Amnistía Internacional ha presentado hoy el informe «Sin tarjeta, no hay derecho. Impacto en derechos humanos de la reforma sanitaria en Castilla La Mancha y la Comunidad Valenciana«, centrado en nuestra región por ser una de las comunidades que con mayor contundencia ha aplicado el Real Decreto-Ley 16/2012 (RDL) que, según esta organización, viola los derechos humanos de los inmigrantes en situación irregular. Denuncia que no existen datos del número de personas que se han quedado sin tarjeta sanitaria en Castilla-La Mancha y que no se ha desarrollado ningún tipo de programa para la atención sanitaria más allá de lo previsto por el RDL, ni siquiera para personas con bajos recursos, tampoco para enfermedades infectocontagiosas.
Tres años después de su aprobación, el Real Decreto-Ley 16/2012 (RDL) Amnistía Internacional denuncia que sigue violando los derechos humanos de las personas migrantes en situación administrativa irregular. Desde la entrada en vigor del RDL, 748.853 personas se han quedado sin tarjeta sanitaria y han quedado excluidas del Sistema Nacional de Salud, según los últimos datos facilitados por el Gobierno. «Unos datos que rebajan la cifra inicial de 873.000 personas afectadas, pero sin aportar claridad sobre dicha variación. Sólo 730 personas habrían suscrito convenios especiales hasta diciembre de 2014, que les obligaría a pagar entre 60 y 157 euros mensuales por recibir atención sanitaria».
Esta organización advierte de que el Gobierno no ha publicado ninguna evaluación sobre los efectos que esta reforma está teniendo en el derecho a la salud de las personas y colectivos especialmente vulnerables, y en especial en las mujeres. Tampoco sobre el efecto que el potencial impacto disuasorio de la reforma está teniendo en el acceso a centros médicos por parte de la población inmigrante en situación irregular.
La aplicación dispar del RDL en las Comunidades autónomas y la falta de información del personal médico sobre la normativa a aplicar ha agudizado el impacto negativo de esta reforma. Algunas comunidades han desarrollado sus propios programas o sistemas para ampliar la cobertura contemplada por el Real Decreto (Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Galicia o Comunidad Valenciana). Otras han elaborado su propia normativa (País Vasco y Navarra). Algunas han interpuesto recursos ante el Tribunal Constitucional contra el RDL (Andalucía, Asturias, Cataluña, Canarias, País Vasco y Navarra). Y otras han aplicado el Real Decreto-ley mediante instrucciones o circulares administrativas (Madrid, Baleares, Castilla La Mancha).
Esta disparidad se ha traducido en «caos administrativo». Amnistía Internacional ha constatado como en algunos centros se siguen cobrando servicios de urgencias o se deniega el acceso a la atención sanitaria de personas que estarían cubiertas por el RDL.
El anuncio del Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso de que las personas migrantes en situación irregular volverán a tener acceso a la atención primaria en el Sistema Nacional de Salud es algo que Amnistía Internacional valora como un paso en la buena dirección. Sin embargo, no concreta ninguna reforma legislativa que garantice el acceso a la salud para todas las personas sin discriminación.
«Nos preocupa que este anuncio se haga para despejar las urgencias y no porque el acceso a la salud sea considerado un derecho humano. Detrás de esto se esconde el argumento de que las personas inmigrantes realizan un uso excesivo de las urgencias. Una acusación sobre la cual el Gobierno no ha presentado ninguna evidencia, y que ha sido rebatida por numerosos informes técnicos”, señaló Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
Estas son las principales conclusiones del informe: «Sin tarjeta, no hay derecho. Impacto en derechos humanos de la reforma sanitaria en Castilla La Mancha y la Comunidad Valenciana«, que Amnistía Internacional ha presentado hoy. La investigación se ha centrado en Castilla La Mancha por ser una de las comunidades que con mayor contundencia ha aplicado el RDL y en la Comunidad Valenciana que pese a poner en marcha un programa especial para las personas excluidas del sistema sanitario, no ha restituido la universalidad del derecho a la salud.
«Obstinada negación» de garantizar el derecho a la salud sin discriminación
Amnistía Internacional ha recordado en numerosas ocasiones la obligación del Estado español de respetar el derecho a la salud. Ha considerado que esta reforma es «discriminatoria y regresiva y que vulnera los estándares internacionales de derechos humanos que debe cumplir España».
Sin embargo, en estos tres años, escudándose en argumentos económicos y de fraude en la obtención de la tarjeta sanitaria, el Gobierno no ha cumplido las recomendaciones de casi una decena de mecanismos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa que calificaron esta reforma de «novedad lamentable» o «contraria al principio de no discriminación» y que instaron al restablecimiento de la universalidad del derecho a la salud. Pero tampoco, a las recomendaciones de la Defensora del Pueblo, a la oposición de la sociedad civil y del sector sanitario. El Ejecutivo ha rechazado al menos en cuatro ocasiones en el Congreso de los Diputados iniciativas legislativas sobre la universalidad del derecho a la salud. Y ha presentado recursos de inconstitucionalidad contra las legislaciones de aquellas Comunidades autonómicas (País Vasco y Navarra) que han intentado ampliar la cobertura sanitaria del RDL para garantizar el derecho a la salud.
La reforma sanitaria en Castilla La Mancha
Aïcha llegó a España en 2010 procedente de Marruecos. Le diagnosticaron diabetes, considerada enfermedad crónica. Cada mes tenía controles médicos, hasta que en noviembre de 2012 no pudo renovar su tarjeta sanitaria. Desde entonces no ha tenido seguimiento, sólo compra medicamentos cuando sus hijos (actualmente en paro) pueden comprarlos. Su hijo Mustafá comenta: «Me han dicho que si vamos a Toledo, nos van a cobrar. Y no tenemos dinero para pagarlo».
Desde AI denuncian que no existen datos del número de personas que se han quedado sin tarjeta sanitaria en esta comunidad. «En Castilla La Mancha, a diferencia de otras Comunidades Autónomas, no se ha desarrollado ningún tipo de programa para la atención sanitaria más allá de lo previsto por el RDL, ni siquiera para personas con bajos recursos, tampoco para enfermedades infectocontagiosas».
El Real Decreto-ley garantiza la asistencia sanitaria en urgencias hasta el alta médica, sin embargo, «las personas migrantes en situación administrativa irregular dejan de tener atención una vez que son dadas de alta en urgencias, ya que no se les dará cita ni con especialistas, ni en atención primaria para seguir su patología». Aspecto sobre el cual la Defensora del Pueblo también mostró su preocupación en su último informe anual.
No existe un único procedimiento para atender a personas migrantes en situación irregular, apuntan desde esta organización. «Y aunque la atención en urgencias debería estar garantizada, algunos hospitales han enviado facturas y han entregado cartas de compromiso de pago en el mismo momento de la atención de urgencia. Una práctica que puede tener un efecto disuasorio en las personas que no tienen recursos económicos, que optan por la automedicación».
Por ello, desde AI exigen al Gobierno de Castilla La Mancha y de la Comunidad Valenciana que adopten las medidas necesarias para garantizar el acceso y disfrute del derecho a las salud, sin discriminación y con independencia de la situación administrativa; que realice evaluaciones de impacto en derechos humanos de la reforma desde una perspectiva de género y adopte medidas inmediatas para mitigar al máximo el efecto disuasorio del RDL en el acceso de las personas migrantes a la atención sanitaria; que informe debidamente al personal sanitario, ataje los incumplimientos del RDL que se puedan dar y elimine las irregularidades administrativas que podrían acarrear una mayor exclusión de la asistencia sanitaria; y a los partidos políticos que se comprometan a garantizar la universalidad del derecho a la salud y que dejen constancia de este compromiso en los programas electorales.
