Javier Fisac Seco.- Hegel había dicho que lo que es necesario es real y, en consecuencia, lo que ya no es necesario deja de ser real. La pregunta es ¿cuándo, por qué y cómo la Dictadura franquista, nacionalclerical, dejó de ser real y por tanto, dejó de ser necesaria? ¿Para quién? Nada de original tiene, en la Historia, que una clase social dominante transforme su forma de dominación en función de la correlación de fuerzas en cada tiempo histórico.
Ocurrió en Francia, ocurrió en Alemania, ocurrió en Italia… durante los siglos XIX y XX. Sus burguesías eligieron el bonapartismo, el fascismo y el nazismo, en otros países elegirán dictaduras militares, para hacer frente a la revolución social cuando las repúblicas democráticas eran impotentes de proteger sus intereses.
Pero, una vez derrotadas estas opciones, la misma burguesía, en una correlación de fuerzas que le era desfavorable, inició el proceso inverso: derrotado el totalitarismo se reorganizó en partidos llamados demócratas-cristianos o populares. Partidos cuyos fundamentos ideológicos no son la Declaración de Derechos sino la doctrina cristiana. La burguesía se limitó a cambiar su forma de dominación. Porque la democracia, que es una forma de dominación, es un sistema político interclasista en el que el capital impone sus prioridades. En la misma España y en el exilio, Gil Robles, el que fue líder de una alternativa totalitaria, la CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas, organizada y controlada por la Iglesia católica, con el objetivo de acabar con los fundamentos ideológicos progresistas y democráticos de la República, sustituyéndola por una “democracia orgánica, el fascismo, se transformó, en el exilio, en monárquico, que nunca había sido, y en demócrata, que tampoco lo había sido. Sólo fue, siempre, católico.
Las dictaduras militares, a diferencia de los sistemas totalitarios de izquierdas o de derechas, están personalizadas en el dictador y no tienen vocación de permanencia, como las monarquías o los totalitarismos. Aunque su ideología sea totalitaria, no lo es su sistema. Estas dictaduras no existen para sí mismas por que el Ejército, como aparato represivo del Estado, no está al servicio de sí mismo sino al servicio de la propiedad de la clase dominante. Desde el siglo XIX hasta hoy, los dictadores no tienen sucesión. Su propia existencia no depende de ellos sino de quienes los apoyan o consienten. A nivel nacional o internacional. Estas dictaduras militares se instauran como “estados de excepción”, y por lo tanto son temporales, para proteger los intereses del capital, de la moral y de la religión. Pero como no están al servicio de sí mismas dependen de aquéllos intereses a quienes sirven. Franco se sirvió de esos intereses para mantenerse, en equilibrio, en el Poder. Mientras la coincidencia de intereses convergiera en la Dictadura, el dictador podría sobrevivir. En el momento en el que el capital, el poder civil, quisiera retomar en sus propias manos el Poder y por tanto el gobierno, pasado el estado de excepcionalidad, la Dictadura dejaba de ser necesaria para sus mismos protectores y protegidos.
Si nos fijamos en la evolución interna de personas vinculadas al Régimen, tenemos un ejemplo significativo en el periódico “El País”. Con la creación de este periódico se materializó la prueba evidente de la transformación del franquismo en un modelo de democracia capitalista. Fueron los propios franquistas, con la bendición del Departamento norteamericano de Estado, algo que hoy se muestra transparentemente, quienes decidieron ofrecerse como alternativa democrática así mismos.
Paralelamente el socialismo de Felipe y Guerra, apropiándose las siglas del PSOE, prácticamente liquidado por el franquismo en España, y rompiendo con la tradición ideológica republicana, anticlerical y revolucionaria del socialismo representado por los socialistas y republicanos del exilio, puso en marcha un proceso de revisionismo convergente con los franquistas de “El País”. Periódico que terminó siendo el intelectual orgánico del socialismo en competencia con la propia Iglesia. Que también estaba ofreciéndose como alternativa ideológica con la que llenar el vacío ideológico del socialismo revisionista. Bono es un ejemplo vivo y transparente del quintacolumnismo del franquismo y clericalismo en el seno de un PSOE sin ideología republicana, anticlerical y revolucionaria.
“El País” jugó un papel fundamental al orientar ideológicamente a la oleada de militantes socialistas que surgieron en muy pocos años. Y en marcarles las líneas políticas de pensamiento y acción. Una paradoja. Pues bien, también ocurrió con muchos militantes o ejecutivos del Movimiento Nacional que se comprometieron con el proceso, como el tutor del Príncipe, Torcuato Fernández Miranda, o el mismo Suárez. Dos personajes determinantes en la realización del trayecto hacia la democracia monárquica. Algo diferente ocurrió con la prestigiosa revista “Triunfo”, a pesar de sus orígenes, más identificada con la línea política del PCE. Se transformó, dentro del Régimen, en un órgano ideológico de negación del mismo.
Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el franquismo, derrotados los totalitarismos, sus aliados ideológicos, estaba generando su antítesis, la negación de sí mismo, desde dentro de sí mismo. Hasta llegar el momento de maduración de ese proceso, que pudo haber sido en 1949, pero que no fue hasta 1976. Qué estaba madurando en España y en la situación internacional para que fuera posible. Cómo pudo ser, si el aparato represivo del Estado franquista, el Ejército, enemigo de la democracia, y su aparato ideológico, la Iglesia, enemiga de las libertades, seguían siendo los dos pilares, la Falange la apartó del Poder el mismo Franco, las dos instituciones sólidas sobre las que se consolidó la Dictadura, no presentaban fisuras, no se sentían amenazados por revolución ninguna y deseaban conservar la Dictadura bajo un poder militar con un gobierno monárquico o no.
Porque, como el mismo Anguita reconoció en una entrevista publicada en “Historia de la Democracia. La aventura de la libertad”, El Mundo, 1995, pg 906, no existía movimiento de masas y la izquierda, la única izquierda con potencial de movilización, el PCE, era débil. ¿Sólo débil? Lo cierto es que los grandes iconos de la izquierda, y del PCE, la Huelga General Política y la Huelga Nacional Pacífica con los que se pensaba presionar para provocar el “derrocamiento de la Dictadura”, no fueron ni invocados ni convocados desde 1976. El discurso quedó reducido a las expresiones de “pacto por la libertad”, “reconciliación nacional” o “ruptura democrática”. También Tamames declaró, veinte años antes, en “El Viejo Topo, nº 11, 1979, pg. 21, que “Hemos estado un poco a remolque, primero en la elaboración de la Constitución y luego en las consecuencias de la elaboración de la Constitución”. En la transición ni el franquismo sociológico, ni los intereses internacionales, ni la Iglesia, perdieron nada. Aunque tuvieron que aceptar un reparto democrático del Poder y la Declaración de Derechos. Que fue el gran paso que se dio desde los intereses del pueblo.
Pero qué era el franquismo sociológico? Era el conjunto de fuerzas sociales que se reagruparon en torno a la CEDA, en 1933, y contra el Frente Popular, en 1936, para destruir todo lo que habían hecho los republicanos y que se concreta en cuatro cuestiones: el carácter laico del Estado y la separación del Estado de la Iglesia; la ley de Reforma agraria, las autonomías y la ley de Congregaciones religiosas que eliminaba a la Iglesia de la enseñanza. Socialmente procedían del Ejército, de la Iglesia, de la oligarquía agraria y de la pequeña y mediana burguesía agraria, industrial y comercial. Ideológicamente eran católicos y por tanto autoritarios y enemigos de los derechos humanos. Porque la Iglesia fue beligerante contra los derechos Humanos durante todo el siglo XIX y XX.
Durante la República la base social de los partidos republicanos era muy reducida, como pudo comprobarse en las elecciones de 1933, en las que casi desaparecen políticamente los partidos republicanos, y en las de 1936. La sociedad estaba muy polarizada y sociológicamente casi equilibrada entre derechas e izquierdas. Siendo los socialistas la fuerza más votada y junto con los anarquistas la más poderosa. Sólo que el poder anarquista no se refleja en las elecciones porque no participaban en los procesos electorales.
Esta base social se reagrupó durante la Dictadura en torno a la Iglesia, el Ejército y, en menor medida, la Falange. Eran nacionalistas y aislacionistas, como tradicionalmente venía siendo la Iglesia. Por eso, en los comienzos de la Dictadura la autarquía fue la política económica con la que pretendían proteger sus intereses frente al capitalismo internacional e ideológicamente frente al triunfo de las democracias. No representaban los intereses ni del capitalismo ni del imperialismo estratégico norteamericano, británico o francés. No podían ser una solución alternativa a la Dictadura. Esta significaba para ellos la garantía de protección de sus intereses. Ni la Iglesia, ni el Ejército, ni los funcionarios falangistas encontraban seguridad más allá de la Dictadura.
¿Realmente la oposición no pudo exigir más? En realidad es que no exigió nada porque se limitaron a acompañar de comparsas a los protagonistas del proceso, Suárez y el Rey. Quien estaba dispuesto, por imperativo de su padre D. Juan, a hacer esas concesiones a cambio de consolidar la monarquía parlamentaria como forma de gobierno. En “Los secretos a la transición a la democracia” , escribió Suárez: “…pero al final se llegó a la convicción de que el proyecto del Gobierno era el mejor entre todos los posibles. Entre otras razones, porque no se planteó con seriedad y validez política ningún otro”.
¿Por qué no presionó la oposición? ¿Acaso el Rey se hubiera atrevido a hacer una restauración monárquica posfranquista sin el apoyo de la izquierda? Sin este apoyo habría fracasado su proyecto, porque la monarquía para consolidarse y legitimarse necesitaba del consenso con la izquierda. De ahí que la transición se basase en el “consenso” entre las fuerzas políticas dentro del Régimen y opuestas al Régimen. El “consenso” sustituyó a un gobierno provisional y a un referéndum, de los que debía haber emanado, por voluntad del pueblo, la Constitución y posteriormente la forma de gobierno, republicana o monárquica. Como propusieron tanto la “nota tripartita”, como la 2ª resolución de las Naciones Unidas. Y como propusieron socialistas, comunistas y republicanos, en el exilio; pero renunciaron a él.
Sin embargo ocurrió al revés, primero se acepta la monarquía, cuyo origen es franquista, como forma de gobierno, y en ese momento ya estaba hecha la transición, y posteriormente se aprueba una constitución que legaliza esa monarquía. Tal y como D. Juan deseaba, contando con el consenso de los partidos de izquierda. Que son, en definitiva, los que dieron fundamento de legalidad a la monarquía. Hurtando al pueblo el derecho a expresar su voluntad plebiscitariamente. Porque el pueblo expresó su voluntad al aprobar el proyecto de Reforma Política, propuesto por Suárez, y al votar favorablemente la Constitución de 1978, pero no pudo elegir entre Monarquía o República. Ya que se limitaron a ponerle delante un plato de lentejas.
La transición no tuvo sus orígenes intelectuales y políticos en el año 1976. Fue un proyecto que empezó a elaborarse inmediatamente después de terminada la IIª Guerra Mundial. Porque por su posición estratégica España era de interés vital para el Imperio británico y posteriormente lo sería para los Estados Unidos en la medida en la que fueron sustituyendo a los británicos en el espacio mediterráneo, elaborando su propia estrategia de penetración y defensa frente a una amenaza soviética. La neutralidad había salvado a Franco durante la guerra. Progresivamente, el alineamiento de Franco con el bloque occidental lo mantuvo en el Poder. De manera que la Dictadura no se explica sólo por los apoyos que tenía en España, Ejército e Iglesia, sino por el apoyo que recibió, por acción u omisión, desde el exterior. Por británicos y norteamericanos. España, con Franco, empezó a perder soberanía sobre sus propios asuntos porque nada que afectara a sus intereses estratégicos y económicos, los de esas potencias, podría hacerse sin su consentimiento. La burguesía nacional y las instituciones, Ejército e Iglesia, no podían decidir por sí mismas el destino de la Dictadura. La existencia de ésta dependía, también y fundamentalmente, del exterior.
Durante la “guerra fría” la presencia de los comunistas en una España republicana hubiera sido una amenaza para los intereses británicos y posteriormente para los norteamericanos, como lo fueron en Italia y Francia. Es en la dialéctica de la “guerra fría” en la que el Régimen de Franco pudo mantenerse, desarrollar las fuerzas productivas y elaborar unas leyes que nunca serían aplicadas en vida de Franco pero que preparaban su sucesión. El objetivo de Franco no fue otro que mantener su Dictadura hasta el final de su vida.
Los republicanos en el exilio exigieron y creyeron que la República sería restaurada porque asociaron la derrota de las potencias totalitarias con la suerte de España. Sin embargo Churchill, un mes antes del desembarco de Normandía, en mayo de 1944, aplaudió, en el Parlamento británico, la neutralidad que Franco mantuvo durante la guerra y le felicitó. Finalizando la guerra, el 19 de marzo, el pretendiente D. Juan, en simpatía con las democracias, hizo públicas sus posiciones alternativas a la Dictadura en el manifiesto de Lausana. Pedía a Franco que, ante el triunfo de las democracias, tenía que abandonar el Poder, para que fuese ocupado por la Monarquía como garantía de paz frente al peligro de una nueva guerra civil y se comprometió con una forma de gobierno monárquica, constitucional y parlamentaria. El exilio socialista calificó este manifiesto de “rebelión de D. Juan contra su jefe” .
En cuanto a la posición de las potencias, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, en sus relaciones con el Régimen quedará fijada por la posición británica, expuesta por Churchill y mantenida por los laboristas cuando le sucedieron en el Poder. Esta posición estaba formulada en los siguientes términos:
1. El problema español es un asunto interno que debían resolver los españoles solos.
2. El Reino Unido no intervendría militarmente en los asuntos internos de España.
3. Se opone a hacer de la cuestión española un problema internacional del que pudiera sacar provecho la URSS y, por tanto, se opone a que España ingrese en los organismos internacionales de futura creación, las Naciones Unidas.
4. Desear que los regímenes dictatoriales, en cumplimiento de los principios establecidos en la Carta del Atlántico, fuesen sustituidos por regímenes salidos de elecciones libres y democráticas, para que los pueblos recuperasen su soberanía.
Aunque previamente en las Naciones Unidas constituidas se levantó la voz contra la Dictadura, la primera ocasión en la que las potencias vencedoras, con la U.R.S.S. incluida, tomaron una posición conjunta sobre la cuestión española fue en la Conferencia de Potsdam, reunida del 17 de julio al 2 de agosto. En el Comunicado final conjunto, los tres gobiernos, considerando que el Régimen franquista, asociado en sus orígenes e ideología, con los países agresores, las potencias del Eje, no poseía las calificaciones necesarias con las que poder justificar su admisión en las Naciones Unidas, se comprometían a:
…”no apoyar la candidatura del Gobierno español para ser admitido en dicha Organización” .
Si se hubiera querido acabar con la Dictadura, Stalin lo único que tendría que haber hecho era calificar el Régimen de “beligerante” contra las potencias aliadas. Pero, en esos momentos los intereses estratégicos y los compromisos contraídos sobre esferas de influencia, se impusieron sobre razones ideológicas. Y Stalin no lo denunció.
Coincidiendo con los mismos días durante los que se celebró la conferencia de Potsdam, Franco, temiendo lo que se le venía encima, el 17 de julio aprueba el Fuero de los españoles, en el que se reconocen una serie de derechos, siempre que no se utilicen para atentar contra la patria y que pueden ser suspendidos en cualquier momento; aprueba la Ley de Administraciones locales según la cual los concejales eran elegidos por sufragio orgánico y una nueva ley electoral a Cortes corporativas y, en tercer lugar, forma un nuevo gobierno del que desplaza la Secretaría general del Movimiento como ministerio aunque conserva varios falangistas en otras carteras y se nombra a un católico, Martín Artajo, como ministro de Asuntos exteriores. Pareciere que el Régimen, en sintonía con las democracias triunfantes, quisiera mostrar gestos deevolución democrática.
Para Franco la declaración de Potsdam fue interpretada como una amenaza. Sabía que su existencia dependería de que tomara partido por Occidente y de que realizara “gestos” hacia las potencias occidentales de que su Régimen podría evolucionar desde dentro. Sólo necesitaba tiempo. Y esa será la actitud de Franco durante toda su Dictadura: hacer concesiones políticas sobre la posibilidad de evolución de su Régimen para satisfacer las exigencias de esas potencias y sobre todo de las fuerzas políticas e intelectuales que en Estados Unidos, Francia e Inglaterra presionaban para tomar medidas que derrocaran al Dictador.
El siguiente paso o concesión la hizo el 22 de octubre aprobando la Ley de Referéndum. Será una de las ocho Leyes Fundamentales. Contemplaba la posibilidad de someter a referéndum o plebiscito alguna ley propuesta por un gobierno del Régimen. En noviembre Giral, de Izquierda Republicana, encargado de la formación de Gobierno, elaboró un primer gobierno con socialistas, autonomistas y republicanos, dejando fuera a comunistas y cenetistas. Se marcó como primer objetivo atraerse las máximas adhesiones internacionales, necesarias para derrocar a Franco, y colocar el problema español en el ámbito de las Naciones Unidas para conseguir que éstas interviniesen en España. El Gobierno republicano del exilio controlaría el proceso y la situación española hasta que, restaurada la República, se celebrasen elecciones libres y se formase un nuevo Gobierno. Esta fue la posición oficial de los republicanos. Cuestionada y desaprobada por Prieto en 1947, después de la resolución de las Naciones Unidas sobre España. El gobierno se distanciaba de las posiciones británicas.
Mientras tanto, el gobierno francés, integrado por republicanos, socialistas y comunistas presionó para que se tomara una postura conjunta de las potencias occidentales contra el Régimen franquista. Esta presión elevó la cuestión española a problema internacional, sacándola, momentáneamente, del aislamiento en el que los británicos querían conservarla. Y consiguió dos resultados, que se aprobara, en marzo de 1946, la “nota tripartita” y provocar un debate sobre el problema español durante el año 1946 del que salió la resolución de las Naciones Unidas de diciembre del mismo año.
En esta nota quedaban contenidos los criterios de la declaración de San Francisco y de la de Potsdam relativos a la naturaleza del Régimen, que por sus simpatías con el nazismo y el fascismo quedaba incapacitado para participar en asociación con las naciones del mundo. Se repite el argumento británico de no intervenir en los asuntos internos de España, delegando en el pueblo español la tarea de forjar su propio destino político. Introduce como novedad una clara referencia a las características ideológicas que deben tener las fuerzas políticas “patriotas y de espíritu liberal”, que serán reconocidas por estas potencias como alternativa al Régimen. Dice la “nota:
“Por el contrario, se confía en que dirigentes españoles patriotas y de espíritu liberal encontrarán pronto los medios a conseguir una pacífica retirada de Franco, la abolición de Falange y el establecimiento de un Gobierno interino o provisional, bajo el cual el pueblo español pueda tener la libre oportunidad de determinar el tipo de gobierno que prefiere y escoger a sus jefes. Amnistía política, libertad de reunión y asociación política y la preparación de elecciones son esenciales. Un Gobierno interino que decida entregarse y se mantenga en su esfuerzo a estos fines, recibirá el reconocimiento y apoyo de todos los pueblos amantes de la libertad .
En esta “nota” no se toman ningún tipo de medidas. No se acuerda la ruptura de relaciones y menos las económicas. No se considera que el Régimen sea una amenaza para la paz y la seguridad internacional y, lo más grave para el exilio, se ignora el Gobierno republicano. Sin embargo, la “nota” desencadenó el debate en las Naciones Unidas entre los países comunistas y capitalistas. El problema español estaba siendo utilizado por la Unión Soviética para desestabilizar los países occidentales, según la opinión occidental. Stalin no trataba de solucionar el problema sino de mantenerlo activo.
A finales de marzo, el socialista Fernando de los Ríos, alegando motivos personales, dimitió. Giral llenó su vacío nombrando ministro al dirigente del PCE, Santiago Carrillo. Tras este nombramiento, los gobiernos de Checoslovaquia, y Polonia, seguidos de los de Rumania, Hungría y Yugoslavia reconocieron el Gobierno republicano. Mientras tanto, el resultado del debate internacional fue la resolución de las Naciones Unidas del 12 diciembre de 1946. En el preámbulo se recogen las condenas al Régimen franquista realizadas en San Francisco, Potsdam y Londres, donde se firmó la “nota tripartita”. Se exponen los debates habidos en el Consejo de Seguridad y la encuesta de la Subcomisión. Se caracteriza el Régimen como de “tipo fascista”. Recuerda que facilitó ayuda al Eje y su actuación durante la Segunda Guerra Mundial y da por probado que Franco fue cómplice en la “conspiración para preparar la guerra contra los países que durante la misma tuvieron que reunir sus fuerzas para formar las Naciones Unidas” . Por consiguiente:
“Persuadida que el Gobierno fascista de Franco, impuesto por la fuerza al Pueblo español, y que mientras dicho Gobierno esté al frente de España hace imposible la cooperación del Pueblo español con los de las Naciones Unidas en las cuestiones internacionales, la Asamblea General:
“Recomienda que el Gobierno de Franco en España sea excluido de los organismos internacionales, creados por la Organización de las Naciones Unidas o agregados a ella, así como de las Conferencias o de otras manifestaciones organizadas por la ONU, o sus organismos, hasta que un nuevo Gobierno haya sido formado en España.
“Además, deseando asegurar la participación de todos los pueblos pacíficos, incluso el pueblo español, en la Comunidad de Naciones:
“Recomienda que, si en un plazo razonable no se ha establecido en España un Gobierno que haya recibido sus poderes con el asentimiento de los gobernados, y se haya comprometido a respetar la libertad de palabra, de religión y de reunión, a organizar rápidamente elecciones en las que el Pueblo español, sin coacciones ni intimidaciones y sin consideraciones de partido, pueda expresar su voluntad, el Consejo de Seguridad examine las medidas apropiadas con el fin de remediar la situación.
“Recomienda que todos los miembros de las Naciones Unidas llamen inmediatamente a sus embajadores y ministros plenipotenciarios, acreditados en Madrid.
“Además, la Asamblea General recomienda que los Estados miembros de la Organización informen al secretario general y a la próxima Asamblea de las medidas por ellos adoptadas en aplicación de la presente recomendación” .
El exilio republicano llegó a la conclusión de que la única novedad consistía en aislar diplomática y organizativamente al Régimen; pero no lo aísla económicamente, como pedía Prieto para dejarlo bloqueado y asfixiarlo económicamente por consunción. Por otra parte, no reconoce al Gobierno republicano, al que las grandes potencias siguen ignorando.
La reacción de la oposición y de Franco fue inmediata. Entre enero y febrero los monárquicos y la ANFD, Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas, parecían decididos a llegar a un acuerdo para acabar con Franco mediante un golpe militar. El pretendiente D. Juan conocía el borrador del acuerdo y los generales monárquicos, Kindelán, Beigbeder y Moceda Bouso, estuvieron esperando que D. Juan diera su consentimiento .
En febrero se constituyó la Confederación Española de Fuerzas Monárquicas, CEFM, creada por Gil Robles, de Acción Popular, Sáinz Rodríguez, de Renovación Española, y Rodezno, de Comunión Tradicionalista. Organización que, con el consentimiento de D. Juan, intentó mantener contactos con la ANFD . Por su parte, Franco tomó la iniciativa. Primero, tras conocerse la resolución de la ONU, desterró a los generales Kindelán y Aranda ; luego, dio el paso más significativo: el 1º de abril hacía pública la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado. Un año después creaba el Consejo del Reino con un puesto vacante para que lo ocuparan los monárquicos de D. Juan. España era un Reino regido por un Regente, Franco, hasta que se encontrara rey.
Prieto entendió que con la Ley de Referéndum y la de Sucesión, apoyadas en la resolución de la ONU, el Régimen podía evolucionar desde sí mismo hacia una monarquía. E inmediatamente entró en acción para descalificar al Gobierno republicano, las tesis socialistas y proponer una nueva estrategia basada en la alianza con los monárquicos para encontrar una alternativa común al Régimen de Franco. Ambas fuerzas deberían formar un gobierno provisional con el encargo de convocar elecciones en las que se sometería a referéndum si el pueblo español deseaba la República o la Monarquía. Se abandonaba la tesis de restaurar la IIª República y se sometía a plebiscito la instauración de la IIIª. El pueblo español debería decidir. Esta estrategia fue aprobada en el IIIª Congreso socialista del exilio en marzo de 1948.
Algo estaba cambiando, sin embargo, en la situación internacional y en la política exterior norteamericana. Un año antes, en marzo de 1947, Truman anunció su política de contención de la penetración comunista en Grecia, Turquía y Oriente. La respuesta no se hizo esperar. En septiembre se reunían los partidos comunistas en Polonia y creaban la Kominform. Es en esta Conferencia en la que, por primera vez, se habla de la existencia de dos “bloques” o “campos”, el imperialista, dirigido por los Estados Unidos, y el comunista, dirigido por la U.R.S.S. La “Guerra Fría” entraba en escena.
En este contexto internacional la solución monárquica será programada por el monarca, por Franco y por las potencias occidentales, especialmente por Estados Unidos, como garantía de transición de la Dictadura a la Democracia para que fuera una transición controlada con la que se garantizasen los intereses del capitalismo, del imperialismo y del mismo franquismo sociológico y para evitar una revolución social. Nunca fueron reconocidos ni los gobiernos republicanos del exilio ni la propuesta de formar un gobierno provisional con republicanos, que hubiera podido crear una situación inestable en el proceso de transmisión de poderes. Y así fue como ocurrió.
La posición norteamericana, junto con las posiciones tomadas en organismos internacionales, estuvo caracterizada por los siguientes criterios expuestos el 14 de febrero, por Culberston, oficial del subdirector de Asuntos Europeos del Departamento de Estado Norteamericano:
1. Afirmar que no se produciría un compromiso con Franco.
2. Dejar claro que no se quería un régimen controlado o influenciado por comunistas.
3. No apoyarían al Gobierno republicano en el exilio.
4. No favorecerían un golpe de Estado monárquico y el establecimiento de D. Juan, a no ser que, como resultado de elecciones libres, el pueblo español decidiese el establecimiento de una monarquía constitucional.
5. Mantener que una Junta Militar sería aceptable como régimen de transición, siempre que elementos civiles representantes de intereses políticos de la izquierda participaran plenamente.
6. Mantener que cualquier régimen transitorio, que públicamente apoyase y pusiera en práctica los principios fundamentales democráticos, recibiría el apoyo político y económico de los Estados Unidos .
Un año después, sin embargo, se decidió normalizar las relaciones con la España franquista. El 21 de enero de 1948, el Presidente Truman aprueba la propuesta del Consejo de Seguridad Nacional para que se normalizasen las relaciones económicas y políticas con España. El 2 de febrero, Culberston, enviado por el Departamento de Estado, se entrevista con el ministro español de Asuntos Exteriores, Martín Artajo, a quien expuso que la normalización de relaciones incluía la posibilidad de recibir ayuda económica del Plan Marshall, pero a cambio de una mayor liberalización de la economía, de la vida política, mayor libertad de prensa y opinión y la sustitución de los tribunales militares por tribunales civiles .
También le expuso que los sindicatos verticales en la industria, el comercio y las profesiones liberales debían desaparecer; que la prensa debía recoger las opiniones desfavorables al Gobierno y que los ciudadanos no podían correr el riesgo de ser arrestados por causa de sus opiniones. Le informó de que el almirante Sherman y otros altos mandos militares realizarían una visita a España con carácter privado y que los bancos privados norteamericanos estaban estudiando conceder préstamos a largo plazo a España.
La ejecutiva pensaba que tras los deseos de normalización de relaciones, se escondía el intento norteamericano por colonizar España y que para enmascarar la Dictadura, le exigían a Franco una cierta evolución de su Régimen. Manteniendo a Franco, Truman se aseguraba su colaboración en caso de conflicto .
En febrero, D. Juan llegaba a Estados Unidos. Viaje que fue puntualmente seguido por los socialistas. Según “The Observer”, D. Juan se había entrevistado con Truman, cosa desmentida por su secretario, Charles Ross . Gil Robles también lo desmiente, pero admite que mantuvo conversaciones con relevantes personas del Departamento de Estado, de la Defensa Nacional, de la política y de la Iglesia . “The Observer” informó que D. Juan fue presionado para que llegase a un acuerdo con Franco, sobre la base de introducir las mejoras recomendadas por la ONU y encontrar una solución al problema español. A pesar de lo cual, según este periódico, D. Juan se negó a aceptar esta solución, porque estaba decidido a apoyar las negociaciones que los monárquicos mantenían con los socialistas . En lo que parecía tener razón, porque Prieto declaró, durante la celebración del IIIer. Congreso del PSOE, en marzo, que las negociaciones “iban por buen camino” .
El 20 de febrero, Franco reunía el Consejo del Reino para que sus miembros prestaran juramento. Quedaba un puesto vacante a la espera de que fuese ocupado por un representante de D. Juan. En opinión de los socialistas, de esta manera el Estado nacionalsindicalista quedaba formalmente sustituido por el Reino de España . En marzo, Myron Taylor, que había sido representante personal de Roosevelt ante el Estado Vaticano, se trasladó a Madrid, donde se entrevistó con Martín Artajo .
Los socialistas estaban preocupados porque el aspirante al trono, a quien reconocían haber roto con la vieja tradición monárquica, para encarnar los principios constitucionales y democráticos de las monarquías modernas, quisiera reforzar sus supuestos derechos por medios que se parecían a la intriga, con el apoyo norteamericano. Y acusaron a Truman de estar interviniendo descaradamente en los asuntos internos de España .
Con respecto a la política norteamericana, consideraban que, si se aceptaba la política evolucionista del Departamento de Estado, debería admitirse como válido el referéndum sobre la Ley de Sucesión, de julio del año anterior. Y, según esta lógica, habría que suponer que el Régimen de Franco tenía un origen legal, en cuyo caso, el problema español quedaba reducido a una pura entelequia. Amparándose en la celebración de unas elecciones municipales, seguidas de otras generales, a las que se presentaría la reacción española, subdividida en cuantos partidos fuera necesario, se pretendía una rápida transición del fascismo franquista a la democracia .
Aceptar esta legitimación, opinaba la ejecutiva, sería lo mismo que aceptar el golpe de Estado dado por los comunistas en Checoslovaquia. De esta manera, el mecanismo golpista acabaría siendo reconocido como un excelente principio de Derecho político, igual o superior a la manifestación de la voluntad popular. Una legitimación del poder político, obtenida por este procedimiento, acompañada por una entrada discreta en las vías democráticas y constitucionales, rompería las barreras ideológicas con las que la ONU había denunciado el régimen de Franco. Una vía de transición que ni la ejecutiva, ni Llopis estaban dispuestos a aceptar .
La política de normalización empezaba a abrirse camino, cuando el 30 de marzo, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos decidió, por 149 votos a favor y 52 en contra, incluir a España en la lista de naciones beneficiarias del Plan Marshall, según la enmienda presentada por el senador republicano O´Konski. El diario ABC de Madrid, valoró que, con esta votación, había fracasado la política del PSOE de llegar a un acuerdo con los monárquicos .
Marshall, secretario de Estado, reaccionó ante estas críticas, dando instrucciones para impedir la entrada de España en el plan de reconstrucción económica. Se justificó argumentando que la misma propuesta se había hecho a otros países totalitarios, como la URSS, pero que, en última instancia, la participación o no de España era algo que debían decidir los dieciséis países que participaron en el Plan Marshall y no los Estados Unidos. El 25 de agosto, D. Juan se entrevistaba con Franco. En septiembre, “El Socialista” reproducía unas declaraciones realizadas por el ex ministro de Franco, Irujo, para quien era de suponer que el Pretendiente, al acceder a este encuentro, lo hubiese hecho con el objeto de negociar desde la posición ventajosa que tenía en un momento en el que se había llegado a un compromiso con los socialistas, al que sólo le faltaba el requisito de las firmas . D. Juan, por medio de su Secretaría, publicó una nota a fin de disipar el equívoco que había producido su entrevista y manifestar su opinión:
…”la entrevista que ha tenido lugar entre el Rey y el General Franco… y las conversaciones a que dio lugar, tenían por única finalidad hacer evolucionar el actual régimen español hacia su liquidación pacífica. El Rey está convencido que rinde, de esta manera, un gran servicio a la democracia y a la paz del mundo; permite, igualmente, la adhesión de España al bloque anticomunista de las naciones occidentales, adhesión que continuará siendo imposible, mientras el General Franco permanezca en el Poder” . Al mismo tiempo, tres días después, el 28 de agosto, Prieto, por la Comisión especial del PSOE, y el conde de los Andes, por la CEFM, firmaban: “Las bases convenidas para resolver el problema español”, conocidas como Pacto de San Juan de Luz .
A lo largo de 1949 Franco vuelve a hacer declaraciones de aproximación a las potencias occidentales. El 19 de mayo, en las Cortes declara que el Régimen puede evolucionar desde dentro hacia otra forma de gobierno y en declaraciones que hizo al “Daily Telegraph”, se refirió a que tenía que acabarse con el aislamiento, integrándose en Europa o al margen de ella. Habló a favor de la integración de España en la OTAN y si los gobiernos europeos no lo querían, dejó caer que le agradaría un pacto bilateral con los Estados Unidos. Y afirmó que nada podía ser como antes porque España tenía su propio y original sistema político, pero que la evolución de los sistemas políticos, aunque fuese lenta, era constante, dijo: “Nuestro Régimen de constitución abierta y la institución del referéndum permiten en cualquier momento un progreso y perfeccionamiento” .
Atraídos por los cantos de sirena de Franco, los monárquicos, sin embargo, nunca llegarán a un acuerdo definitivo con los socialistas porque nunca aceptaron la posición de Prieto de que el gobierno provisional que convocara el referéndum no podía estar presidido por D. Juan. De hecho las relaciones entre monárquicos y socialistas no dieron ningún paso más. Quedaron definitivamente estancadas, hasta que en 1952, después de que la ONU derogase dos de las tres recomendaciones sobre el Régimen, los socialistas llegaran a la conclusión de que el pacto con los monárquicos había quedado roto.
Mientras tanto Estados Unidos estaba tomando posiciones en el mundo mediterráneo, en el que la posición de España era cada vez más importante para la defensa de Europa y de los intereses norteamericanos, según el informe Fecheler y el plan Offtackle. Washington se estaba aproximando a Franco. El 19 de enero de 1950 el Secretario de Estado, Acheson, en carta dirigida al Presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Connaly, calificó de errónea la política que Washington había defendido en la ONU para aislar a Franco, porque lo único que se había conseguido era fortalecer su Régimen. En consecuencia, era necesario rectificar modificando la resolución de la ONU de 1946, pero debía quedar claro, al mismo tiempo, que no se podía interpretar el establecimiento o mantenimiento de relaciones diplomáticas con un Gobierno, con el reconocimiento de su sistema político .
Por la urgencia de incorporar España al sistema defensivo y para poner fin a las tensiones internas, entre quienes por la izquierda, CIO y AFL, se oponían a Franco, y quienes por la derecha, católicos y empresarios algodoneros, además del Pentágono, deseaban romper con el aislamiento, era necesario encontrar una solución a la cuestión española, según Acheson. Quien justifica que en ese momento no había signo de alternativa al Gobierno de Franco, cuya posición era fuerte y gozaba del apoyo de quienes, aunque prefiriesen otra forma de gobierno o Jefe de Estado, temían que el caos y la guerra civil seguirían a un movimiento para derribarlo. Y argumenta que España forma parte de Occidente y no puede permanecer en situación de aislamiento, pero, puesto que la ideología del Régimen impedía que las democracias europeas lo aceptasen, porque su mera existencia perjudicaba el esfuerzo defensivo que estaban dispuestos a hacer y la defensa de la democracia, era necesario presionarle para que diese indicios de evolución hacia un sistema democrático.
El 4 de noviembre de 1950 la ONU deroga las recomendaciones primera y tercera, pero deja vigente la más importante, la segunda, en la que sigue apoyando la formación de un gobierno provisional representativo para que convoque un referéndum en el que sea el pueblo español el que decida quién quiere que lo gobierne. Los embajadores volvieron a España y ésta inició los pasos para ingresar en las Naciones Unidas. Su aislamiento platónico había quedado roto.
Pero más allá de esta simbología, el pasó que consolidó a Franco como dictador, el que le permitió poder dormir con los dos ojos cerrados, fue la visita que en julio de 1951 le hizo el almirante norteamericano Sherman. El 10 de julio, D. Juan envió una carta a Franco solicitándole el traspaso de poderes. Seis días después el almirante Sherman se entrevistaba con Franco. El día 18 de julio la United Press informaba que los jefes de los Estados Mayores norteamericanos habían decidido que la Sexta Flota debería estacionarse en el Mediterráneo, de modo permanente y, por consiguiente, debían buscarse bases permanentes para esas unidades. En su opinión, el Mediterráneo español, incluidas las estratégicamente situadas islas Baleares, constituía la mejor zona del Mediterráneo para tal fin.
El mismo día 18, la agencia Reuter informaba que los gobiernos de Londres y París se oponían a las conversaciones hispano -norteamericanas, por temor a que un acuerdo bilateral pudiera desviar el envío de armas urgentemente necesitadas por las naciones de la OTAN y criticaron que Washington prefiriese la defensa periférica de Europa, al sur de los Pirineos, en lugar de fortalecer militarmente a Francia. Pocos días después, un grupo de senadores, miembros de la Subcomisión del Comité de Negocios Extranjeros del Senado, visitaba a Franco, quien les prometió movilizar dos millones de soldados a cambio del material necesario. Según el informe elaborado por esta Comisión, se le debía conceder un crédito de 400 millones de dólares, el 50% para necesidades militares y el otro 50% para necesidades civiles .
Franco debió sacar tal sensación de que su situación se había reforzado que dos días después, el 18 de julio, ignorando sus veleidades evolucionistas, remodeló su Gobierno con la inclusión de elementos falangistas reputadamente antievolucionistas y antimonárquicos. Con este gesto, según los socialistas, se ponía fin a las especulaciones sobre el traspaso de poderes a D. Juan. Desde Estoril se apresuraron a declarar públicamente que:
“Jamás el régimen franquista había tenido un Gobierno tan reaccionario, tan fascista, ni tan nazi como el actual” .”Quienes, añade Llopis, han dejado correr la especie de que ese Gobierno era un paso hacia la restauración monárquica, quedan notificados con la declaración de Estoril”.
En 1952 España ingresaba en la UNESCO, en 1953 se firmaban los acuerdos con Estados Unidos, a quien se cedían bases territoriales en España, entre otros acuerdos. La Iglesia católica firmaba, ese mismo año, un concordato en el que se ratificaban los privilegios de esta Iglesia y se la confirmaba como aparato ideológico del Estado franquista. En 1955 España ingresaba como miembro de pleno derecho en las Naciones Unidas, con el voto favorable de la Unión Soviética.
Los acuerdos hispanoamericanos de 1953 o Convenio de amistad y cooperación entre España y Estados Unidos de América, determinaron la evolución económica, social y política de España y su Régimen. En el texto del acuerdo se dice: “…una amenaza a cualquiera de los dos países y a las instalaciones conjuntas de cada uno de ellos para la defensa común afectaría conjuntamente a ambos países. Y cada país adoptaría aquella acción que considerase apropiada dentro del marco de sus normas constitucionales.”
…se llevarán a cabo de forma regular consultas en todas las materias, políticas, militares y económicas de interés común…”
Se creó un Comité Consultivo Hispano-Norteamericano con la función de resolver cualquier asunto que uno u otro de los dos Gobiernos sometiera a la consideración del Comité. En una palabra, la soberanía española quedaba en manos de los Estados Unidos. Ellos se atribuían la evolución de la situación política española en función de sus intereses estratégicos, económicos y políticos. Que, evidentemente, eran indivisibles.
La primera consecuencia política de estos tratados fue el desplazamiento de la Falange del Poder y especialmente de los próximos gobiernos de Franco. En 1956, sin embargo, Franco puso al ideólogo falangista Arrese en la Secretaria General del Movimiento, en sustitución de Fernández Cuesta. El nombramiento de Arrese estuvo precedido por convulsiones estudiantiles entre falangistas del Sindicato Estudiantil Universitario y estudiantes independientes. Hasta tal punto que Franco suspendió los artículos 14 y 18 del Fuero de los Españoles y cerró la Universidad. A continuación formó nuevo gobierno con Arrese.
Pero ese mismo año se sometieron a debate tres proyectos relativos a los principios del Movimiento Nacional. Arrese propuso la institucionalización del Movimiento Nacional como solución definitiva para consolidar el Régimen franquista. Por supuesto para cuando muriera Franco. Era el Movimiento Nacional quien debería ocupar el lugar de Franco.
En un discurso pronunciado en el XX Aniversario del nombramiento del Caudillo de España, el día 29 de septiembre de 1956, titulado “Discurso en Salamanca sobre el proyecto de las Nuevas leyes Fundamentales, en presencia de Franco declaró: “El Movimiento Nacional se ofrece a S.E. en esta fecha de manera especial. Nos queda un camino que recorrer, un camino que probablemente será duro, porque intenta llevar a la patria por la orilla difícil de la cuesta arriba…las bases de una definitiva convivencia y las políticas articularán para siempre una nueva configuración del Régimen.” . Arrese hizo, además, declaraciones anticapitalistas como era característico del populismo falangista.
Un año después, Franco contestaba a estas pretensiones con la formación de un nuevo gobierno del que Arrese era desplazo. Y pasaría a residir en la oscuridad de los tiempos. Y este gobierno, como demostrará con su “plan de estabilización” de 1959, será el que se encargue de integrar España en el sistema capitalista y abrirle las puertas a las inversiones extranjeras de capital.
En los siguientes años, entre 1960 y 1973 las exportaciones pasaron de 150 millones a 5.200 millones anuales. Superando los 25.000 millones; las importaciones pasaron de 700 millones anuales a 8.500 millones, superando los 46.000 millones; la inversiones de capital extranjero pasaron de 107 millones a 5.600. Además los ingresos por turismo pasaron de 385 a 3.000 millones. La población activa agraria pasó del 41% al 23%. España se estaba industrializando y proletarizando. Crecían nuevas clases sociales no sólo obreros sino pequeña y mediana burguesía no asociada a los intereses del capitalismo agrario y nacional sino a las inversiones internacionales. Miles de empresas empezaron a surgir impulsadas por la tecnología y las inversiones norteamericanas.
En 1958, se aprobó una nueva versión de los Principios del Movimiento de la que quedaron excluidos los 26 puntos de la Falange. En julio de 1965 Franco formaba un nuevo Gobierno con representantes de la ACNP, asociación católica de propagandistas, monárquicos, del Opus Dei, monárquicos, y con dos falangistas reformistas, franquistas y domesticados: Fraga y Solis, monárquicos. Su misión era la de domesticar a la Falange a gusto de los cambios.
En este período se aprobaron varias leyes de tono tímidamente aperturista, pero muy significativo. La Ley de prensa, la Ley de libertad religiosa y la Ley de representación familiar electoral. Además se aprobó una nueva ley orgánica del Estado que rechazaba la institucionalización de la Falange. En 1969, el 21 de julio, Franco presentó, al fin, la designación de su heredero ante el Consejo del Reino y días después en las Cortes. Una ley especial preparada por Herrero Tejedor, fiscal general del Tribunal Supremo, estableció que el voto de ratificación fuese público para reducir la oposición al mínimo. Las Cortes la aprobaron por 491 votos a favor, 19 en contra y 9 abstenciones. El 23 de julio, Juan Carlos juró oficialmente como heredero “lealtad a S. E. el Jefe del Estado y fidelidad a los Principios del Movimiento y las Leyes Fundamentales”. En su discurso de fin de año Franco pronunció las enigmáticas palabras “todo está atado y bien atado”.
En diciembre de 1973, Carrero Blanco, católico, de simpatías opusdeistas y monárquicas, Presidente del Gobierno, muere a consecuencia del atentado de la organización nacionalista ETA. Muchos pensaron que se destruía un obstáculo hacia la evolución del Régimen. Esta opinión, sin embargo, no está clara por tres razones: la primera porque Carrero apoyó la reforma militar del teniente general Díez Alegría, la segunda porque Torcuato Fernández-Miranda ejerció el cargo de vicepresidente, e incluso de forma interina la presidencia tras el asesinato del almirante y la tercera porque la estrategia de ETA no era favorecer la transición sino obstruirla para provocar un golpe de Estado. Como puso de manifiesto a finales de los años setenta y comienzos de los ochenta con su campaña de atentados contra militares y altos mandos.
La figura de Torcuato Fernández Miranda, tutor del Príncipe y heredero, será muy importante para entender la determinación del monarca y las fuerzas políticas nacionales e internacionales que le apoyaban para impulsar la transición. Torcuato era partidario de reformar las Leyes Fundamentales del Reino mediante sus propias disposiciones para llegar así a la democracia evitando vacíos legales. En palabras del propio Fernández Miranda, se trataba de ir «de la ley a la ley a través de la ley». Fue el autor material de la Ley para la reforma política, instrumento legal que permitió desmontar el régimen franquista legalmente con la aprobación de las propias Cortes nombradas. Fue quien propuso al Monarca a Suárez, Secretario General del Movimiento, como Sucesor de Arias y fue él quien movió los hilos del Consejo del Reino a fin de que en la preceptiva terna de candidatos se encontrara Suárez, tal y como deseaba el monarca. Éste, y no otro, es el significado de las enigmáticas palabras que pronunció Fernández-Miranda cuando, a la salida de la última sesión del Consejo del Reino, y con los tres nombres ya decididos dijo: «Estoy en condiciones de ofrecer al rey lo que me ha pedido». Quedaba desvelado, con estas palabras, que el motor del cambio sería el Monarca, asesorado por su padre.
Su padre, al no poder llegar a un acuerdo con los socialistas sobre la presidencia del gobierno provisional y la convocatoria del referéndum, había buscado la solución en llegar a un acuerdo con Franco para que le transmitiera los poderes, si no a él, al menos a su hijo. Se evitaba la formación de un gobierno provisional y el referéndum. Garantizando la sucesión monárquica y la transición pacífica de la Dictadura a la democracia. Este será el objetivo del Monarca durante la transición. Lo que podía hacerse con la Ley de Referéndum y la de Sucesión en la jefatura del Estado, ( Junto con las Leyes Orgánicas del Estado de 1966 y 1969, designando sucesor a D. Juan Carlos a título de sucesor) tal y como había previsto Indalecio Prieto, acabaron cumpliéndose sus temores. La vacante de Carrero fue ocupada por Arias Navarro. Con este político de la vieja escuela el Régimen entra en un proceso de desintegración antes de la muerte de Franco. A diferencia de Carrero, Arias fue un hombre débil en una situación de descomposición.
El Ejército estaba bajo el mando del teniente general Manuel Díez Alegría, Jefe del Estado Mayor, nombrado por Carrero, calificado por los propios militares de “liberal peligroso”. Preparó una reforma del Ejército mediante el borrador de una ley de bases de la defensa nacional. Carrero Blanco le apoya, pero el proyecto se topa con infinidad de resistencias. En «El Alcázar» el general Cano Portal, bajo el seudónimo de «Jerjes», atacó la reforma sin piedad. Además, se creía que Manuel Díez-Alegría simpatizaba con los demócratas militares portugueses de la revolución de los claveles del 25 de abril de 1974.
A raíz de un viaje del general a Rumanía, cenó con Ceaucescu, protector de Santiago Carrillo, circunstancia que aprovechó la presión del «búnker», vieja guardia falangista, para que fuera cesado el 20 de junio de 1974. Esta cesión ponía en evidencia dos tendencias dentro del Régimen, las diferencias en el seno del Ejército y el proyecto reformista de éste que se estaba tratando de poner en marcha para desactivar los mandos opuestos a la transición y de escasa simpatía hacia la monarquía. Los militares estaban, en su mayoría, en contra de la reforma del Régimen.
A partir del año 1974 España parecía estar inmersa en un caos interno y externo. En lo internacional por las revoluciones griega y portuguesa. En ambos casos, las dictaduras, derribadas por sus propios ejércitos, fueron sustituidas por formas democráticas de gobierno. Ambos países permanecieron en la OTAN, Grecia volvió después de un breve tiempo de ruptura; no se hizo ninguna revolución social y los intereses del capitalismo nacional e internacional fueron respetados. El Poder volvía a manos civiles protectoras de esos intereses económicos y militares.
En el interior, la oposición al Régimen empieza a hacerse notar y a presionar con propias organizaciones y programas. En España se presenta oficialmente la Asamblea de Cataluña, un organismo unitario de la oposición antifranquista de Cataluña creado en noviembre de 1971. Sus reivindicaciones fundamentales fueron la exigencia de libertades democráticas, la amnistía general para los presos políticos y la consecución del estatuto de autonomía, que quedaron sintetizadas en el célebre lema de Llibertat, Amnistía, Estatut d’Autonomía. Además de los partidos políticos —todos ellos clandestinos—, formaron parte de ella fuerzas de diversa índole, como organizaciones sindicales, grupos profesionales, representantes del movimiento universitario, del movimiento vecinal, grupos confesionales cristianos, asambleas comarcales, etc., de ahí el enorme eco social que tuvo.
La Junta Democrática de España fue un organismo formado por una coalición de fuerzas políticas, sindicales y sociales de oposición a la dictadura franquista, promovida por el Partido Comunista de España liderado por Santiago Carrillo y personalidades independientes vinculadas a don Juan De Borbón, encabezadas por Rafael Calvo Serer y Antonio García-Trevijano. Fue presentado oficialmente el 29 de julio de 1974 en París por Santiago Carrillo y Calvo Serer. Posteriormente se incorporaron el Partido del Trabajo de España (PTE), el Partido Socialista Popular (PSP) de Enrique Tierno Galván y Raúl Morodo, la Alianza Socialista de Andalucía, el sindicato Comisiones Obreras (CCOO), la asociación de juristas Justicia Democrática, los Carlistas que seguían al pretendiente Carlos Hugo de Borbón y una serie de figuras independientes, como el intelectual José Vidal Beneyto y el aristócrata José Luis de Vilallonga.
Los doce puntos del programa de la Junta Democrática de España, redactados por Antonio García-Trevijano, eran los siguientes:
1. La formación de un Gobierno provisional que sustituya al actual, para devolver al hombre y a la mujer españoles, mayores de dieciocho años, su plena ciudadanía mediante el reconocimiento legal de todas las libertades, derechos y deberes democráticos.
2. La amnistía absoluta de todas las responsabilidades por hechos de naturaleza política y la liberación inmediata de todos los detenidos por razones políticas o sindicales.
3. La legalización de los partidos políticos, sin exclusiones.
4. La libertad sindical y la restitución al movimiento obrero del patrimonio del Sindicato Vertical.
5. Los derechos de huelga, de reunión y de manifestación pacífica.
6. La libertad de prensa, de radio, de opinión y de información objetiva de los medios estatales de comunicación social, especialmente en la televisión.
7. La independencia y la unidad jurisdiccional de la función judicial.
8. La neutralidad política y la profesionalidad, exclusivamente militar para la defensa exterior, de las Fuerzas Armadas:
9. El reconocimiento, bajo la unidad del Estado español, de la personalidad política de los pueblos catalán, vasco, gallego y de las comunidades regionales que lo decidan democráticamente.
10. La separación de la Iglesia y del Estado.
11. La celebración de una consulta popular, entre los doce y los dieciocho meses –contados a desde el día de la restauración de las libertades democráticas-, con todas las garantías de libertad, igualdad de oportunidades e imparcialidad, para elegir la forma definitiva del Estado.
12. La integración de España en las Comunidades europeas, el respeto a los acuerdos internacionales y el reconocimiento del principio de la coexistencia pacífica internacional.
Por su parte, los socialistas fieles a su decisión de no formar alianzas con los comunistas y porque ya se había producido un cambio no sólo generacional sino ideológico en la dirección del PSOE, tras el desplazamiento de su dirección del exilio por Felipe González y Guerra, comprometidos con y apoyados por la Internacional Socialista que mantenía una posición declaradamente anticomunista y porque, como veremos durante el proceso de transición y después de la “transición”, existía una clara voluntad de crear un sistema bipartidista, siguiendo los modelos occidentales, con el objetivo de desplazar a los comunistas a la periferia del Poder, propuso su propia plataforma política alternativa a la comunista y al Régimen: La Plataforma de Convergencia Democrática, creada un año después, en junio de 1975.
En su manifiesto reivindicaban la instauración de la democracia en España y la apertura de un proceso constituyente, comprometiéndose a promover un régimen democrático multipartidista, una estructura federal del Estado, la libertad de los presos políticos y la vuelta de los exiliados, la libertad sindical y el derecho a la huelga, la libertad de expresión, de asociación, de reunión, de manifestación, la supresión de los Tribunales especiales y de todos aquellos organismos y medios de carácter represivo, elecciones libres, y el derecho de autodeterminación y el autogobierno de las nacionalidades y regiones del Estado.
Las organizaciones firmantes del manifiesto fueron el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el Movimiento Comunista de España (MCE), Izquierda Democrática, la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT), Reagrupament Socialista i Democràtic de Catalunya, el Consejo Consultivo Vasco, Unió Democràtica del País Valencià, Unión Socialdemócrata Española, el Partido Carlista, el Partido Galego Social Demócrata y la Unión General de Trabajadores (UGT), junto con independientes democristianos y socialdemócratas.
Finalmente y como instrumento provisional de presión se produjo la fusión de estas dos plataformas políticas en la llamada: Coordinación Democrática. Conocida como Platajunta, fue un organismo unitario de oposición al régimen dictatorial creado el 26 de marzo de 1976. Sus objetivos eran la amnistía, la libertad de asociación política y la convocatoria de elecciones a Cortes Constituyentes. Coordinación Democrática se amplía aún más, ese mismo año, con nuevos partidos y organizaciones unitarias de las regiones con presencia de nacionalismos periféricos -en Cataluña, el Consejo o Comisión Coordinadora de Fuerzas Políticas de Cataluña-, convirtiéndose en la Plataforma de Organismos Democráticos, que negoció con el gobierno de Adolfo Suárez el contenido de la reforma política llevada a cabo por éste (Ley de Reforma Política). Observemos que no se cuestiona la forma de gobierno monárquica y se ignoran las reivindicaciones que siempre mantuvo vivas el exilio: la restauración de la República y la formación de un gobierno provisional para convocar elecciones.
Con estas renuncias ha desaparecido el obstáculo que impidió que monárquicos, socialistas y comunistas llegaran a un acuerdo en el exilio. Lo que queda del resto de las reivindicaciones tienen un contenido democrático perfectamente asumible por cualquier democracia porque forma parte de las democracias y porque carece de signo republicano. La amnistía beneficiaba tanto a la oposición como a los franquistas. Todos salían ganando. Los franquistas conseguían una garantía de inmunidad para el futuro.
La consecuencia más trascendente de estas renuncias es que se aceptaba la monarquía como forma de gobierno. Pero no una monarquía que hubiera sido elegida por el pueblo en un referéndum, sino una monarquía que había sido instaurada por Franco, y apoyada por los Estados Unidos, como puente de transición entre su dictadura y la democracia. Como garantía de que los intereses de todas las fuerzas políticas y sociales, nacionales e internacionales que apoyaban a Franco, no sólo serían respetados sino que conservarían y participarían en el Poder como fuerzas hegemónicas.
Si la monarquía ha sido aceptada por la oposición, la transición ya está hecha. Todo lo que se haga después será la consolidación constitucional y legal de este reconocimiento consensuado entre las fuerzas políticas de franquismo y de la oposición. ¿Cómo fue posible que comunistas y socialistas abandonaran los signos de identidad republicana? Por parte de los comunistas, a pesar de proponer en su programa de la Junta Democrática, la formación previa de un gobierno provisional, ésta reivindicación como la restauración de la República ya habían sido abandonadas en 1956.
En ese año el PCUS aprobó la política de coexistencia pacífica en su XX Congreso. Inmediatamente después de esta proclamación internacional, el PCE lanza por las ondas de radio Pirenaica su giro político. La coexistencia política aplicada a España se llamó “reconciliación nacional”. En este documento no se reivindica ni una sola vez la República. Este término ha sido sustituido por el de democracia. La restauración de la República ha sido sustituida por la restauración de la democracia. Ha desaparecido el obstáculo para llegar a acuerdos con las fuerzas políticas del propio Régimen. Con católicos, falangistas, militares…etc que estaban, según la opinión del PCE distanciándose del Dictador. 20 años después el Dictador seguía vivo sin que sus fuerzas integrantes se hubieran resquebrajado.
Por parte de los socialistas, cuya dirección del exilio nunca renunció ni a la reivindicación republicana ni al gobierno provisional, condiciones mínimas que estaban contenidas en la segunda recomendación de las Naciones Unidas, era necesaria la escisión para poder avanzar en el proceso de transmisión de poderes acordado entre Franco y D. Juan. La operación Felipe González, arropada por su fiel Alfonso Guerra, de romper con el exilio y construir, a partir de casi la nada el PSOE, fue una operación apoyada por la Internacional Socialista y garantizada por Willy Brandt, un hombre del Departamento de Estado norteamericano. Con el PSOE escindido y con Felipe como reencarnación del socialismo nacional, apoyado con todos los medios por la Internacional Socialista, las reivindicaciones republicanas se mantuvieron en sus documentos internos pero se borraron de sus plataformas reivindicativas.
Con estas renuncias, los obstáculos para hacer avanzar la transición no provenían ni de los comunistas ni de los socialistas, venían del franquismo sociológico, de los militares y del clero español, todos ellos guerracivilistas. En la estructura interior del Régimen franquista se estaba poniendo de manifiesto su descomposición debido a los enfrentamientos entre tendencias y corrientes ideológicas y políticas opuestas. Arias trae a la memoria la situación final de la Dictadura de Primo de Rivera y el período de transición de ésta hasta la proclamación de la IIª República. La “Dictablanda” del general Berenguer.
Durante ambas dictaduras se había producido el mismo fenómeno, que la derecha, arropada bajo el Dictador y bajo el palio de la Iglesia, estaba políticamente desorganizada. También ocurrió con el nazismo, el fascismo y otras dictaduras.
Esa era la situación de la derecha española en 1974 y 1975 que, apoyada en torno a sus instituciones y aparatos del Estado, el Ejército, la Iglesia y la Falange o Movimiento Nacional, estaba políticamente desorganizada. No estaba preparada para sobrevivir sin la Dictadura. Es sintomático que Arias pusiera en marcha un proyecto de Asociaciones políticas dentro de la estructura del Movimiento Nacional para, de esa manera, reorganizar las corrientes de pensamiento que existían bajo la sotana del Dictador. Se trataba de organizar políticamente el franquismo sociológico en torno a asociaciones-partidos políticos. Esta venía a ser, con otros mimbres, la misma propuesta la que ya hizo Arrese en 1956. Y que rechazada por Franco, fracasó.
Arias también fracasó. Porque los mismos franquistas y falangistas, fieles a la democracia orgánica, se oponían a cualquier forma de organización política se llamara como se llamase, y porque las corrientes reformistas de la burguesía española y de miembros aperturistas procedentes del mismo seno del Movimiento Nacional no limitaban sus ambiciones políticas a seguir estando bajo tutela. En este caso bajo la tutela de la Falange enmascarada en el Movimiento Nacional. Era un anacronismo histórico que hubiera mantenido a España en la periferia de Europa Occidental. Fuera del Mercado Común y fuera de la OTAN. No interesaba a los intereses internacionales y del imperialismo norteamericano mantener la Dictadura bajo el dictado de un anacronismo, ya derrotado durante la IIª Guerra Mundial, el Movimiento Nacional. Para seguir avanzando, en las direcciones indicadas por las “revoluciones” griega y portuguesa, sólo quedaba por superar un obstáculo: esperar la muerte de Franco.
El 6 de noviembre de 1975 el rey de Marruecos, Hasán II, organizó la “marcha verde” poniendo en movimiento unos 350 000 súbditos y 25 000 soldados para invadir el por entonces territorio español del Sahara. El 20 de noviembre moría Franco y Juan Carlos fue proclamado rey dos días después. El 27 de noviembre de 1975 en Iglesia Parroquial de San Jerónimo el Real, el Estado Vaticano, representado en el exilio por Gil Robles, cabeza de los representantes monárquicos, y en el interior por la alta jerarquía de la Iglesia Católica, en su mayor parte vinculada al Régimen, tomó posiciones por boca del cardenal arzobispo de Madrid, Tarancón, favorable a la restauración de la monarquía, quien, ante la presencia del rey y de los invitados de todos los países democráticos europeos y Estados Unidos, dijo, entre otras cosas:
…“ La Iglesia, que comprende, valora y aprecia la enorme carga que en este momento echáis sobre Vuestros hombros, y que agradece la generosidad con que os entregáis al servicio de la comunidad nacional, no puede, no podría en modo alguno regatearos su estima y su oración. Ni tampoco su colaboración: aquella que le es específicamente propia”…
Precisamente por eso, porque fue el Estado Vaticano y no la jerarquía católica española, en su conjunto, que, identificada con el franquismo y con una actitud guerracivilista, no deseaba la transición, es por lo que el cardenal Tarancón, portavoz del Vaticano, tuvo que reunir, un mes después, el 15 de diciembre de 1975, la XXIII Asamblea Plenaria del Episcopado, para exponer ahí la posición del Vaticano y tratar de vencer la resistencia de los obispos a la transición, con este discurso:
“Una figura auténticamente excepcional (Franco) ha llenado casi plenamente una etapa larga – de casi cuarenta años – en nuestra Patria…La jerarquía eclesiástica española no puso artificialmente el nombre de Cruzada a la llamada guerra de liberación…Pero esta consigna que tuvo aires de grito guerrero y sirvió indudablemente para defender valores sustanciales y permanentes de España y del pueblo católico, no sirve para expresar hoy las nuevas relaciones entre la Iglesia y el mundo, entre la religión y la Patria, ni entre la fe y la política. ”
La Iglesia no perdía nada en el cambio y no sólo porque nadie le pidió responsabilidades por ser nada menos que el aparato ideológico del franquismo, la ideología del franquismo y su conciencia de clase, sino porque el Monarca renunció nada menos que a un privilegio que tradicionalmente habían tenido los reyes españoles, desde los Reyes Católicos, al menos, el derecho de presentación de los obispos, que tan escrupulosamente ejerció Franco. En cualquier caso los cambios de posición política de la Iglesia no deben ser interpretados como cambios de su posición ideológica o moral. Estos nunca cambian porque sería como cambiar su identidad sustancial.
Maquiavélicamente la Iglesia saltaba de Franco a la monarquía. En fin, que era necesario apoyar la transición apoyando al Rey. La alianza tradicionalista entre el Altar y el Trono volvía a ser la consigna. Pero la Iglesia no se limitará a apoyar la transición monárquica sino que, como hizo con la CEDA, contribuirá activamente a reorganizar a la derecha tanto en Alianza Popular como en la UCD de Suárez. En ambos casos, el sacerdote Martín Patino, consejero de Tarancón, tuvo un determinante protagonismo.
El papa León XIII elaboró en otra encíclica, “Au milieu des sollicitudes” y desarrolló en otras, el concepto de “accidentalidad de las formas de gobierno” para intentar que la Iglesia pudiera sobrevivir durante la anticlerical IIIª República francesa. Según este concepto la Iglesia no debía cuestionar la forma de gobierno, para no enfrentarse a las fuerzas progresistas y republicanas, debería acatarla pero sí debía criticar las leyes de esos gobiernos y atacarlas. Y luchar por conquistar el Poder por la derecha clerical y restaurar la moral cristiana que se impone por la vía de la legalidad parlamentaria. Este concepto de la “accidentalidad de las formas de gobierno” va vinculado a una determinada estrategia, elaborada durante el siglo XIX, en la que la Iglesia distingue, hegelianamente, entre posición de “tesis” y posición de “hipótesis”. La “tesis” es una situación en la que la Iglesia domina el Poder y la hipótesis en la que está fuera del Estado y trata de sacar todo lo que puede. Hasta invertir la correlación de fuerzas a su favor.
En marzo de 1976, en el Senado norteamericano se estaba debatiendo sobre la necesidad de mantener sin prorrogar el tratado de amistad y cooperación entre Washington y Madrid a la espera de la evolución política en España. “Times” de New York, publicaba “Si hay peligro en las reformas, mayor peligro hay en no hacerlas; el inmovilismo podría haberse acrecentado tras los acontecimientos recientes”. “Christian Science Monitor y “Nwesweek” publicaban en el mismo sentido que las reformas iban “demasiado despacio” . En los primeros días del mes de junio el Rey, como ya hizo su padre en 1948, realiza una visita de Estado a los EEUU. Allí provoca el aplauso general y entusiasta en un discurso ante senadores y congresistas en el que nada de lo que dice tiene que ver con lo que defiende Arias en Madrid. Pero Arias no está dispuesto a dimitir.
La prensa de Estados Unidos atribuía al Rey unas determinadas preocupaciones: “Don Juan Carlos ha mantenido un “silencio real” sobre estos desarrollos políticos, pero el nuevo jefe del Estado español está gravemente preocupado por la resistencia de la derecha al cambio político. Aunque el Rey piensa que la hora de la reforma democrática ha llegado ya, el presidente del Gobierno, señor Arias Navarro, está demostrando más inmovilidad que movilidad”, comentaba Armand de Borchgrave en Newsweek .
Arias seguía adelante con su concepto de reformar para no cambiar nada y pretendía hacer pasar por reforma un proyecto con dos cámaras, basado en el sufragio corporativo, universal, igual, directo y secreto entre “representantes de la familia” y omite la palabra partidos políticos colocando en su lugar la expresión “grupos políticos”. Este proyecto parecía dispuesto a presentarlo a referéndum en octubre de 1976. Finalizando mayo y con carácter de urgencia el Gobierno Arias envía a las Cortes los proyectos de Ley de Reforma de la Ley Constitutiva de las Cortes y de la Ley Orgánica del Estado en los que se conservan los fundamentos del Estado corporativo: familia, municipio y sindicato. Días después Gil Robles, por una parte y Felipe González por otra manifestaron que el Gobierno Arias no podía ser considerado como interlocutor válido para pactar la ruptura con la oposición democrática. La reforma no podía ser cosa de un gobierno, impuesta por un gobierno, debía ser acordada por un gobierno de unión nacional o por un parlamento constituyente.
En junio el rey viajó a Washington donde se reunió con el presidente norteamericano, Ford, con los senadores y con el dirigente sindical de la AFL-CIO, George Meany. En el Senado aún no se había acordado ratificar el Tratado de amistad y cooperación a la espera de cambios democráticos en España. El Rey declaró en su discurso su simpatía hacia un sistema democrático. A su vuelta destituye a Arias y el 3 de julio de 1976 nombra a Suárez jefe de Gobierno. Se explicó la razón de la caída de Arias en que su gobierno estaba agotado porque con su Ley de Asociaciones pretendía enmascarar la pluralidad de partidos sin la presencia de partidos de izquierda. Esto es, pretendía establecer un pluripartidismo sin partidos de oposición al Régimen. Sorprendió que Suárez fuera su sucesor en el sentido de que una de las razones del fracaso de Arias, la Ley de Asociaciones, había sido defendida por Suárez como Ministro Secretario General del Movimiento, en las Cortes. Discurso por el que fue calificado como el más aperturista de los ministros de Arias.
La sensación que se tenía es que Arias se sucedía así mismo en Suárez. Sin embargo, a mediados de julio Suárez hizo una “declaración de talante de actuación” en la que se comprometía a “ir elaborando puntos concretos”. Con esta declaración era la primera vez que un Gobierno del Régimen admitía la igualdad de las opiniones y los grupos políticos de la oposición así como la libertad de expresión. Según entendieron los medios afines al PCE era la primera vez que se aceptaba la “reconciliación nacional” . Pero además, esta declaración de talante incluía otras dos novedades: la propuesta de una ley de amnistía y la no referencia a la celebración del referéndum.
En los primeros días de agosto, Coordinación Democrática difunde dos comunicados. En el primero reitera sus puntos de vista ya conocidos de que sólo una ruptura podía modificar las condiciones de la vida política en España y esa ruptura tenía que ser negociada entre el Gobierno y las fuerzas que representa o que lo sostienen y los representantes de la oposición. Insiste en la creación de un Gobierno provisional de amplio consenso democrático. Admite la posibilidad de que ese gobierno saliera de unas elecciones generales que previesen una Asamblea Constituyente. Ley electoral que debía ser redactada por una mesa de carácter nacional con presencia de los miembros de Coordinación Democrática.
Coincidiendo con estos pronunciamientos de Coordinación Democrática Suárez empieza a dar síntomas de moverse. El 2 de agosto y el 10 de septiembre se reúne con Felipe González. El 8 de septiembre se reunió con la cúpula de los generales y les habló del proceso de reforma en el que entraba el PCE. Este gobierno concedió una amnistía que liberó a unos cuatrocientos presos políticos; en septiembre Suárez expuso ante los principales jefes militares las reformas que pensaba hacer y nombró vicepresidente primero del Gobierno para Asuntos de la Defensa al teniente general Gutiérrez Mellado, un hombre de ideas aperturistas y de confianza del Departamento de Estado.
Apaciguado un tanto el estamento militar y sin que aún se hubiese legalizado la existencia de los partidos políticos, se procedió a la discusión y aprobación por las Cortes de la Ley de Reforma Política. Se partía de la afirmación de que “los derechos fundamentales de la persona son inviolables y vinculan a todos los órganos del Estado”. En virtud de tal ley, las futuras Cortes quedarían constituidas por dos Cámaras: el Congreso de los Diputados y el Senado. El 17 de septiembre Coordinación Democrática difundió un comunicado, firmado por todas las fuerzas políticas excepto por el PSP, rechazando enteramente el proyecto de Ley reconociendo, no obstante, la buena voluntad del Gobierno que con su proyecto de reforma política había realizado el máximo esfuerzo de que era objetivamente capaz, dentro de las instituciones autoritarias del Régimen, al llegar a reconocer expresamente que la soberanía política reside en el pueblo y que el sufragio universal es la única fuente de legitimidad del poder. El PCE fue el partido que respondió con mayor dureza al proyecto de Ley porque temía que algunas fuerzas políticas de Coordinación Democrática, como Izquierda Democrática, pudieran llegar a aceptar de algún modo la apertura de Suárez. Poniendo de relieve que las fuerzas políticas y sindicales dentro de Coordinación Democrática seguían teniendo algunas diferencias que pudieran quebrar la coalición.
El dilema de Suárez era que si no aceptaba las propuestas de la derecha corporativa, ésta arremetería con más fuerza contra él y su proyecto; pero si las aceptaba se distanciaba del proyecto de reforma y se alejaba de la oposición democrática. Podía ocurrir, también, que Suárez tuviera que retirarse, dimitir, ante la inviabilidad de su proyecto. Dejando un vacío considerable difícil de cubrir.
A finales de octubre el vicepresidente primero del Gobierno, teniente general Gutiérrez Mellado, declaró que el camino de la reforma estaba respaldado. Posición reforzada por el viaje del Rey a Francia donde causó la impresión de estar firme en la homologación de integrar España entre los países democráticos. Días después, la Comisión Permanente de la Plataforma de Organización Democrática, reunida desde el día 4 de noviembre, dio a la luz pública el siguiente comunicado:
Primero: revisión de la siguiente declaración: “La POD ante el referéndum que se anuncia, declara que considera condiciones previas e indispensables a su convocatoria, las siguientes:
A- Legalización de todos los partidos políticos y organizaciones sindicales, sin exclusión
B- Amnistía total para los presos políticos y libre retorno de todos los exiliados.
C- Reconocimiento efectivo del pleno ejercicio de las libertades de expresión, reunión, asociaciones y manifestación
D- Derogación del Decreto-Ley sobre terrorismo y demás leyes represivas y supresión del Tribunal de Orden Público.
E- Igualdad de oportunidad para todos los partidos y organizaciones sindicales en el acceso(radio y televisión estatales)
F- Suprimir el aparato político-administrativo del Movimiento para impedir su empleo como medio de presión.
G- Participación de los partidos políticos democráticos en el control de la consulta popular.
Por tanto, todo referéndum que se convoque sin que se cumplan las anteriores condiciones, será rechazado por la POD, que en este caso iniciará una campaña de abstención masiva a nivel del Estado.
La POD cumpliendo las anteriores condiciones aceptaría un referéndum en que se pregunte al pueblo español si desea o no la convocatoria de elecciones a Cortes constituyentes.
Segundo. Que para garantizar la plena autenticidad de unas elecciones a Cortes constituyentes es imprescindible la existencia de un Gobierno de amplio consenso democrático y que se cumplan todas las condiciones expuestas en las bases políticas de la constitución de la POD.
Tercero. La POD está dispuesta a negociar en el marco de sus bases políticas con los poderes públicos. Para desarrollar el aspecto programático de la negociación, la Comisión Permanente decide con diversas comisiones encargadas de preparar proyectos concretos y de asesoría. Una vez aprobado por la POD el proyecto de negociación se creará una comisión negociadora. En este sentido, la Taula de Forces Politiques y Sindicals del País Valenciá ha presentado una propuesta para estudio de todas las organizaciones de la POD.
Cuarto. Por último, la Comisión Permanente de la POD expresa su solidaridad con la convocatoria de la jornada del día 12, realizada por todas las organizaciones sindicales democráticas de todo el Estado.
El Gobierno, sin embargo, de espaldas a estos puntos, siguió adelante con su estrategia de conseguir sacar adelante la Ley de reforma en las Cortes para, superado el siguiente paso, su aprobación en referéndum, ir legalizando a los partidos políticos y convocar elecciones generales. Llegados aquí las fuerzas políticas de la oposición democrática tendrían la responsabilidad de presentarse a las elecciones y de hacerlo individualmente y no en bloque. Ninguna fuerza política estaba interesada en participar en bloque, como CD, porque ello hubiera podido recordar una especie de Frente Popular. Pero sobre todo porque tanto el PSOE como el PCE querían alcanzar su objetivo estratégico, una vez legalizados, participar en el Poder democrático.
Contra lo esperado por la oposición, el 18 de noviembre era aprobado por las Cortes españolas en su sesión plenaria el Proyecto de Ley para la Reforma Política, cuyo texto era el siguiente:
Art. 1. º 1. La democracia en el Estado español se basa en la supremacía de la Ley, expresión de lo voluntad soberana del pueblo.
Los derechos de la persona son inviolables y vinculan a todos los órganos del Estado. 2. La potestad de elaborar y aprobar las leyes reside en las Cortes. El Rey sanciona y promulga las leyes.
Art. 2.° 1. Las Cortes se componen del Congreso de los Diputados y el Senado. 2. Los diputados del Congreso serán elegidos por sufragio universal, directo y secreto de los españoles mayores de edad. 3. Los senadores serán elegidos en representación de las entidades territoriales. El Rey podrá designar para cada legislatura senadores en número no superior a la quinta parte del de los elegidos. 4. la duración del mandato de diputados y senadores será de cuatro años (…). Art. 5. ° El Rey podrá someter directamente al pueblo una opción política de interés nacional, sea o no de carácter constitucional, para que decida mediante referéndum, cuyos resultados se impondrán a todos los órganos del Estado (…).
Disposición final
Art.1º La presente Ley tendrá rango de Ley Fundamental.
Art. 2º El Referéndum se efectuará con sujeción al procedimiento que establece en el Real Decreto de la Presidencia de Gobierno 2636/1976, de 1 9/ Xl, y tendrá lugar el quince de diciembre del año actual.
Art. 3 La consulta se llevará a cabo formulando la siguiente pregunta: ‘¿Aprueba el Proyecto de Ley para la Reforma Política?’.
Dado en Madrid a 24 de noviembre de 1976.
Por parte del PSOE Enrique Múgica Herzog declaró que la Ley de Reforma Política significaba en sí la desaparición del franquismo tal y como fue concebido y operó en España durante cerca de cuarenta años. Sin embargo, la Ley no significaba el paso a una democracia pluralista europea, tal como los socialistas habían mantenido. La insuficiencia de su articulado eran claras y procedían de su elaboración una elaboración que “conserva restos de autocracia, realizada por un sector que, aun mitigadas, mantiene las actitudes que han predominado durante tantos años, y en la que, por el contrario, no han intervenido sectores representativos del país.
Anticipándose en 10 días a la celebración del referéndum, entre los días 5 al 8 de diciembre, con autorización gubernativa, el PSOE celebraba en la capital de España su XXVII Congreso. A este acto acudieron los principales líderes del socialismo europeo, como, Willy Brand, François Mitterrand, Olof Palme, Mario Soares, Michael Foot, Pietro Nenni y otros representantes de más de diez países. El interés estaba en el discurso de Felipe González, un discurso de reflexión y análisis de de poco más de una hora. Se refirió ampliamente al referéndum convocado para el día 15. Criticó la consulta al pueblo mediante referéndum, tal como estaba concebido por el Gobierno, no porque le pareciera criticable la consulta en sí, sino por las ambigüedades con que se había planteado, así como por las condiciones antidemocráticas en que se iba a desarrollar. La postura de abstención preconizada por el PSOE, como por todos los partidos del POD, fue encarada no como una postura negativa. Entendía que se debía haber convocado con la siguiente pregunta: “Si el ciudadano desea que se convoquen elecciones generales para una Cámara con carácter constituyente, de representación proporcional, por sufragio universal, secreto y directo”.
El día 11 fue secuestrado el presidente del Consejo de Estado, D. Antonio María de Oriol. Cuatro días después se celebraba el referéndum sobre la Reforma Política que determinaba lo siguiente:
1. Establecía el concepto de soberanía popular como derecho político igual para todos los mayores de 21 años (que era en ese momento la mayoría de edad legal).
2. Procedía a crear un sistema bicameral: Congreso de los Diputados y Senado, con un mandato de cuatro años. Sus miembros serían elegidos por sufragio universal libre, directo y secreto, a excepción de una quinta parte de los senadores que eran designados directamente por el Rey.
3. Autorizaba expresamente al Gobierno o al Congreso de los Diputados así elegido a iniciar una reforma constitucional, si bien no indicaba textualmente que las Cortes Generales resultantes fueran a derogar el conjunto de Leyes Fundamentales que, como bloque constitucional, mantenían la estructura del régimen político proveniente de la dictadura. Esto era así con el fin de no provocar la oposición de los partidarios a ultranza del régimen franquista, el llamado búnker.
Fue aprobada con una participación del 77 por ciento del censo y un 80 por ciento de votos a favor. Desde posiciones de izquierda, lo primero que se destacó fue que sólo habían votado “no” el 2.6%. En consecuencia el pueblo español estaba a favor de la transición y se alejaba de la Dictadura. Por lo tanto, a partir de ese momento, respaldado el Gobierno por la mayoría abrumadora de la población, no podría escudarse en la presión de la derecha para retrasar, dificultar o minimizar sus reformas democráticas.
Era tan claro el “sí”, se decía en los medios de la oposición, que además de favorecer al presidente Suárez y de fortalecerle en su Gobierno, indicaba una voluntad democrática del país que sobrepasaba con mucho la ley de reforma presentada y presentada también dentro de un favorable equívoco que era el de considerarla no como meta en sí misma, sino como un paso previo a la verdadera democratización. En este sentido, y esta fue otra de las interpretaciones que se hicieron, favorecía a la misma oposición a pesar de haber pedido la “abstención” en referéndum.
El gobierno tenía razón: la oposición democrática, por una postura de fuerza, iba a reducirse a sí misma a una posición minoritaria que no representaba realmente su fuerza en el país. Con un 22.6 de abstención, normal en cualquier elección democrática, el voto abstencionista de la oposición se reducía a una representación insignificante. La lectura que ésta no hizo es que no sintonizaba con los ritmos y cautelas del pueblo español en sus deseos de llevar adelante la transición. En los procesos, porque en los contenidos hasta este momento ni el PSOE ni el PCE se habían pronunciado ni por la república, y en ningún caso por su restauración, ni por la neutralidad, ni contra la OTAN, ni contra la forma de gobierno monárquica. Eran los tres temas fundamentales sobre los que mantuvieron un absoluto silencio. Tanto de las palabras de Carrillo, como de las de Felipe, bien arropado por la internacional socialdemócrata proatlantista, anti neutralista y antimarxista, se podía transmitir la sensación de que sólo les interesaba avanzar hacia un sistema democrático homologable con cualquier forma de gobierno de los que había en Europa.
Todo vínculo ideológico con el pasado había desaparecido. No es de extrañar que Suárez, portavoz del Rey, llevara la iniciativa en todo el proceso de transición, arropado, en su flanco izquierdo, por Carrillo y Felipe y en su flaco derecho por la única cabeza y autoridad visible que tenía el Ejército, Gutiérrez Mellado, y por la vanguardia de la parte más oportunista de la camaleónica Iglesia, el cardenal Tarancón.
A partir de este momento, la oposición entró en una dinámica de acompañamiento a la iniciativa del Monarca impulsada por Suárez. Qué había quedado de las reivindicaciones republicanas del exilio? Qué había quedado de las exigencias reivindicadas por la PlataJunta? Nada. Todo fue ocurriendo según los planes de transmisión de poderes de Franco a su sucesor monárquico, ya indicados por Gil Robles en sus relaciones con Prieto, en el exilio. Torcuato Fernández Miranda fue el que aplicó esos acuerdos desde las leyes franquistas.
En qué habían quedado las reivindicaciones de todas las plataformas? En nada. Resulta patético leer cómo los intelectuales de izquierdas y su prensa exaltaban la transición porque se había hecho lo que se pudo. O lo que es lo mismo porque se habían limitado a ratificar el proyecto del Monarca. embargo la mayor parte de los autores hablan de la transición como un periodo de reforma del poder. Según el catedrático de Historia Juan Pablo Fusi, Memoria de la Transición. El País. 1995, la «Ruptura» quedó descartada ya en 1976, tal como escribió en 1995: La «ruptura», la aspiración histórica de la oposición a lo largo de numerosos años de resistencia antifranquista, quedaba descartada. El PSOE así lo entendió. En el congreso que celebró en diciembre en Madrid aceptó de hecho, pese a ciertas declaraciones puramente cosméticas, participar en el juego electoral. A los comunistas no les quedó más alternativa que forzar los acontecimientos. Santiago Carrillo se presentó en Madrid el 10 de diciembre, pese a que el Partido Comunista seguía siendo un partido ilegal (Carrillo sería detenido el día 23). El Gobierno, que aún retrasaría la legalización del partido hasta la primavera de 1977, se vio obligado a reconocer de hecho la existencia del PCE; el PCE, el partido creador de la tesis de la «ruptura», aceptó, también de hecho, la reforma política. En parecidos términos se manifestaron Juan Luis Cebrián, director de “El País,
Rafael del Águila Tejerina en su trabajo «La transición a la democracia en España: Reforma, Ruptura y consenso» …a principios de 1976 el secretario general [por Santiago Carrillo] introdujo un matiz terminológico en su discurso y dejó de hablar de «ruptura democrática» para hablar de «ruptura pactada» (…) La predicción de Carrillo fue exacta. O casi exacta: Suárez no sólo llevó la negociación que condujo a la ruptura; también la formuló en unos términos que nadie esperaba: para Carrillo, para la oposición democrática, para los reformistas del régimen, la disyuntiva política del posfranquismo consistía en elegir entre la reforma del franquismo, cambiando su forma pero no su fondo, y la ruptura con el franquismo, cambiando su forma para cambiar su fondo; Suárez sólo tardó unos meses en decidir que la disyuntiva era falsa: entendió que en política la forma es el fondo, y que por tanto era posible realizar una reforma del franquismo que fuese en la práctica una ruptura con el franquismo”.
El historiador Santos Julia también concibe el proceso hacia la democracia como una ruptura pactada: La ruptura, que siempre se había entendido como vía pacífica a la democracia con el momento clave de una huelga general, comenzó a entenderse como vía negociada: ruptura dejó por completo de referirse al agente que debía conducir el proceso para designar únicamente su fin, una constitución. Sería, como la había bautizado Carrillo y la saludaron todos los demás, una ruptura pactada.
El mismo autor también cita: El proyecto de ruptura, tal como fue formulado en declaraciones conjuntas por los diferentes organismos de la oposición, fue en definitiva el que acabó realizándose excepto en un punto: no fue la oposición democrática la que dirigió el proceso a la democracia. Pero, señalada esta obviedad, no tiene mucho sentido lucubrar sobre qué tipo de democracia habría sido posible si el proyecto de ruptura –en resumen, unas elecciones generales de las que habría de salir unas Cortes que procedieran a elaborar una Constitución-hubiera sido conducido por la oposición. Se ha argumentado que al renunciar a dirigir el proceso y sumarse en definitiva al proyecto del Gobierno, la oposición abandonó en el camino la voluntad de instaurar un modelo de democracia diferente a la realmente existente. Pero a la hora de definir en qué consistiría este modelo inédito de democracia, nadie es, ni puede ser, muy específico: se lamenta que la democracia resultante no sea muy participativa, que los partidos hayan desarrollado tendencias oligárquicas, que la sociedad no esté muy movilizada, que la calidad de la democracia sea baja, que no sea, en definitiva, una democracia ciudadana. Pero todo esto se podría decir, en un grado u otro, de cualquier democracia de nuestro tiempo sin que pueda establecerse un vínculo entre los orígenes y el funcionamiento…
Resulta sorprendente que el mismo Carrillo calificara el gobierno de Suárez de “provisional” y la transición de “ruptura pactada”, en “Historia de la Democracia”, El Mundo, 1995, pg. 434 y ss. ¿Acaso no sabía que para que un gobierno pueda ser provisional la mínima condición que se requiere es que en su constitución esté representadas todas las fuerzas políticas que propugnan un programa alternativo al sistema existente? Acaso la ruptura no significó en sus orígenes la exigencia de un gobierno provisional y la propuesta de convocar elecciones sobre la forma de gobierno?
Realmente la oposición no pudo exigir más. En realidad es que no exigió nada porque se limitaron a acompañar de comparsas a los protagonistas del proceso, Suárez y el Rey. En “Los secretos a la transición a la democracia” , escribió Suárez: “…pero al final se llegó a la convicción de que el proyecto del Gobierno era el mejor entre todos los posibles. Entre otras razones, porque no se planteó con seriedad y validez política ningún otro”.
Todo suena a farsa porque una vez aceptada la forma de Gobierno en la monarquía parlamentaria, la transición ya estaba hecha. Y el Monarca es la síntesis de la tesis franquista y su negación, la antítesis de la oposición. Continuidad y reforma. Nunca hubo ruptura. Qué intereses representaba el Monarca para poder impulsar y conseguir que se hiciera la transición? El Rey es la figura que encarna los intereses estratégicos norteamericanos y del capitalismo internacional. Fue impuesto por ellos. Por lo tanto, aceptada la Monarquía, sólo quedaba elaborar el trámite definitivo: legitimarla. La Constitución, una vez que las elecciones llevaran en volandas a las Cortes a los representantes libremente elegidos de todos los partidos políticos, de izquierdas y derechas, se encargaría de legitimar el cambio.
Quedaba, no obstante, el único obstáculo que hubiera hecho fracasar la voluntad democrática del Rey y que ni Díez Alegría, ni Gutiérrez Mellado habían conseguido domesticar: el Ejército. Este último, sin embargo, pudo hacer relevos importantes en algunas capitanías, en los servicios secretos, SECED y CESID, y en la división acorazada Brunete, que fueron suficientes para desactivar todos los intentos de golpes. Incluidos aquellos que se pensaron pero no se realizaron. Con unos mandos de mentalidad guerracivilista, antidemocráticos y antioccidentales y con escasas simpatías hacia el monarca, que no dejaron de conspirar. Fueron varios los intentos golpistas fracasados y pensados. Todas las conspiraciones fracasaron porque todas tenían un común denominador: no existía un mando con carisma para aglutinar todas las voluntades. Antes del 23 F, el general Armada en contacto con dirigentes socialistas estaba preparando un gobierno de concentración nacional. El objetivo era desactivar todas las intentonas golpistas y desplazar a los militares más peligrosos de posiciones de mando. No llegó a formarse porque se le anticipó el 23 F, cuyo resultado fue el mismo: eliminar a los militares golpistas y devolver al poder civil el Poder. La precipitación e improvisación del 23 F estuvo propiciada por los servicios secretos. . A partir de ese momento el Ejército fue apartado de los gobiernos y recluido en los cuarteles. Según Calvo Sotelo, tras el 23-F “El problema militar había quedado definitivamente resuelto”. .Alea jacta est.
Sin embargo, un interrogante queda por resolver. Si la dinámica golpista fue un galimatías chapucero, que lo fue, porque golpe tras golpe todos fracasaron y porque no existía ningún militar con carisma, como fueron Franco, Perón, Pinochet…, para movilizar todo el Ejército en torno a su persona, y este detalle es determinante para organizar un golpe y hacerlo triunfar, es que la dinámica golpista estaba controlada por los servicios secretos, por algunos altos mandos militares y por el Rey. En una palabra, que la posibilidad de una vuelta a la dictadura militar era solamente una ficción. Alimentada por quienes, controlando la situación militar, querían crear una cultura del miedo, los interesados en ese modelo de transición, para justificar que la transición no podía hacerse de otra manera que como se estaba haciendo. La convicción con la que Carrillo, Felipe, Cebrián y los intelectuales de izquierdas aceptaron la inevitabilidad del modelo la justificaron, ellos mismos, en que era lo único que podía hacerse.
La transición estaba consolidada. ¿Cuáles fueron sus consecuencias para el tiempo actual? Tamames declaró en “El Viejo Topo Extra, 1979, nº 11, pg. 21, “Hemos estado un poco a remolque, primero en la elaboración de la Constitución y luego en las consecuencias de la elaboración de la Constitución”. En la transición ni el franquismo sociológico ni los intereses internacionales, ni la Iglesia, perdieron nada. Por lo que, una vez reorganizado el franquismo sociológico y conquistado el Poder por éste, la derecha siempre pasa a la contraofensiva. En el caso español, ya ocurrió durante la IIª República cuando la CEDA conquisto el Poder, en las urnas, e inmediatamente se puso a la tarea de deshacer todo lo que había sido aprobado en los dos primeros años de legislación republicano-socialista. Esa capacidad de reacción de las derechas tradicionalistas es posible por las concesiones que la izquierda hizo durante la transición y en la elaboración de la Constitución. Por eso no debe sorprendernos que algunas de esas consecuencias se estén manifestando hoy.
La primera es que según el artículo 8 de la Constitución, que dice: “Las Fuerzas Armadas constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”, la soberanía sigue estando en el Ejército, cuyo Jefe supremo es el Rey. Un Ejército que no es popular sino que está al servicio de los intereses estratégicos del capitalismo y con una ideología tradicionalista suplanta la soberanía nacional. Aunque no puede legitimarse esa soberanía en contra la Declaración de Derechos, la Constitución ha legalizado e institucionalizado el golpe de Estado. Invocando este artículo es el Ejército quien puede decidir, cuando le parezca, en última instancia, si una decisión del parlamento es o no legal. Porque el Ejército no puede decidir sobre la legitimidad, pero sí sobre la legalidad. En este artículo el franquismo sigue vivo. Permanente. Y nuestra democracia es una democracia vigilada permanentemente por el Ejército y su comandante en Jefe, el Rey.
La segunda consecuencia es haber mantenido la posición privilegia de la otra institución estructural del Estado franquista, la Iglesia. A la que se sigue dando un tratamiento de aparato ideológico del Estado a pesar de que éste, en coherencia con la Declaración de Derechos, se califica así mismo de laico. Unida al Ejército, esta institución, es el otro resto osificado de la Dictadura que permanece intacto. El pensamiento tradicionalista, enemigo de las conquistas y progreso moral de los individuos y las sociedades, permanece vivo, constantemente, para, cuando se siente con Poder, reiniciar la “evangelización y sacralización” de la sociedad secularizada atacando y tratando de destruir todos sus conquistas y libertades morales. Y eso está ocurriendo con el Gobierno del Partido Popular, en cuyos estatutos no tiene como referencia ideológica la Declaración de Derechos, sino su negación, la doctrina cristiana.
La tercera consecuencia fue la de dejar intactos los intereses del franquismo sociológico, reunido en torno a la Iglesia católica y representado por Fraga. No tendría, sin embargo, la fuerza que tuvo la CEDA, pero la transición les dio el margen de libertad necesario para reagruparse y pasar a la ofensiva política. Favorecida ésta por la descomposición de la UCD. Tuvo que dar una imagen centrista para atraerse los votantes que abandonaban UCD. Pero su ideología tradicionalista y católica no había sido abandonada. Tendría que reaparecer beligerantemente en el momento oportuno. Hace años, Aznar y Fraga hablaban de la necesidad de poner en marcha la “Segunda transición”. A qué se estaban refiriendo? Habría que preguntárselo. Pero por sus obras ya lo sabemos. Sus objetivos son: privatizar el Estado de bienestar no sólo para beneficiar al capitalismo, una paradoja porque ellos como franquistas fueron estatalistas e intervencionistas reconvertidos hoy en neoliberales, sino para destruir una de las bases sociales de la izquierda y por otra parte, para imponer su ideología, la doctrina cristiana, sacralizando la sociedad allí donde la secularización había pasado los límites del cristianismo. Sacralización que se han propuesto imponer mediante:
La legalización y apoyo a la segregación por sexos en la enseñanza. Los justifican en argumentos de psicología masculina y femenina, con lo que están confirmando su posición machista al establecer diferencias en función del sexo cuyo origen no es otro que la religión y la tradición. Cuando en realidad lo que están haciendo es imponer las recomendaciones de los años treinta del siglo XX, de la encíclica del papa Pío XI, “Divini illius magistri. Sobre la educación cristiana de la educación”. En la que se dice:
“…10. En primer lugar, la educación pertenece de un modo supereminente a la Iglesia por dos títulos de orden sobrenatural, exclusivamente conferidos a ella por el mismo Dios, y por esto absolutamente superiores a cualquier otro título de orden natural…
…52. Igualmente erróneo y pernicioso para la educación cristiana es el método de la coeducación, cuyo fundamento consiste, según muchos de sus defensores, en un naturalismo negador del pecado original y, según la mayoría de ellos, en una deplorable confusión de ideas, que identifica la legítima convivencia humana con una promiscuidad e igualdad de sexos totalmente niveladora.”
Pretenden, también, imponer la represión sexual a los menores de 16 años, elevando el derecho al placer de los 13 años a los 16. Uno se pregunta a qué razones se debe que si durante los gobiernos socialistas la mayoría de edad estaba establecida a partir de los 13 años, ahora con el Partido Popular se pretende elevar a los 16 y penalizar la libertad sexual desde los 13 años. La respuesta la encontramos en muchos documentos religiosos. En la misma encíclica citada donde este papa añade:
“49. Peligroso en sumo grado es, además, ese naturalismo que en nuestros días invade el campo educativo en una materia tan delicada como es la moral y la castidad. Está muy difundido actualmente el error de quienes, con una peligrosa pretensión e indecorosa terminología, fomentan la llamada educación sexual, pensando falsa-mente que podrán inmunizar a los jóvenes contra los peligros de la carne con medios puramente naturales y sin ayuda religiosa alguna; acudiendo para ello a una temeraria, indiscriminada e incluso pública iniciación e instrucción preventiva en materia sexual, y, lo que es peor todavía, exponiéndolos prematuramente a las ocasiones, para acostumbrarlos, como ellos dicen, y para curtir su espíritu contra los peligros de la pubertad.”
Estas razones se repiten en la encíclica “Castii connubi”, del mismo papa y en el documento más reciente que El Pontificio Consejo para la familia publicó titulado “Sexualidad humana: verdad y significado. Orientaciones educativas en la familia (8 de diciembre, 1995). Donde no deja de insistirse que lo jóvenes deben ser educados en la castidad y por lo tanto abstinencia sexual. Llegando a exigir a los mismos padres que tengan una conducta basada en la castidad matrimonial. La Iglesia, integrada y dirigida por una asociación de hombres que reniegan del placer, jurando voto de castidad, y que, por tanto, tienen una conducta patológicamente sexofóbica que reprime la sexualidad para dominar la voluntad individual, entiende la educación sexual como una forma de educar contra la sexualidad. De negar el ejercicio del placer sexual.
Y siguen tomando todo tipo de medidas contra las libertades morales e individuales. En el ejercicio de una ideología y religión machista, han decidió imponer a la mujer la condición de madre. Idealizada la mujer como madre es enajenada de todos sus capacidades. Las mismas que realiza el hombre, que nunca ha sido idealizado como padre sino por sus funciones sociales. Atacando el derecho de la mujer a realizarse más allá de su capacidad biológica para ser madre pretenden reducir el aborto a la mínima expresión. Y todo porque la Iglesia católica trata de imponer a cada individuo su voluntad.
Y así podríamos seguir con la batalla puritana y moralista que mantiene el Partido Popular contra todas las libertades conquistas por homosexuales, feministas, lesbianas, heterosexuales…De esta contrarrevolución moral se alimenta su llamada “Segunda transición”. La pregunta es, quién es el Estado o la Iglesia para imponer a los individuos ninguna moral, para dirigir la moral de los individuos, para codificar en el Código penal las libertades sexuales. ¿Quiénes son estas instituciones para imponerse contra las libertades morales y los derechos individuales?
Quisiera fijarme, también, en otra de las herencias recibidas. Me refiero a la mayoría de edad a los 18 años. Treinta y tantos años después la población jubilada ha crecido hasta tal punto que vivimos en una sociedad gerontocrática. Se da la paradoja de que los mayores son más conservadores y tienen unos valores que ya no pertenecen a los valores del mundo actual porque tanto el progreso científico, como cultural y moral han transformado las costumbres. Sus valores no son los de este mundo, los de sus nietos, pero su voto beneficia a los conservadores y se utiliza para frenar las libertades e intereses propios de los jóvenes. Que siendo los más dinámicos y condenados al paro, para poder exigir a los gobiernos políticas capaces de crear trabajo, pensando en ellos, debe rebajarse la mayoría de edad a los 16 años.
Otra de las consecuencias de la “transición” se refiere a la propiedad privada. En el Título I sobre la Declaración de Derechos individuales considera la “propiedad” como un derecho, pero no se especifica de qué tipo de propiedad está hablando: de la propiedad privada de los medios de producción y el capital; de la propiedad privada de las necesidades básicas existenciales para cada individuo o de la propiedad pública, de los bienes públicos.
La propiedad privada de los medios de producción y del capital nunca puede ser un derecho universal por lo que este tipo de propiedad nunca puede estar incluido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos o Individuales, sencillamente porque no reúne la cualidad de universalidad. Porque todos los trabajadores no pueden ser propietarios, si lo fueran sólo podrían serlo de sus necesidades básicas, como la vivienda, la salud, la educación y la supervivencia. Si todos fuéramos propietarios de los medios de producción y del capital esa propiedad no sería privada sino pública.
Sin embargo, la ley, que posteriormente desarrolla el ejercicio de los derechos, protege absolutamente la propiedad privada de los medios de producción y del capital. Protección que sólo se puede garantizar atacando y destruyendo la propiedad privada de las necesidades básicas existenciales de cada individuo y de la propiedad pública. Exactamente a este espectáculo estamos asistiendo hoy: la privatización de la propiedad pública y la reducción de las necesidades de cada individuo a la miseria y supervivencia en aplicación de las políticas “neoliberales”. Basta con leerse el capítulo XXIV de “EL Capital” de Marx, que aunque se hayan precipitado en enterrar, todavía está vivo, para entender que para acumular capital o propiedad privada es necesario empobrecer a la mayoría de la población privándola de la plusvalía que produce.
En cuanto a los partidos tradicionales de la izquierda, desde la transición hasta, hoy se han ido institucionalizando en el Estado en la misma proporción en la que se fueron desvinculando de sus bases sociales. Hoy son partidos institucionales. Integrados en el Estado capitalista. Cuya prioridad es la defensa de la propiedad privada del capital y la acumulación de riqueza. En el caso del PSOE, al ser un partido nuevo recreado por Felipe González y Alfonso Guerra, carecía y carece de bases sociales por ser un partido creado y organizado a partir de los procesos electorales. Necesariamente tenía que institucionalizarse. E identificado con el Estado capitalista ha pasado a ser un partido que tiene como función garantizar la estabilidad del sistema capitalista. De una manera reformista, algo que, al dar prioridad a la defensa del neocapitalismo, difícilmente puede hacer.
El PCE e Izquierda Unida se han institucionalizado. Esta es su mayor debilidad. Y les debería ayudar a entender por qué los movimientos de masas surgen al margen de ellos y desvinculados de ellos. Como consecuencia de esta institucionalización de la izquierda empezó a desaparecer el pensamiento crítico. Los intelectuales se han institucionalizado pasando a ejercer una función de propagandistas de los intereses de sus partidos o de las políticas económicas neoliberales. El pueblo español, en su mayoría secularizado, sin dependencia religiosa, que nunca ha votado a ningún partido que se presentara como cristiano, y con una práctica moral progresista, cosas que es incapaz de entender esta izquierda institucional, ha sido abandonado, intelectual y políticamente, a su propia suerte.
Finalmente, el “bipartidismo”. Se construyó desde los orígenes de la transición para controlarla y contenerla. Este sistema, que lo encontramos en la tradición española durante el canovismo, genera clientelismo y lo fomenta como una consecuencia propia del mecanismo político bipartidista. Nace con vocación de crear un sistema corrupto porque se ampara en el mandato representativo, por voluntad de los políticos que elaboraron y aprobaron la Constitución. A diferencia del mandato imperativo, por el representativo los políticos se garantizan la irresponsabilidad de sus actos que es como garantizar la impunidad, la arrogancia, chulería y la corrupción.
Ha entrado en quiebra, precisamente por ese distanciamiento entre los partidos y los intereses populares, que afectan tanto a los proletarios como a las clases medias, dejando sin futuro a sus propios hijos. Hoy día, en respuesta a este desamparo, están surgiendo nuevas alternativas que quiebran el “bipartidismo”, como sistema de corrupción en el que los partidos gobiernan para el capital y se reparten sus migajas. Los movimientos sociales en España, como en los demás países europeos por razones propias, están cuestionando un modelo de política económica, neoliberal, y moral, contra las libertades individuales, que los enfrenta a las políticas del Partido Popular, de todas las derechas y de las izquierdas institucionalizadas.
Javier Fisac Seco
Historiador. Autor del libro: El mito de la transición política: Franco, D.Juan/el Rey y el PSOE/PCE en la guerra fría”
