los representantes de los vecinos afectados por la posible construcción de una gasolinera en la calle Cruces, a los que ha vuelto a reiterar su apoyo para que el proyecto no se implante en esta zona urbana, próxima además a un centro educativo.
Martín ha declarado que “estoy utilizando y voy a utilizar todos los argumentos jurídicos que hay al alcance para paralizar lo que me parece una barbaridad, y me quiero poner al frente porque, si yo viviera al lado o mi hijo estuviera en ese colegio, lo que no se puede tener es un depósito de gasolina que por una deflagración pueda provocar una tragedia”. Además, ha subrayado que “vamos a poner cuantos recursos tenga este Ayuntamiento en defender la integridad de las personas por encima de los intereses económicos”.
Entrega de firmas e interpelación al Ministro
Hay que recordar que Jesús Martín, en su condición de senador del PSOE por Ciudad Real, entregó meses atrás en el Senado un certificado con las alegaciones de grupos políticos, asociaciones educativas y vecinos, así como las 2.086 firmas recogidas posicionándose en contra de la instalación de una gasolinera en el casco urbano.
Del mismo modo, Martín reclamó en el Senado al Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, la modificación de la ley para evitar que se puedan repetir estas situaciones. El alcalde y parlamentario del PSOE explicó entonces que podría entenderse desde el criterio de libre comercio la instalación de una gasolinera en cualquier lugar, máxime si esta se ubica en una gran metrópoli donde un ciudadano tendría que desplazarse notables distancia para su suministro, pero puntualizó que “no es entendible en localidades como la mía, que con menos de 50.000 habitantes, su casco urbano se circunscribe a distancias razonables y accesibles”.
El alcalde de Valdepeñas afirmó que “estas instalaciones están sometidas a un riguroso control de medidas de seguridad, pero lo cierto es que la legislación no puede prevenir una deflagración por acumulación de energía electrostática”. Por todo ello, solicitó al Ministro Soria que anule esta parte del Real Decreto vigente, o en su defecto, redacte un Reglamento que lo desarrolle donde este tipo de instalaciones se asienten a distancias de seguridad de centros sensibles como colegios, residencias de ancianos o centros sanitarios, entre otros.
También reclamó que se devuelvan las competencias a los ayuntamientos para que a través de sus instrumentos de planificación territorial o urbanística puedan regular aspectos técnicos de las instalaciones o exigir una tecnología concreta.
