Emiliano García-Page Sánchez. Secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha y candidato a la Presidencia de la Junta de Comunidades.- La Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, una iniciativa del Gobierno Socialista en el año 2006, supuso un avance de considerables dimensiones en el reconocimiento de los derechos sociales subjetivos de la persona en nuestro país. Se trataba de garantizar la protección de quienes necesitaban ayuda para realizar las actividades más básicas de su vida cotidiana: lavarse, vestirse, comer…
No fue una ocurrencia ni una medida populista para ganar votos. Obedecía, por el contrario, a una necesidad sentida por una mayoría y que obligaba a muchas familias -mujeres fundamentalmente- a aumentar sus cargas de trabajo y, en muchos casos, a renunciar a su vida profesional para ofrecer los cuidados que necesita una persona en situación de dependencia, ante la dificultad de conciliar su dedicación familiar con la jornada laboral.
Otros países de nuestro entorno comunitario ya disponían de leyes y recursos sociosanitarios para atender este tipo de situaciones y contingencias. Existían recomendaciones que provenían de la Comunidad Europea para que países como España ofrecieran una cobertura para atender a estas personas. A veces, cuando se habla de convergencia en indicadores macroeconómicos con los países de nuestro entorno, se nos olvidan los objetivos de la cohesión social y el riesgo que supone que las desigualdades nos lleven a una sociedad desequilibrada, insolidaria, injusta e incluso ineficaz, desde un punto de vista meramente productivo o económico.
España tiene una población muy envejecida (el 5 %, más de 2,5 millones son mayores de 80 años) y según las estimaciones, posiblemente seremos en los próximos años uno de los países demográficamente más envejecidos del mundo, junto con Japón. Un envejecimiento como país, que incluso supera ligeramente Castilla-La Mancha Sin embargo, conviene destacar que una de las causas de este envejecimiento demográfico tiene que ver con el incremento de la esperanza de vida que en España supera los 85 años para las mujeres y se acerca a los 80 para los hombres, dos años superior a la media europea.
El aumento de la esperanza de vida es sin duda un buen dato, porque habla del éxito de supervivencia de nuestra población, de las mejoras en nuestra sanidad, pero en muchos casos lleva unido un alargamiento de la vida en situación de dependencia o de pérdida de autonomía personal.
Pero, junto a esta tendencia demográfica, se daban y se dan otros factores que complican aún más el problema, como son las nuevas formas de vida, las pérdidas de apoyos informales y la complejidad de determinadas situaciones de dependencia generadas por procesos degenerativos, de discapacidad y demencias tipo Alzheimer que requieren unos cuidados y una atención profesional que hace que las familias no puedan por ellas mismas hacer frente a situaciones difíciles que se pueden prolongar en el tiempo durante muchos años.
Pues bien, en este contexto sociológico el Gobierno Socialista de José Luis Rodríguez Zapatero tuvo la altura de miras, la iniciativa institucional y la capacidad de sacar adelante una Ley con el apoyo mayoritario de las fuerzas políticas, cosa que hoy sería una auténtica excepción en esta Legislatura, simplemente por la actitud intransigente y la forma poco generosa de entender el Gobierno por parte del Partido Popular.
Resulta, en este sentido, inconcebible que una de las primeras medidas de recortes que realizó la derecha española cuando llegó al poder fue, vía leyes de presupuestos o mediante el Decreto 20/2012, ir reduciendo la financiación del Sistema de la Dependencia, endurecer las condiciones de acceso y expulsar a los cuidadores del sistema de la seguridad social. Pero peor aún lo que ha sucedido en Castilla-La Mancha donde el Gobierno de María Dolores de Cospedal ha jugado durante toda su legislatura a ser el alumno aventajado en materia de recortes sociales, no solo en sanidad y en educación, sino de manera más injusta aún en servicios sociales y en la atención a la dependencia.
Durante el anterior Gobierno Socialista en Castilla-La Mancha, nuestra región asumió como prioridad desde el primer momento el desarrollo de la atención a la dependencia, llegando atender a 40.800 dependientes, situándose como referente en la implantación del sistema y a destacar en la puesta en marcha de servicios y recursos, como así lo reconoció el Observatorio de la Dependencia en su VII Dictamen de Junio de 2011.
Hoy, sin embargo, la situación de la atención a la dependencia ha empeorado considerablemente, se han alargado hasta límites inaceptables los tiempos para valorar y reconocer la situación de dependencia, se ha dificultado el acceso al sistema, se incrementan los copagos, se crean nuevas tasas, apenas se han mantenido los servicios existentes, se han excluido del sistema a muchas personas que necesitan atención y algún tipo de apoyo y, sobre todo, se ha demostrado por los dirigentes actuales una falta de sensibilidad con estas personas que no tendría calificativo político.
Se trabaja más por maquillar las estadísticas que por atender a quienes lo necesitan. El Colegio Oficial de Trabajo Social estima en 20.000 el número de puestos de trabajo perdidos, y en 1000 millones de euros los recortes en servicios sociales en la legislatura. La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha situado a CLM como la comunidad que más ha recortado en este ámbito, y premia a Cospedal con el premio nacional “Corazón de Piedra” 2013 y 2014. La Plataforma de la Dependencia de Castilla-La Mancha lucha día tras día en los tribunales por parar esa sangría de insensibilidad y de ensañamiento con los más necesitados. Una situación que no es más dramática por el esfuerzo impagable de las familias, y del movimiento asociativo, que los socialistas queremos destacar y agradecer una y otra vez.
El PSOE tiene credibilidad en esta materia porque fuimos los principales artífices de esta Ley, por eso estamos más obligados aún a defender un sistema que contribuimos a crear con el esfuerzo de toda la sociedad. Por ello reivindicamos la defensa y el fortalecimiento del sistema de atención a la dependencia. Condenamos no sólo su deterioro, sino la amenaza que puede suponer para muchas personas y familias la falta de sensibilidad que tiene el Gobierno de Cospedal con las políticas sociales a las que parece culpar del surgimiento de la crisis, cuando en realidad han sido sus principales víctimas. Cebarse con los recortes y los sacrificios a los más débiles, no solo retrata a un gobierno, sino que nos conduce a una senda de desatención y exclusión social que puede tener -está teniendo- consecuencias sociales y daños irreparables para muchas personas de Castilla-la Mancha.
La mayor discapacidad de algunos es gobernar sin alma.
